Para el comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Jaime Campos, “el sector privado también debe transparentarse”: telefónicas, bancos, aseguradoras y demás empresas financieras deben rendir cuentas, afirma el funcionario. “Toda institución privada que maneje dinero e información de interés público debe ser sujeto obligado”, dijo Campos, en entrevista a un medio digital.

Lo expresado por Campos no es novedad, pues lo han planteado reiteradamente organizaciones progresistas que promueven la anticorrupción y la propia Secretaría de Transparencia. Sin embargo, es relevante que lo diga el comisionado del IAIP propuesto para dicho cargo por los mismos gremios empresariales, que exigen transparencia al gobierno pero ellos no rinden cuentas a nadie.

La transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía no es una obligación exclusiva del sector público: debe serlo también del sector empresarial y de las organizaciones sociales, las que reciben financiamiento estatal y las que no. La transparencia debe ser total, no parcial.

En este sentido, habría que reformar la Ley de Acceso a la Información Pública o plantear una “Ley de Transparencia” que obligue también a las empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil a rendir cuentas a la población. Esto ayudaría a evitar la corrupción privada y a fomentar probidad en todas las instancias, sectores y ámbitos de la sociedad.

A ver si ANEP, FUSADES, FUNDE y Consorcio por la Transparencia se pronuncian por transparentar también a las empresas privadas y organizaciones civiles. Estas instancias de derecha oligárquica que llenan su boca hablando de transparencia y anticorrupción, deberían ser consecuentes con ese discurso.

Sin embargo, dichas entidades ni siquiera exigen rendición de cuentas a todo el Estado, si no únicamente al Ejecutivo y Asamblea Legislativa. Con el Ejecutivo son implacables, debido al interés de desgastar políticamente a la izquierda gobernante; mientras que en la Asamblea buscan afectar especialmente al FMLN, procurando siempre no molestar a su partido ARENA.

A las instituciones estatales que responden a los intereses oligárquicos no les piden transparencia. Por eso nunca aparecen ANEP, FUSADES y compañía exigiendo rendición de cuentas a la Fiscalía y Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, instancia oscurantista en el propósito de sus actuaciones.

La semana pasada la benemérita Sala suspendió arbitraria e ilegalmente al magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ulises Rivas, electo por la Asamblea a propuesta de la misma Corte (incluidos algunos de la Sala que ahora lo destituyen). Con tan temeraria decisión la Sala Constitucional rompe el equilibro en el TSE inclinando la correlación a favor del oligárquico partido ARENA.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)