Las organizaciones, redes y movimientos que integran la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU), entre éstas ARPAS, cuestionaron el pago de sobresueldos en el Ejecutivo. “Rechazamos contundentemente el pago de sobresueldos a altos funcionarios en el Ejecutivo”, expresa el comunicado divulgado esta mañana en conferencia de prensa.

“Lamentamos que los gobiernos del ex presidente Mauricio Funes y del actual presidente Salvador Sánchez Cerén (ambos del FMLN) no hayan corregido esa mala práctica que instauraron las administraciones de ARENA”, dice el pronunciamiento de ASGOJU.

Los sobresueldos se establecieron durante el gobierno de Armando Calderón Sol y -según confirman declaraciones recientes de ex funcionarios- el pago de éstos se mantiene hasta la actualidad. La semana pasada, en una entrevista radial, la ex ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, admitió el pago de sobresueldos; y también el ex fiscal general Luis Martínez dijo a la Sección de Probidad que recibía sobresueldos de Casa Presidencial.

ASGOJU advierte que los gobiernos progresistas, que suscriben los principios éticos de la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, no deben mantener mecanismos discrecionales e instransparentes como los sobresueldos. Por eso exhorta al Presidente Sánchez Cerén a que “muestre estatura ética y elimine el pago de sobre sueldos en el Ejecutivo, para tener solvencia moral frente a los demás poderes estatales y ser consecuente con la transparencia que debe caracterizar a un gobierno progresista o de izquierda”.

ASGOJU también critica el manejo despilfarrador de fondos públicos en la Corte Suprema de Justicia, instancia que se gasta el 6% de presupuesto nacional sin rendir cuentas. Señala como anómalas las bonificaciones, sueldos superiores al resto de aparato estatal y el abuso de recursos institucionales por algunos magistrados de la máxima instancia judicial.

Además, ASGOJU señala el clientelismo partidario y exceso de asesores en la Asamblea Legislativa, y alerta sobre posible tráfico de influencias y conflictos de interés en la asignación de dineros públicos a algunas organizaciones. “Casos como el que involucra al propio presidente legislativo Guillermo Gallegos deben ser castigados”, señala.

Por eso ASGOJU exige a los presidentes de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial que administren los recursos públicos con equidad, transparencia y legalidad. Al tiempo que anunció nuevas acciones de lucha contra la evasión y elusión fiscal, por la reforma fiscal progresiva, contra la corrupción, por la reforma de pensiones y por una auditoría de la deuda pública.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS