Al cierre del cuarto año de gobierno de Enrique Peña Nieto, la deuda pública de México alcanzó un máximo histórico de 9.38 billones de pesos, monto equivalente a 50.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta situación pone de manifiesto la crisis estructural que padece la economía mexicana, agudizada a raíz del estallido de la crisis global en septiembre de 2008.

Desde mediados de 2014, las finanzas públicas fueron afectadas por la caída del precio del petróleo y el nivel de producción de Petróleos Mexicanos, ambos factores disminuyeron la participación del sector petróleo en el gasto público de 40 a 13% entre 2008 y 2016, con lo cual, se puso en riesgo el financiamiento de la inversión pública, el presupuesto de los estados y los programas sociales[1].

Frente a la debacle, el gobierno mexicano decidió apostar por el endeudamiento público, principalmente a través de la emisión de deuda interna (67% de la deuda pública), que se contrata con acreedores nacionales y se liquida en pesos mexicanos, lo cual disminuyó la vulnerabilidad externa ante una restricción del financiamiento externo denominado en dólares[2].

Sin embargo, la emisión de deuda pública no sirvió para impulsar el crecimiento económico sustentado en una mayor inversión pública, sino que las entidades estatales con un mayor nivel de endeudamiento público estuvieron caracterizadas por tener gobiernos con altos índices de corrupción (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo, Veracruz)[3].

La falta de supervisión del gobierno mexicano sobre la deuda pública permitió el endeudamiento excesivo de las entidades estatales, sin comprobar la canalización de los fondos recaudados para el financiamiento de proyectos de infraestructura, que evitaran su uso inadecuado auspiciado por la corrupción de los gobernadores estatales.

Uno de los casos más dramáticas es Veracruz, entidad que fue recientemente declarada en emergencia financiera debido a la incapacidad de la administración estatal de cumplir con el pago de salarios, prestaciones sociales y servicios de sus funcionarios públicos; esto pone en evidencia las graves consecuencias derivadas de la adquisición de un elevado nivel endeudamiento público bajo un contexto político plagado de corrupción[4].

Por otra parte, para el gobierno mexicano será cada vez más difícil encontrar condiciones accesibles de financiamiento a través de costos reducidos en los mercados nacionales debido a la normalización de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, situación que ha provocado cinco incrementos de la tasa de interés de referencia por un total de doscientos cincuenta puntos base por parte del Banco de México durante 2016.

De esta manera, el aumento sistemático de la tasa de interés de referencia del Banco de México que se situó en un nivel de 5.75% en diciembre de 2016, elevará aún más el costo del financiamiento del gobierno mexicano en los mercados financieros; la situación será cada vez peor toda vez que se esperan tres aumentos más de la tasa de interés de los fondos federales de la Reserva Federal para el año 2017.

Las condiciones adversas de financiamiento para el gobierno mexicano ya se ha  hecho sentir en la reducción del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2017 por una cantidad de 240,000 millones de pesos, que afectó seriamente la disponibilidad de recursos de varias dependencias estatales (Petróleos Mexicanos, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Salud)[5].

La perspectiva de la economía mexicana es desfavorable ya que se prevén mayores ajustes en el sector público que todavía tuvo un déficit primario de 217,570 millones de pesos (1.3% del PIB) en 2015, que se espera convertir en un superávit primario de 73,800 millones de pesos (0.4% del PIB) con el fin de fortalecer la confianza de las finanzas públicas en los mercados financieros en 2017[6].

La restricción de financiamiento público por parte de las autoridades estatales se realiza en un contexto crítico para la economía mexicana luego del triunfo electoral del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. El magnate se comprometió a construir un muro fronterizo que sostiene, será financiado por el gobierno mexicano, además de llevar a cabo una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) durante los primeros meses de su mandato.

La negociación para reformular los términos del TLCAN corre el riesgo de desencadenar aún más incertidumbre sobre el futuro de la relación comercial entre Estados Unidos y México. El panorama es muy amenazante ante la posibilidad de reducir la inversión privada de origen estadounidense hacia la economía mexicana, situación que no haría sino apuntalar las tendencias recesivas sobre México ante la ausencia de un estímulo fiscal.

El desarrollo de las negociaciones sobre el TLCAN podría resultar grave para la economía mexicana, puesto que la proyección de crecimiento del PIB se encuentra actualmente en 1.9% para el próximo año, mientras que un caso adverso de las negociaciones podría suscitar una caída de 2.7 % del PIB en 2017[7], de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Por añadidura, si Donald Trump hace realidad algunas de sus amenazas en contra de México (congelamiento de las remesas, aplicación de un arancel de 35% sobre las exportaciones mexicanas, salida de Estados Unidos del TLCAN), provocará una salida abrupta de capitales, situación que reducirá considerablemente el margen de maniobra del gobierno para apoyar la actividad económica por medio del endeudamiento.

La perspectiva negativa de las calificadoras de crédito internacionales (Fitch, Standard & Poors, Moody’s) sobre la economía mexicana a partir del triunfo electoral de Donald Trump, apunta a la disminución de la nota asignada a los títulos de deuda pública por las calificadoras de crédito, lo cual se traducirá en mayores ajustes en el sector público a fin de conseguir un saldo positivo en las finanzas públicas en 2017.

En conclusión, el porvenir de la economía mexicana se vislumbra bastante negativo tras el triunfo electoral de Donald Trump, que indudablemente causará estragos para las finanzas públicas de México, pero solamente mostró la vulnerabilidad de la economía nacional derivada de la desarticulación del sistema productivo, la corrupción y nuestra extrema dependencia de la economía de Estados Unidos.

- Ulises Noyola Rodríguez es colaborador en la División de Estudios de Posgrado de Economía en la UNAM.