La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica se declaró en “alerta permanente en todo el país, elevando la lucha organizada de las comunidades en resistencia”. Esto debido al incumplimiento de la resolución del CIADI por parte de Pacific Rim/Oceana Gold, la negativa de la empresa minera de abandonar el país y sus supuestas negociaciones con funcionarios del gobierno.

Pacific Rim/Oceana Gold perdió su demanda contra El Estado salvadoreño en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones), que avaló la decisión del gobierno de no otorgar permisos de explotación y ordenó a la empresa minera pagarle 8 millones de dólares por costos procesales.

Sin embargo, la empresa se niega a pagar la referida indemnización al gobierno, continúa operando en Cabañas con los nombres “Minerales Torogoz” y “Fundación El Dorado”, y mantiene conversaciones de negociación con funcionarios del Ejecutivo. Esto último, a pesar del compromiso del propio Presidente Salvador Sánchez Cerén, quien se ha comprometido a no permitir la minería metálica.

Esta contradicción genera dudas e incertidumbre sobre la verdadera posición gubernamental en relación a la tenebrosa explotación minera y los mezquinos intereses de Pacific Rim/Oceana Gold, cuyos proyectos extractivos pondrían en grave peligro la continuidad de la vida en el país debido a los irreversibles daños ambientales, especialmente en el agua.

La minería de metales -valga repetirlo para los funcionarios gubernamentales que todavía hacen guiños disimilados a la empresa minera- no es viable en El Salvador debido a la estrechez territorial, la alta densidad poblacional y el grave deterioro de los recursos hídricos. La minería sería el acabose ambiental, social y económico para el país.

Por eso la Mesa frente a la Minería exige que Pacific Rim/Oceana Gold pague los 8 millones de dólares y abandone inmediatamente el país y que la Asamblea Legislativa apruebe una ley que prohíba en forma definitiva la minería metálica. Para acelerar este proceso, el Ejecutivo podría emitir un decreto transitorio de suspensión de todos los permisos y proscribir a la tal Fundación El Dorado.

Y en relación a los funcionarios que todavía quieren negociar con Pacific Rim/Oceana Gold, éstos deben ser destituidos de sus cargos inmediatamente por el Presidente y procesados por “alta traición al país”. Y para que esto suceda, el país entero debe sumarse a la declaración de alerta emitida por la Mesa Nacional frente a la Minería.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)