En nuestros días la imagen de la muralla ha sido ganada por el cerco xenófobo “made in TRUMP”, que recorta horizontes reponiendo historias construidas con los ladrillos de narrativas separatistas, discriminadoras y racistas, y que estaban siendo trabajosamente superadas a partir de la caída del muro de Berlín.

El inocultable espíritu anti latino y anti musulmán expresado con vehemencia en la campaña electoral, por la que votaron nutridamente grupos de electores republicanos, y por la que ahora cantan demandando su cumplimiento niños blancos de las escuelas multiculturales, ha servido de trampolín para la reposición de los cucuruchos del Ku Kux Klan que se ponen en escena saliendo de las sombras para sembrar más incertidumbre, temor y resistencias inéditas en las calles estadounidenses, con movilizaciones que –dicen- se parecen en su ímpetu a las que paralizan los mediodías de nuestras ciudades latinoamericanas y caribeñas.

El muro, que se pretende sea construido por manos y recursos mexicanos (léase latinoamericanos) –¡vaya ocurrencia!-, toca a los denominados migrantes “ilegales” supuestamente involucrados en casos de delincuencia. Tal formulación, que pareciera discriminar positivamente a los migrantes en buenos y malos, o en legales e ilegales, tiene que analizarse con pinzas porque hay razones jurídicas y doctrinarias más que suficientes para dudar de la pretendida benevolencia de la medida, y asumir como sus justificativos reales las nociones de la migración internacional que a partir del 11-S se tejen en concepciones de seguridad coercitiva y represiva asociadas al terrorismo.

El espíritu justiciero en el que quisieran ampararse los superhéroes de este tipo de historias, no es nuevo; es más bien recurrente desde la quema de brujas en las plazas hediondas del oscurantismo, hasta aquella acción macabra de un grupo de exterminio de niños de la calle a título de que su existencia carecería de sentido porque, dada su miseria, no podrían desarrollar un proyecto de vida más allá de la delincuencia.

A esta historia me recuerda el muro, cuyos gestores se autoafirman en la idea de que hacen justicia, ignorando el carácter universal de la Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares, aprobada el año 1990 por las Naciones Unidas, y que reconoce a los migrantes internacionales, sean o no documentados, en condiciones donde todos, independientemente de su nacionalidad, raza, credo o color, tienen derecho a un trato decente y humano. Este principio de no discriminación se complementa con derechos específicos para los migrantes no documentados, como por ejemplo su derecho a la libertad y a la seguridad, por lo que no pueden ser arbitrariamente detenidos o arrestados salvo por motivos ajustados a la ley (art. 16); la prohibición de las expulsiones colectivas (art. 22); el trato igual al de los nacionales en temas de justicia (art. 18), remuneraciones (art. 25), atención médica (art. 28) y educación (art. 30)

Pero, como sabemos, las políticas de los países son selectivas y operan clasificando grupos de migrantes regulares autorizados y los migrantes irregulares o no documentados. También es sabido que este sistema, más que en los flujos de la migración, se explica en la estructuración de los aparatos productivos y regímenes laborales precarizados que no sólo que admiten, sino que requieren, mano de obra barata, de reducida capacidad reivindicativa, sin goce de beneficios sociales, anclados en la economía informal, desarrollando las tareas más pesadas con discriminación laboral propiciada por las prácticas empresariales que imponen a los inmigrantes extensas jornadas de trabajo que no aceptaría un nacional, la falta de contrato, horas extras no remuneradas ni vacaciones y bajos salarios.

Se podría decir que las trabas documentarias y las resistencias a la legalización, son funcionales a las características de una organización económica precarizada y precarizadora que se dinamiza con el funcionamiento de redes internacionales de traficantes de mano de obra extranjera, a las que se mira de reojo, para que accedan los pasos de frontera por las puertas de emergencia. En cambio, las poblaciones que arriesgan su paso por cuenta propia son objeto de fuertes restricciones, represiones violentas, cacería, maltrato, tortura física y psicológica y desaparición. Estas medidas provocan una relativa contención y un creativo perfeccionamiento de estrategias de elusión de los controles por aire, mar, tierra y subsuelo, moviéndose en los bordes riesgosos de la muerte.

Lo cierto es que mientras la indocumentación siga siendo un pretexto para incumplir los derechos y mientras no se sancionen las redes de traficantes y de trata así como los contratantes de la economía tercerizada, subsistirá el problema con el apelativo fácil del migrante “ilegal” con el que se criminaliza y deshumaniza a grupos sociales tildados de “antisociales” infractores de la ley, cuando en realidad son “refugiados económicos” amparados por la informalidad.

Por esta paradoja Lélio Mármora afirma que pocos temas son tratados con tanta hipocresía como la migración funcional a la informalidad de la economía de mercado, por dos razones: 1) sería políticamente impopular reconocer su existencia en los países ricos/receptores; y 2) devastaría el sistema mundial diferencial de costos del trabajo, crucial para maximizar los niveles mundiales de lucro.

Por supuesto que los análisis oficiales, políticos, mediáticos y familiares no giran en torno a esta realidad, sino a los imaginarios que sobre los migrantes se tejen en las sociedades receptoras, legitimando un espíritu discriminatorio que Immanuel Wallerstein describe así: se tiene internalizado que los migrantes buscan mejorar su situación económica raudamente y supuestamente reduciendo posibilidades laborales a los nacionales; que se constituyen en un problema y en una carga con costos indebidos en beneficios sociales y en infraestructura; que son propensos a la criminalidad; y que preservan las costumbres y redes de relaciones de sus países de origen sin asimilarse sino más bien alterando las rutinas sociales, constituyendo así una amenaza para la integridad nacional.

Lo que tampoco se suele decir es que los inmigrantes indocumentados viven un mundo de penuria, no solamente por el abandono de sus querencias y referencias simbólicas y materiales, sino también por el cambio radical de hábitat que los pone ajenos en realidades con otras culturas y lengua y que, además, les es hostil por la discriminación, racismo y explotación laboral a los que se los somete, colocándolos en situaciones de dramática vulnerabilidad.

Y tampoco se suele reconocer ni oficial ni públicamente, que aún en sus condiciones críticas, la migración contribuye positivamente al desarrollo tanto de los países de origen mediante el envío de remesas, como a los de destino cumpliendo las tareas peor remuneradas sin responsabilidades sociales ni compromisos por su calidad de vida.

Pero claro que no se puede echar toda la tinta en la responsabilidad de los países receptores, puesto que la migración es, en gran medida, producto de factores de expulsión que la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo identificó en los desequilibrios económicos internacionales, la pobreza, la degradación ambiental, la inseguridad, la violencia y la violación sistemática de los derechos humanos. Y si bien es cierto que la expulsión ha descendido en relación a los efectos de las políticas de ajuste estructural que generaron las fugas masivas de los “desplazados de la década perdida” por la crisis de la deuda externa, sigue siendo un problema acuciante que tiene que ser atendido con medidas de mayor desarrollo e inclusión en cada uno de nuestros países.

Interactuando con las razones de expulsión están las de atracción, como la apertura de los mercados de bienes y laborales, las mayores facilidades de desplazamiento, la mundialización comunicada que hace generar ilusiones de ascenso social en “el sueño americano”, los lazos familiares y amistosos con migrantes ya establecidos en otras fronteras y las interdependencias cada vez más amplias en las relaciones entre países.

El fenómeno es complejo, tiene múltiples aristas y responsabilidades compartidas. Se necesitan soluciones basadas en la noción de una “ciudadanía universal” en el sentido del cosmopolitismo kantiano. Para ello la normativa existente es abundante y es menester conocerla para ejercerla. Mencionemos algunos de los instrumentos internacionales relevantes:

La Convención Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 1 y 2); el Protocolo Adicional de Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” (Art. 1); la Carta de las Naciones Unidas (Art. 55º c); la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Preámbulo); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Arts. 2.1 y 2.2); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 2.2); la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Art. 1º.); la Carta Social Europea (Preámbulo); el Acuerdo de Residencia del Mercosur; y la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, para citar algunos de los más importantes.

Ante la pretensión de levantar un muro separatista y retrógrado, deberíamos ofrecer como respuesta la construcción de una muralla como la soñada por el gran Nicolás Guillén, juntando todas las manos. Una muralla abierta al corazón del amigo y a la rosa y el clavel, con reconocimiento de la universalidad e indivisibilidad de los derechos, en convivencias pacíficas a partir del principio mutuo de respeto al otro, y fortaleciendo nuestros sistemas de integración. Una muralla que vaya desde el monte hasta la playa y donde la migración no sea un problema sino una oportunidad de alteridades, de encuentro entre diversos, de desarrollo, de relación intercultural y de convivencia planetaria en ciudadanías ampliadas.

Adalid Contreras Baspineiro

Sociólogo y comunicólogo boliviano. Ha sido Secretario General de la Comunidad Andina – CAN

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