Hay una situación peligrosa que debe alertar al país: los crecientes actos de represión y acoso institucional que constituyen casos de persecución y represalia judicial contra ambientalistas, líderes comunitarios y periodistas cuyas actuaciones incomodan a individuos y grupos con poder económico o político.

Tres casos actuales ejemplifican claramente este problema que, extrañamente, no llama la atención de ciertas instancias que suelen presentarse como paladines de la libertad de expresión, la participación ciudadana y la transparencia.

El primer caso es el de Sonia Sánchez, ambientalista y líder comunitaria del municipio de Santo Tomás que denunció los daños causados por un proyecto urbanístico de Inversiones Roble, empresa del Grupo Poma. El poderoso grupo empresarial ha demandado en los tribunales a esta pobre mujer por supuesta difamación y calumnia, y exige 25 mil dólares como indemnización por daños y perjuicios.

El segundo caso es el de varios pobladores de Tacuba, departamento de Ahuachapán, quienes defienden su proyecto comunitario de agua potable ante las pretensiones del alcalde de dicho municipio que busca arrebatárselos. Por presiones del edil, Fiscalía y Policía arremetieron hace algunas semanas contra estas humildes personas.

Y el tercer caso es el del periodista Héctor Silva Ávalos, director de una revista digital, quien publicó información sobre los vínculos del ex Fiscal Luis Martínez con el empresario Enrique Rais. El comunicador enfrenta un juicio por difamación y calumnia, y un pedido de millonaria indemnización del empresario.

Los tres casos representan claras violaciones a los derechos a defender el territorio y los bienes naturales (Sonia Sánchez), al agua y la gestión comunitaria (pobladores de Tacuba) y libertad de expresión y de prensa (Silva Ávalos).

La saña y el dolo es evidente en el juicio contra Sonia Sánchez, y la represión fue brutal contra los pobladores de Tacuba donde agentes policiales sacaron de madrugada, en calzoncillos y como si eran delincuentes, a humildes y débiles ancianos.

Es condenable que en los tres casos la institucionalidad estatal (Fiscalía, Policía y Sistema Judicial) se preste a la acción represora de individuos y grupos poderosos, en vez de garantizar los derechos de ambientalistas, líderes comunitarios o periodistas.

El país debe alertarse, y todos los sectores democráticos pronunciarse contra estos atropellos. En este espacio editorial exigimos el cede de la persecución y represalias judiciales contra la ambientalista Sonia Sánchez, los pobladores de Tacuba y el periodista Héctor Silva Ávalos.