Todo parece parte del realismo mágico: cientos de guerrilleros de las FARC retornan a sus enclaves tras el rechazo plebisitario al acuerdo de paz, el presidente Juan Manuel Santos –sólo él- recibe el devaluado Premio Nobel de la Paz, quizá por haber matado la esperanza de paz firmando un acuerdo de paz.  Hoy Colombia ha vuelto a experimentar el mismo miedo con el que ha aprendido a sobrevivir en el último medio siglo.

Santos fue  elegido para recibir el Premio Nobel de la Paz de este año por su papel en la negociación de un acuerdo de paz para poner fin a 52 años de guerra civil en su país. Esto resulta sorpresivo después de que los votantes colombianos rechazaran el acuerdo de paz por un estrecho margen el domingo pasado en un plebiscito nacional. Por su parte, el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Timoleón “Timotchenko” Jiménez, no fue incluido en el premio.

Para los noruegos, la paz tiene una sola vía. Por lo menos cuando se lo otorgaron al genocida Henry Kissinger, también lo hicieron con su contraparte vietnamita, Le Duc Tho, quien dignamente rechazó el premio.

El conflicto entre el gobierno colombiano y las FARC se inició en 1964 y se ha cobrado más de 220.000 vidas. Se estima que más de cinco millones de personas han sido desplazadas por esa causa. El año pasado, el ejército colombiano fue acusado de un escándalo de larga data por ejecuciones extrajudiciales de civiles –en su mayoría campesinos- desarmados, a quienes vistieron como guerrilleros e identificaron más adelante como rebeldes de las FARC con el fin de aparentar que el gobierno estaba ganando la guerra contra esa organización.

Los principales generales militares del presidente Santos fueron acusados de estar implicados en este escándalo, conocido como de los “falsos positivos”.

El viernes 7 de octubre, en comunicado conjunto, el gobierno y la cúpula de las FARC anunciaron su decisión de seguir explorando salidas legales para viabilizar el acuerdo de paz que permita la terminación del conflicto armado y ratificaron la decisión de mantener el cese el fuego bilateral, solicitando a la ONU que mantenga la misión de observación.

Hay quienes tienen dudas sobre las causas del plebiscito, y el montaje del gran operativo electoral a sabiendas de antemano que cualquier resultado no tendría efectos jurídicos ni legales sobre lo acordado, y afirman que se trató de una concertación entre dos sectores de la derecha colombiana que compartieron durante años los presupuestos del Plan Colombia, los miles de millones de dólares estadounidenses y la inteligencia, asesoramiento y entrenamiento israelí.

Son sectores que necesitan volver a reunir sus intereses militares, financieros y políticos comunes, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, que durante años jugaron a ser enemigos, intentando dejar a la ciudadanía una sola opción: uno o el otro, invisibilizando al variopinto resto de la sociedad colombiana.

Aunque ello significara un plantón al acompañamiento internacional, una bufonada de la clase política dirigente, el terror mediático y  la poca seriedad de un gobierno que abre la posibilidad de revisar el Acuerdo para incluir las pretensiones del poder fáctico, el de los grandes empresarios y terratenientes para quienes la guerra ha sido un negocio que no quieren perder.

Las preocupaciones de Uribe son los puntos segundo (participación política) y quinto, que contiene la Jurisdicción Especial para la Paz y el Sistema integral de Verdad, Justicia y Reparación, al que se pueden acoger los militares condenados por crímenes conexos al conflicto y, a partir de ahí, cabe la posibilidad de que se llame a juicio también a los civiles implicados por los militares y paramilitares (incluido el propio ex gobernador de Antioquia y ex presidente en dos oportunidades).

El No al Acuerdo fue un triunfo de un modelo basado en la guerra, el fruto a mediano plazo de la promoción de ese modelo de vida basado en la cultura de la muerte, la traición, la crueldad, la delación, el enriquecimiento por cualquier método, y finalmente, del sálvese quien pueda, como pueda y pasando por encima de quien sea.

La ultraderecha colombiana, el poder económico tradicional (ganaderos, terratenientes y narcotraficante) se opusieron con todas sus fuerzas al acuerdo. Durante décadas la guerra ha sido su mejor negocio. Y se sumó la activa participación del clero ultramontano y las iglesias evangélicas, para quienes los acuerdos eran demasiado generosos con las FARC porque no contemplaban cárcel ni sanciones frente a los graves delitos cometidos.

Obviamente, los noruegos apostaban a que en el plebiscito ganaba el Sí. Pero No…

http://www.surysur.net/autor/alvaro-verzi-rangel/