Representantes de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) denunciaron ayer, en el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), al magistrado de la Sala Constitucional Berlarmino Jaime, por su parcialidad y conflicto de interés en resoluciones sobre telecomunicaciones.

La denuncia señala que Jaime es propietario de la empresa GCA Telecom S.A. de C.V., y que al asumir como magistrado de la Sala delegó la representación legal a su hijo José Belarmino Jaime de la O. Y, a pesar de este vínculo con las telecomunicaciones, no se ha excusado de conocer y resolver demandas presentadas por empresas de telecomunicación.

Según la denuncia de ASGOJU, el magistrado Jaime ha participado en la resolución de varios amparos de empresas telefónicas contra las alcaldías municipales de Chiltuipán, Cuscatancingo, Texistepeque, entre otras. También en la sentencia contra un decreto legislativo que regula tasas municipales en Ilobasco.

Incluso, plantea la duda sobre si Jaime participó en la elaboración de la inconstitucionalidad contra el impuesto a las llamadas desde el exterior, aun cuando no firmó la sentencia. La sospecha es porque sí firmó la notificación a la Asamblea Legislativa.

Los denunciantes argumentan que la conducta del magistrado Jaime violenta disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental, que establecen la imparcialidad como principio rector de las actuaciones de los funcionarios públicos y la obligación de excusarse en aquellos casos donde tengan conflictos de interés.

El artículo 5, literal C, de la referida ley menciona entre los deberes éticos de todo funcionario público: “Excusarse de intervenir o participar en asuntos en los cuales él, su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, tengan algún conflicto de interés”.

Los miembros de ASGOJU esperan que el TEG imponga a Jaime una sanción ejemplarizante, en sintonía con los criterios establecidos en artículo 44 de la Ley de Ética. Éstos son: la gravedad del hecho cometido, el beneficio obtenido por el infractor o su pariente, el daño ocasionado a la administración pública y la capacidad de pago del demandado.

Las denunciantes también presentarán en los próximos días un aviso de investigación en la Fiscalía, instancia que ya tiene en curso dos investigaciones sobre posible evasión tributaria que podrían vincular al magistrado Jaime: una contra GCA Telecom por 2.7 millones de dólares y otra contra HP Holding por 3.1 millones.

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