Recientemente se realizó en El Salvador la “Cumbre Centroamericana de Televisión Digital Terrestre y Dividendo Digital”, organizada por los entes reguladores de telecomunicaciones de la región, con el propósito de preparar condiciones para el proceso de digitalización de la televisión.

Es relevante que los gobiernos de la región discutan sobre esta inminente innovación tecnológica que representa enormes oportunidades para el desarrollo económico, la inclusión social y la libertad de expresión.

Sin embargo, es criticable el sesgo tecnológico que dominó el debate. Es decir, la discusión se redujo a aspectos meramente técnicos y dejó de lado las posibilidades de ingreso de nuevo operadores que contribuyan a un mayor pluralismo, diversidad y democracia mediática.

A excepción del regulador salvadoreño, los demás de la región no ven la digitalización como oportunidad para democratizar la comunicación y proyectar modelos mediáticos que permitan la participación de más voces en el debate público.

La SIGET menciona la posibilidad de ingresar a nuevos operadores televisivos; pero sus pares de los demás países centroamericanos parecen dispuestos a entregar el dividendo digital a los grupos mediáticos que ya acaparan el espectro analógico, sin importar que esto incrementaría aún más la concentración.

Los reguladores de telecomunicaciones centroamericanos tienen la obligación de incorporar los “Estándares para una Televisión Digital Abierta Libre, Plural e Inclusiva” de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA.

Estos estándares mandan que los Estados introduzcan reformas legales y políticas públicas orientadas a generar mayor diversidad de medios a través de la digitalización de la televisión y a evitar que este proceso sea una amenaza de mayor concentración de la propiedad mediática.

En tal sentido, la prioridad de los Estados centroamericanos debería ser aprovechar la digitalización para dar espacios a los medios comunitarios, crear sistemas de medios públicos y permitir nuevos operadores de medios comerciales.

Y para esto se necesitan nuevos marcos normativos que distribuyan equitativamente el espectro radioeléctrico entre los medios públicos, privados y comunitarios; y establezcan mecanismos que aseguren la asignación transparente y democrática de las frecuencias radiales y televisivas.