La precandidata a la presidencia de la república por la Alianza Verde, Claudia López, ha anunciado que se está construyendo una convergencia para presentar una candidatura independiente en 2018 con fuerzas políticas alternativas. Es una excelente noticia. Y es muy alentador que uno de los temas centrales para consolidar esa unión sea la lucha contra la corrupción político-administrativa. Es garantía de deslinde con el uribismo y el santismo.

Son dos grandes pasos que van en la dirección correcta. El primero, la “convergencia independiente” debe alimentarse mucho más desde abajo. No es suficiente el acuerdo “por arriba”. Debe construirse un gran movimiento ciudadano y social que sirva para movilizar a las grandes mayorías abstencionistas. Sólo un movimiento de ese tipo puede ser el soporte de verdaderos cambios en nuestro país y en el mundo.

Y en el caso de la lucha contra la corrupción, la misma Alianza Verde ha lanzado una campaña nacional para realizar una Consulta Nacional Anti-corrupción, para lo cual se han propuesto recoger 5 millones de firmas. Proponen una serie de reformas como la limitación a un máximo de tres períodos para corporaciones públicas, transparencia en el manejo de lo público, cárcel sin reclusión especial para corruptos y rebaja de sueldos a los congresistas.

Algunas de esas iniciativas coinciden con puntos de lucha propuestos por el Movimiento Social E-24 y otras organizaciones que han llamado a la movilización contra la reforma tributaria el próximo domingo 22 de enero. Si se está pensando en construir una amplia convergencia, el contenido de la consulta anticorrupción debería ser consensuado para fortalecer la lucha contra la corrupción mucho más allá de simples cambios normativos.   

Para en verdad luchar y derrotar la corrupción político-administrativa hay que ir mucho más allá. Hay que acabar con el vínculo entre poderosos intereses privados y la política. Se debe garantizar la financiación total de las campañas políticas por parte del Estado, acceso igualitario a los medios de comunicación, limitar al máximo el tiempo de las campañas y hacerlas austeras y baratas. Hay que terminar con los cupos indicativos o auxilios parlamentarios. Se debe reformar totalmente el aparato de justicia (infiltrado de corrupción) y realizar cambios sustanciales en la legislación sobre veedurías y control social y ciudadano.

Pero lo más importante consiste en intervenir el alto nivel de la contratación pública. No es posible que la política petrolera siga en manos del ejecutivo sin tener un verdadero control del Congreso y de la sociedad. Hay que cerrar la puerta giratoria que usan los altos funcionarios del Estado, que cuando renuncian se vinculan de inmediato a las empresas transnacionales y poderosos monopolios. Llevan información privilegiada y un gran poder burocrático que ponen al servicio de intereses privados, muchas veces, extranjeros.

Y finalmente, todo ello debe ser complementado con la organización de un gran movimiento para ejercer un nuevo tipo de control social, permanente, incisivo, “con dientes”, que actúe desde la licitación y adjudicación de los contratos hasta su liquidación, participando activamente en el proceso de la ejecución de los mismos. De lo contrario, ese cáncer de la administración pública no podrá ser ni siquiera medianamente “tocado”. Hay que recordar que el capitalismo es esencialmente corrupto y corruptor. Esa lucha no es fácil.

Bogotá, 18 de enero de 2017

E-mail: ferdorado@gmail.com / Twitter: @ferdorado

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