En Colombia la lucha por la paz y por la democracia empieza a despejarse. El paso dado por las FARC de dar por terminado en forma concertada con el gobierno el levantamiento armado de 52 años, es un hecho de gran significación. Ese suceso ofrece grandes oportunidades al pueblo colombiano para reorganizar sus fuerzas y movilizarse masivamente en torno a sus reivindicaciones más preciosas. Para hacerlo hay que derrotar políticamente a los sectores retardatarios que han impedido –desde siempre– la construcción de una democracia real que sea garantía de progreso y bienestar para las grandes mayorías de la Nación.

Sabemos que el interés en la paz que tiene la gran burguesía y el imperio no es gratuito. Su causa tiene por objeto despejar de la presencia guerrillera a extensos territorios del país para profundizar la entrega de nuestras riquezas al gran capital transnacional. Su pretensión es clara y evidente. Así como lograron instrumentalizar el conflicto armado ahora pretenden poner a su servicio (utilizar, manipular) el proceso de paz. En gran medida lo han logrado aprovechándose de la debilidad política de la insurgencia. Eso lo entendemos con claridad y no nos hacemos ilusiones vanas.

Para conseguir ese objetivo organizaron el Plebiscito. Pretenden darle legitimidad y apariencia democrática a la refrendación de los acuerdos. En realidad, su meta es conseguir que las mayorías populares, incluyendo a la dirigencia de las organizaciones sociales, identifiquen y limiten la “construcción de la paz estable y duradera” a la “ejecución de los acuerdos para el final del conflicto”. Ello para tratar de ocultar lo que todos sabemos: dichos acuerdos no afectan en lo más mínimo las causas que originaron y que alimentan el conflicto armado en Colombia. El presidente Santos lo dice todos los días: “La institucionalidad no se negoció”. El carácter del Estado y el modelo económico seguirán intactos si se lo permitimos.

No obstante, entendemos que la insurgencia no estaba en condiciones de obtener concesiones importantes en el proceso de diálogo y de negociación con el gobierno. Comprendemos su afán de superar de una manera digna esta fase de su lucha y la necesidad de presentar, después de tantos sacrificios humanos y materiales, algunos logros en materia de conquistas para la población campesina y rural. Hayamos justo el esfuerzo por obtener serias garantías de seguridad para reintegrarse a la vida civil y por lograr condiciones democráticas para transformarse en un partido político y participar en igualdad de condiciones en la vida legal. Sin embargo, pensamos que pueden haber cometido algunas ligerezas e imprecisiones.

Por ello, pensamos que es importante aclarar al pueblo colombiano que en el contenido de los acuerdos se plasman visiones diferentes y contrarias respecto al alcance de los mismos. Mientras que para el gobierno “las transformaciones que conlleva la implementación del presente Acuerdo deben contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio”, a juicio de las FARC “dichas transformaciones deben contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales (…)”.¹

Esto es muy importante que se entienda porque influye en forma determinante en la orientación y alcance de las luchas populares y en especial, de las reivindicaciones agrarias, rurales y campesinas que siempre han tenido la meta de liquidar la estructura monopólica de la propiedad de la tierra. Es urgente hacer claridad que dichas luchas no pueden tener como limitación o condicionamiento lo que se aprobó en el Acuerdo Final con el nombre de Reforma Rural Integral RRI, dado que como lo reconoce el mismo gobierno, sus alcances no tocan para nada el modelo económico imperante. No sería justo que organizaciones autónomas e independientes de las FARC queden condicionadas por dichos acuerdos.

Por ello, las FARC y el gobierno deben aclarar ante la opinión pública que los contenidos de los acuerdos en ningún sentido pueden comprometer a terceros. Se supone que quienes apoyamos el SI en el Plebiscito, lo hacemos con la convicción de que termine el conflicto armado entre las FARC y el gobierno, y por ello, no podemos quedar amarrados o maniatados en nuestras metas y objetivos de lucha a los contenidos del pacto entre dos partes que no representan el pensar y el sentir de toda la sociedad. Además, se debe recordar que las organizaciones sociales no participaron plenamente en esos debates ni tenían por qué hacerlo.

Ese tipo de precisiones deben servir para desenmascarar los planes del imperio y de la gran burguesía transnacional e iniciar, desde ya, la lucha por la dirección política del “post-conflicto”. Si los demócratas nos descuidamos, lo que se puede desarrollar en la Colombia de hoy –y frente a ello no podemos cerrar los ojos– es el tránsito gigantescamente rápido de la violencia brutal a la estafa más refinada. Reiteramos, apoyamos la terminación negociada del conflicto armado pero no somos ingenuos ni ilusos frente a toda la tramoya que se ha montado para identificar ese simple hecho con la denominada “paz estable y duradera”.

Teniendo en cuenta lo anterior y de frente a las tareas que el pueblo colombiano tiene para construir una verdadera paz hay que rechazar a quienes alientan ilusiones en la gran burguesía transnacional representada por Santos y en la burguesía burocrática y corrupta personificada por los Gavirias, Samper, Serpas, Barreras, Benedettis, y cía., que se han colinchado sin escrúpulos ni vergüenza en la lucha por la paz para pasar de agache y mantener su corrupto poder. Reafirmamos: No se puede estimular ninguna confianza en la burguesía criminal que ya ha demostrado que no cumple ningún compromiso.

Esa lucha por disputar la dirección del post-conflicto no se puede aplazar mientras la burguesía nos garantiza –como algunos creen– una “paz pura y simple”. La paz que quiere el imperio y la oligarquía es la “paz neoliberal”. Así lo definieron desde que se iniciaron los diálogos y en esa dirección han avanzado con la aprobación de la Ley Zidres, el Nuevo Código de Policía, la falsa separación de poderes y tienen preparada la Reforma Tributaria que será presentada como una ley impositiva necesaria para “financiar y construir la paz”.

¿Cuál es el paso práctico que planteamos para empezar a construir el nuevo país que todos anhelamos? Creemos que es necesario diseñar una estrategia para aplicar un antídoto contra la cooptación institucional de la inconformidad ciudadana. Dicha tarea debe tener como meta inmediata derrotar en las elecciones de 2018 a los representantes de la burguesía burocrática que utilizan el tema de la paz y la ilusión del postconflicto para continuar robándose el presupuesto del Estado. Hay que sacar a todos los corruptos de la administración del Estado para poder no sólo cumplir los Acuerdos sino para asumirlos como punto de apoyo (cuota inicial) para avanzar hacia nuevos horizontes democráticos y de justicia social.

Para hacerlo hay que emplazar a todos los sectores decentes y honestos de la sociedad colombiana que estén dispuestos de verdad (y puedan comprobarlo con sus antecedentes) a derrotar y acabar definitivamente con la corrupción político-administrativa. En los Acuerdos hay unos puntos en esa materia que deben ser tenidos en cuenta pero deben ser profundizados y desarrollados con mucho mayor alcance. Para hacerlo con nitidez y oportunidad hay que constituir una Gran Convergencia, Alianza o Coalición Ciudadana por la Democracia que aglutine a todas las fuerzas y sectores sociales y políticos que se coloquen esa prioridad.

Es más, hay que invitar también a personalidades como Humberto de La Calle Lombana y Sergio Jaramillo, cabezas de negociación del gobierno, a romper con las cúpulas de los partidos que hacen parte de la Unidad Nacional “santista”, que son profundamente clientelistas, politiqueros y corruptos, si en verdad quieren concretar lo firmado en los Acuerdos, así como a la dirigencia de las FARC, una vez se integren a la vida civil. El mismo llamado hay que hacerle a las fuerzas de izquierda y “progresistas”, para que se separen de la burguesía burocrática que los quiere sobornar y cooptar con pequeñas dádivas y contratos del “post-conflicto”, como ya lo hacen con algunos dirigentes burocráticos descompuestos de algunas organizaciones sociales y ONGs.

En esa urgente tarea vemos con optimismo y alegría que un sector de lo que denominamos como burguesía “decente” (empresarios cansados de pagar impuestos y contribuciones que se los roban los corruptos) está dispuesta a apoyar esa fundamental e inmediata tarea. Esa burguesía con sentido de la “ética pública” debe ser estimulada y apoyada en la tarea de profundizar la lucha contra la corrupción política-administrativa. La sociedad colombiana ya cuenta con importantes figuras y personalidades políticas que representan este sector social que es vital –al lado de los trabajadores y sectores populares–para dar ese trascendental paso.

La realidad viva y lacerante nos obliga a relegar –por ahora– a un segundo término la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que sólo deberá ser requerida por un gobierno verdaderamente democrático y honesto que garantice la participación plena y efectiva de amplios sectores de la sociedad colombiana, ya liberada de las fuerzas corruptas que utilizan el presupuesto de la nación y de los entes territoriales para hacer politiquería y clientelismo, que son factores anti-democráticos que no pueden ser superados por acuerdos burocráticos sino mediante un nuevo tipo de acción política y electoral decidida y entusiasta.

Ante la grandiosidad de la misión que tenemos entre manos, que tiene antecedentes en las oleadas democráticas encabezadas por Carlos Gaviria Díaz y Antanas Mockus en años recientes, la tarea inmediata es desarrollar una inmensa y denodada batalla de ideas para superar la confusión ideológica que reina en las filas de los demócratas y de la izquierda. Pero paralelamente, ni más faltaba, ir construyendo la fuerza y la organización de ese movimiento ciudadano con las agrupaciones y personalidades políticas que ya tienen claridad sobre la tarea práctica inmediata.

Sólo podremos iniciar la construcción de una paz estable y duradera, cumplir los Acuerdos firmados y avanzar hacia cambios sustanciales y efectivos si, y sólo si, logramos derrotar esa burguesía burocrática que representa el peor cáncer de nuestra sociedad como es la corrupción político-administrativa. Incluso, es más dañina que la violencia que hemos vivido porque está en su origen y la retroalimenta en la cultura y en el tiempo. ¡No lo dudemos!

Popayán, 8 de septiembre de 2016

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