La Iglesia Católica y la UCA presentaron ayer en la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para prohibir en forma definitiva la minería metálica. La iniciativa fue respaldada por representantes de todos los grupos parlamentarios, excepto el de ARENA (partido que tampoco apoyó la aprobación del presupuesto nacional, se retiró de la mesa de negociación fiscal, no acepta una segunda generación de acuerdos de paz y no apoya la prórroga de las medidas extraordinarias de seguridad).

La presentación de tan importante iniciativa estuvo encabezada por el propio Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, y el rector de la UCA, padre Andreu Oliva, acompañados por otros sacerdotes, entre ellos José María Tojeira, actual director del IDHUCA, representantes de organizaciones católicas y miembros de comunidades de la zona norte del país.

La participación de la jerarquía católica genera expectativas porque podría presionar a diputados de derecha que se han negado durante más de una década a aprobar la prohibición de la explotación minera, propuesta que duerme el sueño de los justos en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático desde el año 2005 cuando fue presentada por las comunidades y organizaciones integrantes de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.

La propuesta de la Iglesia Católica y de la UCA debe ser apoyada por todos los sectores nacionales que quieran garantizar la continuidad de la vida humana, misma que estaría seriamente amenazada por los nocivos proyectos mineros. Como bien reiteró Monseñor Escobar Alas, la minería contaminaría el agua y afectaría mortalmente la salud de la población.

Los proponentes de la prohibición de la minería, insisten -con argumentos contundentes- que esta industria extractiva es inviable en el país debido a la estrechez territorial, alta densidad poblacional y grave deterioro de los recursos hídricos. En Cabañas, Pacific Rim/Oceana Gold, aún en fase de exploración, secó afluentes y generó conflictos sociales que provocaron la muerte de varias personas, entre éstas los ambientalistas Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, cruelmente asesinados por oponerse a los proyectos mineros.

Ante la negativa gubernamental de otorgar permisos de explotación, la transnacional minera demandó al país en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones). Sin embargo, el referido tribunal falló recientemente a favor del Estado salvadoreño.

Representantes de organizaciones sociales y el abogado Luis Parada, quien encabezó la defensa salvadoreña en el CIADI, han denunciado supuestas negociaciones entre funcionarios del actual gobierno y personeros de Pacific Rim/Oceana Gold, posterior a la emisión del fallo. El Presidente Salvador Sánchez Cerén debe desmentir ese preocupante señalamiento y respaldar con toda decisión, fuerza y contundencia la propuesta de ley prohibitiva de la minería presentada por Monseñor Escobar Alas y compañía.