A 41 años del golpe genocida del 24 de marzo de 1976 hay que hacer memoria y recuperar los objetivos entonces propuestos por las clases dominantes para considerar cuanto lograron y como los profundizan en nuestra cotidianeidad.

Con el terror de Estado se ejerció la “necesaria” violencia para reestructurar la economía, el estado y la sociedad, por eso, la cultura del miedo, represión explícita mediante, para obtener una férrea disciplina social. Por eso no debe sorprender la argumentación ideológica en el presente contra la movilización social en defensa de los derechos de los de abajo. Es la cultura represora de la dominación que defiende el derecho a circular junto a los de propiedad, contra los de las/os trabajadoras/res, sus salarios y las condiciones de empleo.

Hay matices en 41 años, sí, no es lo mismo la dictadura que los gobiernos constitucionales, no necesariamente “democráticos”; pero existen algunas regularidades institucionales que atraviesan todo el periodo.

La más importante es la ofensiva del capital sobre el trabajo y la flexibilización y precariedad laboral constituye una constante en el periodo. El tercio de irregularidad en el empleo es menos que la máxima hacia 2001/02, pero refleja la voracidad de la impunidad empresarial que deteriora derechos y condiciones de vida de las/os trabajadoras/es.

Producto de la ofensiva capitalista cambió la relación cotidiana entre trabajadoras/es y sus empleadoras/es, con la clara intencionalidad de restringir la capacidad de protesta y organización sindical, que no es mayor producto del empecinamiento de una cultura social y sindical en la Argentina, con tradición histórica en diferentes identidades político ideológicas anti capitalistas.

Los instrumentos de la ofensiva capitalista fueron variados, no solo para transformar la relación laboral, sino el tipo y función del Estado, por eso las privatizaciones y el incentivo a la iniciativa privada. Una lógica que hoy se reitera con la pretensión de normalizar la educación privada, mientras que en la escuela pública se “cae” por no haber alternativa para los más empobrecidos.

Con la mercantilización capitalista se organiza la cotidianeidad, en la salud y la educación, en la vivienda, la cultura, la seguridad o la justicia; pero a no olvidar que ese propósito formulado en tiempos dictatoriales se materializó con gobiernos constitucionales y persiste.

La deuda pública es un mecanismo en origen que se potenció en tiempos y turnos constitucionales, con una incambiada “ley de entidades financieras” que rige desde 1977 y cuyo objetivo de concentrar la banca se concretó con creces, más su extranjerización.

No puede pensarse en el modelo productivo actual, readecuado en estas décadas desde el propósito explicitado por el Plan de Martínez de Hoz en abril de 1976, cuyo eje rector tuvo impulso bajo la orientación de Cavallo con presidentes peronistas y radicales.

Los objetivos de la dictadura no solo se materializaron bajo condición de golpe de Estado, sino también con legislación aprobada por el Parlamento, sean las leyes de la impunidad o la ley antiterrorista, antecedente de cualquier protocolo de represión contemporáneo.

Este trayecto es el que permite explicar el 33% de pobreza y la concentración en pocos multimillonarios del petróleo, la construcción o las finanzas. Remito a Alejandro Bulgheroni, Eduardo Eurnekian, Alberto Roemmers, Gregorio Pérez Companc, Jorge Horacio Brito, Eduardo Costantini, o Marcos Galperin. Argentina replica lo que pasa en el mundo, con 8 fortunas individuales que tienen la misma riqueza que el 50% de la población mundial.

Resulta de interés recuperar la memoria, sí, pero también considerar las continuidades esenciales en tiempos constitucionales para hacer funcional a la Argentina al orden capitalista mundial, ahora desafiado en el marco de la crisis a su propio reordenamiento. Este se manifiesta en las críticas a la globalización capitalista desde sus propias clases dominantes, caso del BREXIT o el triunfo de Trump, o la expansión visible de las derechas mundiales que se ofrecen para reformar en su beneficio el capitalismo actual.

Son reformas para relanzar la lógica de la ganancia, de la acumulación y la dominación. Por eso hay que pensar en términos alternativos, lo que supone la crítica a los procesos de cambios que se procesaron o procesan en nuestra región y discutir la necesaria transición desde el orden actual hacia formas sociales de organización de la producción y la cotidianeidad colocando por delante los derechos humanos y los de la naturaleza.

La gigantesca manifestación de recuperación del acontecimiento que supuso el genocidio puede servir para construir subjetividad y propuestas programáticas para una crítica del pasado y el presente, junto al debate sobre el futuro cercano de emancipación social.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2017

- Julio C. Gambina, Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.