Organizaciones sociales, académicas y de medios comunitarios pidieron ayer a la Asamblea Legislativa que agilice la prohibición de la minería metálica. Mesa frente a la Minería, UCA, MOVIAC y ARPAS exhortaron a los grupos parlamentarios a “cerrar el capítulo” de la amenaza de la industria minera, aprobando sin más retrasos la propuesta de ley presentada recientemente por la Iglesia Católica.

Está demostrado que la minería metálica no es viable en el país, la inmensa mayoría de la población rechaza los proyectos extractivos y recientemente el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones) resolvió a favor del Estado salvadoreño en la demanda de Pacific Rim/Oceana Gold que reclamaba una millonaria indemnización por no otorgarle permisos de explotación en Cabañas.

Esto -dicen las instancias demandantes- es argumento suficiente y contundente para aprobar la prohibición definitiva de los proyectos extractivos.

La exhortación es a todos los grupos parlamentarios: que dictaminen favorablemente en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático, y pasen inmediatamente al pleno legislativo para su aprobación la propuesta de ley que pondría al país a salvo de los graves peligros que la explotación minera representa para con continuidad de la vida.

El llamando es también al Ejecutivo: consecuente con su decisión de no permitir los proyectos mineros, el gobierno debe impulsar en la Asamblea Legislativa su prohibición definitiva mediante una ley. El presidente Salvador Sánchez Cerén -quien se ha expresado contra la minería en diferentes momentos- debe gestionar esta acción urgente de país, así como gestiona otras que son de interés para su gobierno (presupuesto, medias extraordinarias de seguridad, etc.)

Esto, además, disiparía las dudas que generan supuestas conversaciones de ciertos funcionarios del Ejecutivo con personeros de Pacific Rim/Oceana Gold. Ningún miembro del actual gobierno debería considerar la minería como opción de ingresos gubernamentales, ¡la vía es combatir la evasión tributaria señores! Ahí hay 2,000 millones de dólares, según cálculos del propio Ministerio de Hacienda.

En todos lados está demostrado que, en términos económicos, la minería tiene más costos que beneficios, ¿ignoran eso los personeros del Ejecutivo que coquetean con la industria minera? En El Salvador -dada la estrechez territorial, alta densidad poblacional y grave deterioro de los recursos hídricos- la explotación minera sería el acabose nacional.

Ojalá, pues, que el gobierno y el Presidente Sánchez Cerén sean consecuentes con el cuido del medio ambiente, la protección de la vida y compromiso de no permitir la minería metálica, y en esta lógica promueva y gestione cuanto antes en la Asamblea la propuesta de ley prohibitiva de esta tenebrosa industria.

Que así sea.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)