Resulta chocante la hipocresía con que algunos muestran su indignación por el hecho de que Barroso haya pasado casi directamente de presidir la Comisión Europea a trabajar para Goldman Sachs, como si ese hecho fuera una excepción y no la regla en dicha Comisión.

Casi todos sus miembros llegan a la Comisión procedentes de grandes consorcios privados, mientras dura su mandato siguen trabajando al servicio de los mismos y cuando terminan su mandato vuelven a trabajar para alguna gran sociedad transnacional.

Un periodista y sindicalista belga, Gérard de Selys, cuenta[1] cómo, mediante el trabajo en equipo de la Comisión Europea (que emite directivas extralimitando sus atribuciones) y de la Mesa Redonda de los Industriales Europeos ‑ ERT (las transnacionales Volvo, Olivetti, Siemens, Unilever y otras), ayudados por el Tribunal Europeo de Luxemburgo que interpreta a su manera las reglas comunes sobre la competencia del Tratado de Roma de 1957 que instituyó la Comunidad Económica Europea, está culminando el despojo al patrimonio público de los países europeos de las industrias actualmente más dinámicas y rentables: las telecomunicaciones y las comunicaciones electrónicas.

El libro de de Selys es de 1995, pero desde entonces y hasta hoy la ofensiva privatizadora de la Comisión Europea contra los servicios públicos (con el respaldo activo de las sociedades transnacionales) no ha cesado: en su punto de mira se halla ahora el correo, la salud, la educación y el medio ambiente. En un artículo publicado en Le Monde Diplomatique de julio del 2000 (Susan George y Ellen Gould, Libéraliser, sans avoir l’air d’y toucher ) se cita un documento de la Comisión Europea en el que se afirma lo siguiente: “la participación activa de las industrias de servicios en las negociaciones es crucial para permitirnos alinear nuestros objetivos de negociación con las prioridades de las empresas. El AGCS (Acuerdo general sobre el comercio de servicios -OMC) no es solamente un acuerdo entre gobiernos. Es ante todo un instrumento en beneficio del mundo de los negocios” [2].

La Comisión Europea presidida por el señor Barroso tuvo una tonalidad más neoliberal que la anterior. Quizás el ejemplo más sobresaliente fue el de la señora Neelie Kroes-Smit, de Holanda, Comisaria de la Competencia. Como ministro de Transportes y de Telecomunicaciones de su país procedió a la privatización parcial del Correo y en la actividad privada estuvo en puestos de dirección en varias sociedades transnacionales [3].

Las grandes empresas transnacionales europeas, agrupadas en la UNICE -Unión de las Confederaciones Industriales y de Empleadores de Europa- controlan estrechamente a la Comisión europea y los 39 miembros de la organización patronal mantienen representaciones permanentes en Bruselas y un verdadero ejército de « lobbystas » para influir sobre las decisiones de la Comisión [4].

[1] Gérard de Selys, Privé de public. A qui profitent les privatisations?, Ediciones EPO, Bruselas, 1995.

[2] Un grupo de investigadores, que forma parte del Corporate Europe Observatory (CEO) ha publicado un estudio muy completo sobre el papel de las sociedades transnacionales en el seno de la Unión Europea: Belén Balanya, Ann Doherty, Olivier Hoedeman, Adan Ma’anit y Erik Wesselius, Europe Inc. Liaisons dangereuses entre institutions et milieux d’affaires européens , Agone Editeur, Marseille, 21 trimestre del 2000. Edición original en inglés: Europe Inc. Regional and Global Restructuring and the Rise of Corporate Power , Pluto Press and CEO, 1999.

[3] Entre ellas en Volvo, miembro de la Mesa Redonda de los Industriales Europeos (ERT) , MMO2 (telefonía), la compañía ferroviaria holandesa, las filiales en los Países Bajos de Mc Donald’s, Lucent (equipos telefónicos), Thales (antes Thomson) transnacional basada en Francia activa en las industrias aeroespacial, de la defensa, de la seguridad y en los servicios.

[4] Veamos qué dice la UNICE de sí misma (http://www.unice.org/ Le porte-parole des entreprises en Europe).

La UNICE es la voz del mundo de los negocios ante las instituciones de la Unión Europea. Sus 39 miembros son las organizaciones industriales multisectoriales y las organizaciones de empleadores de 31 países europeos y representa más de 16 millones de empresas, sobre todo pequeñas y medianas. La UNICE es también un interlocutor en el diálogo social europeo a nivel de la Unión Europea. La tarea principal de la UNICE es informar e influenciar los procesos de decisión en la Unión Europea, a fin de que las políticas y las propuestas legislativas con un efecto sobre la actividad económica en Europa tengan en cuenta las necesidades de las empresas. La primera prioridad de la UNICE es promover la competencia en el medio económico y la inversión a escala europea , el único camino para alcanzar un desarrollo más elevado y un empleo duradero. El mundo de los negocios necesita una Comisión eficaz.