Ya se anunció y se firmó por los jefes de las delegaciones de paz del Gobierno y de las FARC el nuevo Acuerdo de Terminación del Conflicto Armado, después de semanas de intenso trabajo para escuchar y recibir las observaciones y propuestas de los voceros del No y luego de discutir entre las dos delegaciones en La Habana para incorporar las precisiones y modificaciones que fueran susceptibles, sin que se desvirtuara la esencia del Acuerdo base anterior.

Como se ha informado ampliamente por voceros de Gobierno y de las FARC y por analistas, se dieron cambios importantes que sin duda mejoraron el anterior Acuerdo, lo cual es un aporte valioso de los resultados del plebiscito. Seguramente no todos se sentirán satisfechos con el nuevo texto, es lo normal en la democracia, aunque sería deseable un gran acuerdo nacional alrededor del mismo -aun dejando constancias de desacuerdo sobre algunos aspectos, que podrían tratar de revisarse en las medidas de implementación- por supuesto que yo lo desearía, pero en el evento en que no se logre ese gran acuerdo nacional, es difícil desconocer que se tuvieron en consideración las importantes sugerencias y cambios propuestos por los voceros de sectores del No.

Una vez concluida la renegociación del Acuerdo se plantea inmediatamente el tema de la refrendación, que no solo estaba contemplado en el Acuerdo firmado entre el Gobierno y las FARC en Agosto de 2012 –punto sexto de la agenda-, sino porque es indispensable en cualquier democracia. Sin duda el camino adecuado ahora es el del Congreso de la República, por varias razones, primero, porque es el órgano legítimo de representación elegido por los colombianos -14’310.000 colombianos lo elegimos en 2014-; segundo, porque allí están representadas la diversidad de las fuerzas políticas y ellas pueden hacer un debate argumentado y construir acuerdos políticos; tercero, hay que institucionalizar nuestra democracia y el Congreso es uno de los organismos fundamentales, más allá de las críticas que podamos hacerle, como a todas las instituciones –no se puede decir que el Congreso no tiene legitimidad para refrendar el Acuerdo, pero sí para expedir leyes, elegir Procurador, Defensor del Pueblo, Magistrados de las Cortes, eso no es serio-. Adicionalmente, el sentido de la refrendación es que más voces que representen a la comunidad política en su diversidad, además de los equipos negociadores, puedan opinar acerca del contenido, la importancia y la pertinencia social y política del Acuerdo y ello se puede surtir con total suficiencia.

La tercera tarea pendiente es el inicio de la implementación del contenido del Acuerdo, implementación que no sólo tiene que ver con los desarrollos normativos, que deberá hacer el Congreso –empezando por la amnistía para los guerrilleros de base, que es la llave para abrir el desarrollo de lo siguiente-, sino con aspectos como el inicio del proceso de concentración de los miembros de las FARC y dar comienzo al proceso de dejación de armas en manos de la misión de Naciones Unidas y los procesos de reincorporación de los miembros de las FARC a la sociedad; adelantar la ejecución de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, los programas de desarrollo rural integral, con enfoque territorial y demás aspectos contemplados en el Acuerdo.

Alejo Vargas Velásquez

Profesor Universidad Nacional