La apuesta del Partido Nacional para las próximas elecciones es la reelección del actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández (JOH), aunque existen otros candidatos que exigen elecciones internas transparentes. Estos candidatos no tienen el poder, imagen y los recursos para disputar dicha candidatura, por lo que terminarán sumándose al barco reeleccionista.

La estrategia para consumar la candidatura de Hernández, ha variado. Es un plan que inició en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2013), donde se permitió que el partido de gobierno copara varias instituciones del Estado como la Fiscalía y Tribunal Superior de Cuentas, a las que se sumó la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Electoral y Registro Nacional de las Personas. El gobierno actual asumió el control del Congreso de la Republica y la Corte Suprema de Justicia con apoyo del Partido Liberal, pero también de la Policía Nacional y una parte de las Fuerzas Armadas (FFAA).

Con este control y poder depositado en el ciudadano presidente de la Republica, el retraso en la declaratoria reeleccionista de JOH se debe a que, los liberales y demás partidos de oposición, no están dispuestos a apoyar la reglamentación de la reelección presidencial en el Congreso de la República, en tanto consideran que es violatorio no sólo de sus estatutos de constitución si no también de su base ideológica. Un grupo de diputados liberales afines al gobierno cachureco, están dispuestos a apoyar la reelección siempre y cuando sea alterna, lo cual daría a Hernández un tiempo prudencial para preparar su campaña a futuro. Con el poder que ejerce el presidente de la Republica, ciertos dirigentes del partido nacional no están dispuestos a negociar la reelección continua ya que considerar que es cosa juzgada y aprobada por la Corte Suprema de Justicia.

En complemento, el Partido Nacional ha considerado la puesta en práctica de una estrategia de apoyo a Hernández, denominada de aclamación nacional, donde en cada Municipio y Departamento del País, la población sale a las calles para pronunciarse a favor de la reelección presidencial, incluso utilizando candelas para iluminar el camino del elegido. El principal problema es que la movilización nacional implica el uso de recursos que saldrían de los fondos públicos, lo que seria mal visto por la comunidad nacional e internacional en un momento donde se ha negociado el monto límite de recursos para financiar las campañas políticas, inició la selección de los jueces anticorrupción y es evidente la presión del crimen organizado por apoyar como en el pasado las campañas políticas de candidatos a diputados y alcaldes.

Otra estrategia manejada por los dirigentes del partido nacional, es la designación de un “testaferro” para que participe en las elecciones internas a nombre de JOH, tal como sucedió con la elección del presidente Ricardo Maduro (2002-2005) donde Luis Cosenza cedió la candidatura presidencial a su favor; pero que después renuncia para que asuma Hernández dicha candidatura y participe como candidato oficial en las elecciones generales. Los “leguleyos” dirán que esto es inconstitucional, pero en Honduras ello no ha sido impedimento más aun cuando existe un poder autoritario que todo lo controla. Ya se barajan nombres de los testaferros, caso de Juan Diego Zelaya, Gladys López, Mauricio Oliva y Samuel Reyes.

Juan Diego Zelaya es el menos contaminado de todos, pero los opositores a la relección de JOH dentro de partido consideran que también tiene cola, al ser alto ejecutivo del Instituto Nacional de Formación y Capacitación Profesional (INFOP) y enfrentar problemas con el manejo y uso de fondos.

No obstante lo anterior, existen variables objetivas que impiden la reelección de JOH, que no han sido canalizadas en su favor por los partidos de oposición y dirigentes. La primera es el problema del involucramiento de personas allegadas al gobierno en el negocio del narcotráfico y corrupción, denunciados por oficiales de policía y la prensa nacional e internacional. En segundo lugar, los pocos avances en la lucha contra la corrupción, donde no se han recuperado los dineros sustraídos y la captura de los autores intelectuales del saqueo, como ejemplo el Instituto Hondureño de Seguridad Social y demás Institutos de Previsión Social.

En tercer lugar las sistemáticas violaciones de los derechos humanos y la falta de esclarecimiento de los crimines cometidos. A la muerte de la dirigente ambientalista y defensora de derechos humanos, Bertha Cáceres, se sumó el asesinato del dirigente del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA), José Ángel Flores, denunciado por la Comunidad Internacional.

En cuarto lugar, la división gestada al interior de la FFAA, y el malestar que existe en aquellos oficiales relegadas por no ser de la confianza del presidente de la Republica para asumir los cargos de mando. Un ejemplo evidente se presenta en la Fuerza Aérea Hondureña, ya que no se ha respetado el canal de mando promocional.

Pero además de ello, es importante tener en cuenta los problemas económicos que aquejan a la economía y sociedad hondureña, aumentados o masificados después del golpe de Estado (junio, 2009). Las Comisión Económica para América Latina (CEPAL) habla que las economías de los países latinoamericanos se contraerán en 2016, pero en Honduras hay un creciente optimismo ya que las autoridades del Banco Central esperan que se crezca entre 3% y 3.4%, sin considerar la calidad del crecimiento y los sectores donde se focaliza dicho crecimiento, en su mayor parte de baja productividad y poca capacidad de absorción de empleos de buena calidad.

El aumento del desempleo es una piedra en el zapato. La tasa de desempleo abierto (7.4%) se ha mantenido prácticamente igual en el periodo de ejecución de ajuste económico neoliberal en Honduras (1990-2016), aun cuando hubo un crecimiento importante de la Población Económicamente Activa (PEA); se agrega también un crecimiento progresivo de subempleo visible (14.1%) e invisible (41.1%) que afecta no solo a población con educación secundaria sino también universitaria. Es común encontrar en Supermercados, a profesionales universitarios trabajando de dependientes con salarios por hora, sin beneficios colaterales. Asimismo, se evidencia una perdida de ingresos monetarios de los hogares por aumentos del costo de los alimentos y servicios públicos. En el primer caso, frente a la caída de la producción alimentaria, el gobierno ha optado por las importaciones de granos como maíz y arroz, lo cual aumenta el grado de dependencia alimentaría y presiona para el uso de las escasas divisas.

La reforma del sector eléctrico ha vuelto a la población contra el gobierno. La privatización de la ENEE ha resultado un mal negocio para el gobierno y la población, ya que se aumentaron las tarifas eléctricas siguiendo el credo neoliberal del FMI de precios reales, sin reducir las perdidas, cobrarle a los grandes evasores y deudores de la ENEE y diferenciar los sectores por capacidad de pago en función de los ingresos obtenidos. Las denuncias no se han hecho esperar, ya que los recibos vienen aumentados en un 100% y 200%. El llamado ajuste gradual sugerido en contra de la ortodoxia neoliberal, no se ha puesto en práctica y, por tanto, la cara más visible del gobierno, el presidente Hernández, resalta como culpable de uno o varios Trancazos Eléctricos sin “saliva” para la población.

Hay evidencia que la compensación social (Vida Mejor) ha tenido resultados favorables en la reducción de la pobreza extrema, pero la pobreza en general se mantiene o ha aumentado. El gobierno, siguiendo la ortodoxia neoliberal, ha menospreciado el gasto de inversión pública para aumentar la producción y el empleo. Espera como los hacen y predican los economistas neoliberales “bastardos” y el FMI, que la Inversión Privada Nacional y Extranjera fluirá una vez que el déficit fiscal y la inflación se hayan reducido al limite, y se crean las condiciones (entrega de bienes públicos) e incentivos para el capital. Los países de mayor crecimiento sostenido del PIB en Latinoamérica, caso particular del Perú y Bolivia han aumento el gasto de inversión pública como una política de Estado deliberada.

De allí que asesores políticos y dirigentes del Partido Nacional empiecen a valorar dos caminos para JOH. Negociar la reelección alterna y poner alguien de su confianza para que compita en las elecciones de 2017, o imponerse por la fuerza con el apoyo de un sector de las FFAA.

¿Y la Comunidad Internacional y EEUU que dirán?

Tegucigalpa, DC, 30 de octubre de 2016