El actual proceso judicial contra el ex fiscal general Luis Martínez debe ser un espejo para los omnipotentes y endiosados magistrados de la Sala Constitucional Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco.

Luis Martínez, como Fiscal General, actuaba con prepotencia, arbitrariedad y autoritarismo: manipuló casos, inventó pruebas, abusó de escuchas telefónicas, favoreció a imputados, etc. Ahora está enjuiciado por fraude procesal, omisión de investigación y divulgación de material reservado.

De igual forma los magistrados de la Sala abusan de sus funciones, actúan por encima de la ley y menoscaban la independencia de poderes estatales. Resoluciones suyas violentan derechos políticos, bloquean ingresos públicos, golpean la institucionalidad y contradicen disposiciones constitucionales.

En una sentencia de cesura contra la PDDH resolvieron que la Sala no es objeto de control de ninguna institución, y recientemente el magistrado Florentín Meléndez declaró en una entrevista televisiva que “ninguna demanda en su contra puede prosperar porque están protegidos por la Constitución”.

Y así como el ex Fiscal no pensó que al dejar su cargo sería enjuiciado, los magistrados confían en que quedarán impunes o que la oligarquía que ahora los protege les defenderá siempre. Martínez incluso intentó reelegirse por un período más, como pretenden hacerlo los de la Sala.

Por tanto, Meléndez y compañía deben verse en el espejo de Martínez, porque en 2018 dejan la Sala y ya serán desechables para los poderes para-estatales y extra-nacionales a los que hoy sirven. Así que no deberían abusar más. (De hecho, ya hay demandas por prevaricato que Fiscalía debe procesar).

El inédito juicio penal contra el ex Fiscal Martínez es también un espejo para todos los funcionarios estatales que, embriagados por el momentáneo poder que confieren los cargos, cometen abusos y delitos. El precedente histórico que sienta el caso “Rais-Martínez” les advierte que darán cuentas después.

Por otro lado, la ciudadanía y las organizaciones anti-corrupción deben presionar para que la acción contra Martínez alcance a otros ex fiscales generales que cometieron iguales o peores delitos. Sus antecesores también deben ser investigados.

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