El pasado 27 de enero cumplió tres (3) años de estar en el poder el presidente Juan Orlando Hernández; para sus seguidores luce invencible por el poder que concentra de la mano de diputados y dueños del Partido Liberal, el partido de Changel Zúñiga Huete, Villeda Morales y Beto Reina. Se apresta a barrer en las elecciones internas de marzo próximo, y garantizar su reelección en noviembre de 2017.

De su discurso de campaña política se desprende que todavía no tiene claridad sobre la profundidad de la crisis que enfrenta el país y su gente. La destrucción del tejido social que sus acciones y políticas de gobierno generan, es uno de los aspectos ignorados. Pero esto no parece importarle, ya que tiene el aval del FMI, maquiladores, prensa mediática, líderes religiosos, dirigentes de organizaciones obreras y campesinas, cúpulas militares y academia, e incluso de la Embajada Americana.

Los logros más publicitados en este periodo de gobierno son: reducción del déficit fiscal de 7.9% en 2013 a 3.2% en 2016. Sin embargo, este fanatismo fiscalista impactó negativamente en el monto de los recursos de inversión pública requerido para la generación de empleos productivos sostenibles, aun cuando en 2016 hubo un aumento pero insuficiente. La tasa de desempleo abierto es una de las más altas del país desde que se ejecutó el programa de ajuste económico neoliberal en 1990, superior al 7%. El gobierno hizo eco de aquellas políticas neoliberales del FMI, en el sentido de no discriminar entre gasto corriente y gasto de inversión productiva; hay que reducir el déficit para bajar la inflación y garantizar el pago de la deuda externa es la consigna.

Ligado a lo anterior, otro fanatismo neoliberal es la reducción a toda costa de la tasa de inflación, que fue de 3.3% en 2016. Este logro va acompañado de una reducción sustancial de recursos financieros para apoyar los sectores productivos, con tasas de interés altas para los créditos y menor liquidez del sistema bancario nacional. El argumento del gobierno es que los bancos no prestan al agro, industria y microempresas , solo para el comercio, servicios y consumo, por lo tanto están conformes con la política de compra de bonos del Estado a tasas de interés atractivas, lo que disminuye los recursos disponibles para la producción.

La flexibilidad cambiaria es otra buena nueva.  El lempira se devalúe en un 5% durante 2016, pero para 2017 la consigna es que se liberalice el mercado cambiario para que los agentes económicos, en especial los pocos exportadores y maquiladores, puedan disponer de las divisas a su antojo al no ingresarlas al Banco Central de Honduras.   Es un compromiso adquirido con el FMI, y se espera que el gobierno lo ratifique en un nuevo convenio a suscribirse antes de las elecciones primarias de marzo de 2017. Los impactos de la devaluación se reflejan en una pérdida sostenida de los salarios y demás ingresos de la población, aumento en el precio de los insumos y medicamentos, tarifas públicas y precio de las gasolinas.

Aunque se ha anunciado la posibilidad de una liberalización del 10% de las divisas a favor de los agentes económicos, el BCH sigue argumentando que son y serán las fuerzas de mercado las que definirán la tasa de cambio, ya que puede suceder lo contrario, o sea una revaluación del lempira causado por la apreciación de la moneda de ciertos socios comerciales, el ingreso de divisas por la entrada de los préstamos soberanos y un aumento del monto de remesas familiares por miedo a  deportaciones masivas y las nuevas medidas tomadas por la administración Trump, que aumenta las causales de deportación para los inmigrantes.

Otro logro es la reducción en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, que bajó de 85% en el gobierno de Pepe Lobo (2010-2013), del cual JOH fue el presidente del Congreso de la Republica, a 75% en 2013 y 58.8% en 2016, según cifras del Observatorio de la Violencia. Sin embargo, ello es insuficiente ya que las muertes violentas y masacres de jóvenes continúan. Las reformas al Código Penal publicitadas por el presidente Hernández van orientadas a endurecer las penas para los extorsionadores y quema de buses, pero se coló la criminalización de la protesta pública por “infiltración de marchas” en contra de los paquetazos neoliberales, corrupción y asesinatos de jóvenes. Ello, según Salvador Nasralla, presidente del Partido Anticorrupción (PAC) y virtual candidato a la presidencia de la Republica en las elecciones generales de noviembre de 2017 por la Alianza Opositora que integra también los partidos LIBRE y PINU-SD, constituye terrorismo de Estado ya que se autoriza a los policías a disparar contra los manifestantes.

El aumento del gasto en defensa y seguridad no ha permitido una reducción acelerada de los homicidios y asesinatos, en especial de dirigentes de organizaciones indígenas, por lo que urge replantear la política de seguridad ya que la productividad del gasto es baja. Cifras preliminares demuestran que este gasto aumentó en cerca de un 400% entre 2013 y 2016 (Suazo: 2017).

Se publicita como logro el aumento de recursos de programas compensatorios al ajuste del FMI, ya que se generaron 594,305 (cifras del gobierno) empleos espurios en sectores de baja productividad, más como resultado del clientelismo político. Mientras tanto según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), agregado al aumento del desempleo abierto, más de 2.1 millones de personas enfrentan problemas de subempleo. La compensación social con programas de bonos, proyectos de empleo temporal y de infraestructura social son necesarios en un país con altos niveles de pobreza extrema, pero insuficientes para reducir la pobreza de ingresos en general.

Los activistas políticos del partido de gobierno le apuestan a estos programas como el principal instrumento para ganar las elecciones primarias y generales, implica movilizar cerca de 600,000 personas a las urnas en forma ordenada (tarjeta de identidad en mano), y rápida (transporte disponible y voto temprano). Los partidos de oposición deben pronunciarse sobre ello, ya que son recursos que todo el pueblo tiene que pagar por ser en su mayor parte préstamos.

Preocupa al gobierno los problemas que enfrenta el sector agroalimentario, arrinconado por las importaciones desmedidas, el poco crédito y débil capacidad institucional para incrementar en forma sostenida la producción.  A futuro es de esperar un aumento de la dependencia alimentaria con la flexibilidad de aranceles para bienes sensibles como maíz, arroz y carne en el CAFTA-RD, lo que impactará negativamente en la producción nacional, empleos, seguridad alimentaria y divisas. Todavía no existe una estrategia conjunta de los países centroamericanos para enfrentar este problema que se suma a las deportaciones y la amenaza de un impuesto a las remesas. Los esfuerzos del gobierno en materia de crédito blando y sostenido para producir alimentos son insuficientes, ya que a la poca oferta de fondos prestables a clientes que producen bienes salarios, se suma la ausencia de garantías de precio sostenibles ( en arroz hay denuncias de los productores que los importadores no están comprando la producción interna) y acceso a tecnologías.

Finalmente, no se sabe en que terminará la minidearrea de leyes en materia de protección y seguridad social. Hay una Ley Marco de Protección Social, pero está pendiente la aprobación de otras leyes como la nueva ley del seguro social y aquella que permite la incorporación de los trabajadores informales al régimen público y privado de aseguramiento y protección social. El Colegio Médico ya se ha pronunciado en contra, al considerar que promueven la privatización de los servicios de salud, por lo que deben ser derogadas. Y en educación, más allá de los 200 días clase, se necesita nuevas políticas de desarrollo educativo como derecho adquirido, y un modelo de financiamiento de los servicios educativos más nacional. No es posible que el 70% de la infraestructura educativa se encuentre en mal estado, incluyéndose el colapso de los servicios de agua potable y saneamiento; pero también que aumente cada año el gasto de las familias en la educación de sus hijos.

El modelo de corte neoliberal y sus “huellas” después del golpe de Estado debe ser evaluado por los dirigentes de los partidos políticos de oposición, ya que al interior de las instituciones de gobierno los funcionarios públicos consideran que es lo mejor que tiene Honduras, igual opinión comparten ciertos empresarios ligados a la industria maquiladora que lideran el Plan 20/20 (ya desfasado), prensa mediática, iglesias y organizaciones sociales y del sector social de la economía. La Academia debe también aportar su parte, en tanto se busca nuevas opciones de desarrollo más planificadas y humanas, que involucren un amplio abanico de estrategias, políticas, programas y proyectos con sustento real.

Tegucigalpa, DC, 23 de febrero de 2017