La Sala Constitucional resolvió esta semana a favor de publicar los nombres de los morosos con el fisco y los montos adeudados. Los magistrados resolvieron que las disposiciones legales que permiten al Ministerio de Hacienda publicar la lista de deudores tributarios no son inconstitucionales, como alegaban los personeros empresariales que interpusieron la demanda.

La referida resolución es, en sí misma, positiva porque mantiene vigente una importante herramienta para combatir la evasión fiscal. Sin embargo, los magistrados no merecen ser aplaudidos por ello, pues su resolución no se debe a una intención genuina de apoyar la persecución a morosos y evasores tributarios, sino a perversos cálculos políticos y a una actitud demagógica.

Lo que -realmente- busca la Sala es evitar el “suicidio político”. El problema de la evasión tributaria está posicionado en el debate público y la población honrada repudia a los evasores, por tanto, los magistrados saben lo impopular que sería una sentencia que prohíba publicar la lista de morosos.

Si la Sala declaraba inconstitucional la legislación que permite publicar la lista de deudores, los magistrados habrían sido señalados -con toda razón- de favorecer la evasión tributaria. Habría sido su acabose político, por eso la declararon constitucional aunque sus amigos de la ANEP se molesten poco o en “grado superlativo”, como dijo uno de sus directivos.

Eso mismo sucedió con el aumento al salario mínimo: la Sala no se atrevió a revertirlo porque calculó que sería repudiada por el país entero. La presión de las organizaciones sociales y la posición de la Iglesia Católica, la UCA y del 90% de la población en las encuestas favorable al incremento salarial, desincentivó a los magistrados.

En tal sentido, es está claro que los magistrados actúan con una alta dosis de demagogia. La Sala procura dar la sensación de equilibrio, resolviendo una de cal y una de ARENA, a fin de mantener la simpatía de los sectores que todavía les creen y tratar de desmentir argumentos de sus críticos que la consideran alineada con los intereses de las élites oligárquicas.

Por eso las organizaciones progresistas, sectores democráticos y toda la gente decente no deben ser sorprendidas por alguna sentencia positiva que la Sala emita en medio de tantos fallos nocivos para el país. Más bien deben presionarla más, para que resuelva siempre apegada a la Constitución y no al interés de la oligarquía.

En relación a resoluciones sobre evasión y reforma fiscal progresiva, el historial de fallos de inconstitucionalidad confirma que la Sala ha favorecido la evasión, la regresividad tributaria y la asfixia financiera contra el gobierno: resoluciones contra el FONAT, contra el impuesto a las empresas que declaran pérdidas para no pagar, contra la emisión de 900 millones en bonos, etc.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)