La Secretaría de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia presentó ayer un informe sobre posibles irregularidades en la asignación de concesiones de radio y televisión.

El informe responde a una demanda presentada en octubre de 2014 por la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo). Dicha organización solicitó investigar cómo fueron otorgadas las concesiones y cómo están distribuidas actualmente todas las frecuencias.

El informe señala que el 60% de frecuencias no tiene ningún respaldo documental que registre la entrega de la concesión, autorización, licencia, convenio, acuerdo o permiso de transmisión; un 34% tiene algún tipo de documento (pero incompleto) y sólo el 6% está debidamente documentado.

También indica que en el 94% de los canales de televisión, el 93% de las frecuencias de radio en FM y en el 94% de las frecuencias AM es imposible constatar el criterio que determinó la asignación de la concesión.

Además, advierte que -al no existir restricciones a la cantidad de concesiones para una misma persona natural o jurídica- surge el peligro de consolidación de monopolios y prácticas anti competitivas que contrarían el Artículo 110 de la Constitución.

Y respecto a la asignación irregular de los canales 39, 41, 43, 45, 47, 49 y 51 a “presta-nombres” de Telecorporación Salvadoreña (uno de los casos emblemáticos señalados por la solicitud de ReDCo), el informe confirma vicios de ilegalidad debido a la inviabilidad legal y técnica de la “readecuación” de canales de televisión por cable a frecuencias abiertas. Por tanto, pide que este caso sea revisado por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET).

Asimismo señala irregularidad en la concesión del Canal 8, del Ministerio de Educación al Instituto Tecnológico de Sonsonate (propiedad de ÁGAPE), pues las frecuencias oficiales sólo pueden transferirse entre instancias estatales.

La Secretaría recomienda que SIGET realice una “autoría del espectro” y un Acto de Rendición de Cuentas Especial para informar a la ciudadanía cómo se otorgaron las concesiones.

También plantea que para renovar las concesiones, además del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, se observe la asignación legal y correcta de cada canal o frecuencia.

Además, recomienda que SIGET, con apoyo de la Superintendencia de Competencia, revierta prácticas anticompetitivas y que la digitalización de la televisión se realice aplicando los estándares de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, que manda a los Estados a aprovechar esa innovación tecnológica para un mayor pluralismo y diversidad mediática.

Finalmente pide que SIGET aproveche las nuevas facultades otorgadas por la reciente reforma a la Ley de Telecomunicaciones para transparentar y democratizar el espectro, priorizando el fortalecimientos de los medios comunitarios y públicos.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)