Comencé a escribir estas líneas al terminar de ver la sesión del Consejo Permanente de la OEA efectuada en la tarde del 3 de abril de 2017, que dio continuidad a las maniobras dirigidas a invocar la Carta Democrática Interamericana contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Casi sin dormir y habiéndole dedicado solo el tiempo imprescindible a atender otros asuntos impostergables, termino de hacerlo más de 48 horas después. En la sesión mencionada se explicitó la intención de escalar la injerencia en los asuntos internos de esa hermana nación mediante la apertura de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, el máximo órgano inquisidor del Ministerio de Colonias de los Estados Unidos, según la precisa caracterización de la OEA hecha hace 55 años por el Canciller de la Dignidad de Cuba, Raúl Roa García.

La sesión del Consejo fue transmitida en vivo por CNN en Español, cadena transnacional que pareció asumir la función de los canales de televisión creados por las legislaturas de muchos países para dar a conocer sus debates de modo abierto y transparente. Por supuesto que el objetivo de CNNE no era rendir culto a la transparencia, sino divulgar en tiempo real, por todo el continente y por todo el mundo, un espectáculo reminiscente de los escenificados contra Cuba en las V, VII, VIII y IX Reuniones de Consulta de la OEA, de 1959, 1960, 1962 y 1964 respectivamente: en la V y la VII, Cuba fue estigmatizada y aislada; en la VIII se le expulsó de la OEA; y en la IX se les prohibió a sus miembros mantener relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con ella. En esa última reunión, alcanzó su mayor intensidad la política imperialista de agresión, bloqueo y aislamiento de la Revolución Cubana. Entonces no había una CNN en Español que transmitiera los debates…

La sanción contra Cuba adoptada en 1962 fue levantada por la OEA en 2009, es decir, 47 años después, ante lo cual el Gobierno Revolucionario cubano ratificó su histórica posición de jamás volver a esa desprestigiada institución. Ello ocurrió en un momento en que la correlación regional de fuerzas era favorable a los gobiernos de izquierda y progresistas. Fue en una reunión efectuada en San Pedro Sula, Honduras, cuando Manuel Zelaya era presidente de ese país. Aquel mismo año se intensificó la campaña desestabilizadora dirigida a derrocar o derrotar electoralmente a esos gobiernos. Ese propio año el presidente Zelaya sufrió un golpe de Estado. Luego le seguirían el golpe contra Lugo en Paraguay, la derrota del candidato presidencial del Frente para la Victoria en Argentina, el revés en el referendo convocado para habilitar una nueva candidatura presidencial de Evo Morales en Bolivia, y el impeachment de Dilma en Brasil. Sin bajar la presión en ningún país gobernado por fuerzas de izquierda y progresistas, esa campaña hoy se enfoca con particular intensidad contra Venezuela.

La Carta Democrática Interamericana

Los antecedentes más lejanos de esa Carta Democrática Interamericana que en la actualidad se intenta aplicar contra el gobierno de Venezuela, datan de la época inicial de la Guerra Fría, en medio de la cual los países del continente suscriben en Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR, 1947) y fundan la OEA (1948). Le antecede la creación de la Junta Interamericana de Defensa (JID, 1943) y le sigue el establecimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 1959). Fue una etapa llena de derrocamiento de gobiernos constitucionales en nombre del combate a la “amenaza del comunismo” y la “defensa de la democracia representativa”.

La primera legitimación de una intervención militar directa del imperialismo norteamericano hecha por la OEA fue la que encubrió el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala, en 1954, organización que también amparó la invasión norteamericana a la República Dominicana en 1965, y fue cómplice del golpe de Estado contra el gobierno constitucional del presidente Allende en Chile. Todo ello se hizo “en defensa de la democracia”. En esencia, los escaños que hoy ocupan en la OEA los embajadores y embajadoras que acusan al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de “ruptura del orden constitucional”, durante las décadas de 1960 a 1980 “cobijaron las posaderas” de los embajadores y embajadoras de las dictaduras militares y demás Estados de “seguridad nacional”. Sus espectros no los abandonan.

El antecedente directo de la Carta Democrática Interamericana fue la reestructuración del sistema de dominación del imperialismo norteamericano emprendida por la administración de George H. Bush (1989‑1994), sustentada en tres pilares: político, la implantación de Estados neoliberales en todos los países de la región (excepto en Cuba), sometidos a mecanismos transnacionales de imposición, verificación, control y sanción de infracciones radicados en la OEA; económico, el fracasado intento de imponer un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y los tratados bilaterales y subregionales de “libre comercio” que en la actualidad el gobierno de Donald Trump se propone descartar o convertir en aún más abusivos; y militar, el incremento de la presencia directa de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en la región.

Una piedra angular de ese proceso fue la aprobación, en la Asamblea General de la OEA realizada en Chile en 1991, del llamado Compromiso de Santiago con la Democracia y con la Renovación del Sistema Interamericano. Le siguió la legitimación ulterior de la injerencia en los asuntos internos de los Estados refrendada en el XVI Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, realizado en Washington D. C. en diciembre de 1992, en el cual se aprobó el Protocolo de Washington, el cual estableció que un miembro cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del derecho de participación en todas las instancias del Sistema Interamericano. Las nuevas medidas constituyeron un escalón superior con respecto al Compromiso de Santiago porque establecieron sanciones concretas contra quienes “violasen el compromiso indeclinable con la defensa y la promoción de la democracia representativa y de los derechos humanos en la región” y eliminaron la condición de que la defensa de la democracia representativa se mantuviera dentro del respeto a los principios de libre determinación y no intervención. Como parte de ese proceso, en todos los subsiguientes foros, acuerdos y mecanismos regionales y subregionales latinoamericanos se procedió a especificar y detallar, con creciente minuciosidad, qué es lo que el Sistema Interamericano entiende por democracia representativa, y ello resultó en lo que Zemelman caracterizó como alternancia dentro del proyecto, es decir, un esquema de alternancia “democrática” entre las personas y los partidos que ocupan el gobierno, pero todos ellos sometidos a un proyecto neoliberal único, que no pueden sustituir ni modificar más allá de muy estrechos márgenes.¹

No estaba concebido ni previsto que, con las propias reglas de la democracia representativa consagradas por el Sistema Interamericano, fuesen electos gobiernos de izquierda y progresistas. Ese fue el resultado de una combinación de factores que he abordado en trabajos anteriores, entre los que resaltan el acumulado histórico de las luchas populares, los niveles de organización y combatividad alcanzados por los movimientos sociales en la lucha contra el neoliberalismo, y el rechazo concitado en amplios sectores de la población por parte de los gobiernos de derecha que impusieron tal doctrina. En esas condiciones, fue imposible evitar que las fuerzas de izquierda y progresistas ocuparan espacios institucionales de los cuales habían sido históricamente excluidas, entre ellos, el Poder Ejecutivo. Se imponía la necesidad de encontrar las formas de volverlas a excluir.

Tras aproximadamente ocho años de estancamiento del despliegue del nuevo sistema de dominación continental, años que se corresponden con la presidencia de William Clinton (1993‑2001), apenas horas después de los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Departamento de Defensa en Virginia del 11 de septiembre de 2001, la OEA aprobó en Lima la Carta Democrática Interamericana,² que dotó a esa organización de mayores facultades de fiscalización, injerencia y sanción, como escalón superior del entramado de acuerdos construido a partir del Compromiso de Santiago de 1991. Acto seguido, se intentó darle continuidad a la secuencia de modificaciones y especificaciones de qué clasifica y qué no clasifica como democracia representativa, para excluir de ella al entonces recién electo gobierno de Hugo Chávez Frías, pero esa maniobra fracasó. Desde entonces se busca invocar la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela. Esta es una historia resumida de ese instrumento que, desde entonces, se usa o no según las conveniencias del gobierno de los Estados y sus aliados.

La separación del “trigo” y la “paja”

Lo ocurrido en la reunión del Consejo Permanente de la OEA del 3 de abril recién pasado separó el “trigo” de la “paja”, no solo con relación a lo que está sucediendo en Venezuela, sino en toda América Latina, en particular, en lo referente a cuál es la esencia del conflicto y cuáles son los actores alineados en cada uno de las partes en disputa. Esto le permite, con mayor claridad y facilidad, a toda fuerza política, social‑política o social, y a toda persona progresista o de izquierda, reafirmar o replantearse en qué lado del conflicto se encuentra, no a partir de los parámetros y argumentos formales en torno a los cuales se desarrolla el debate público, sino respeto al tema de fondo, que en este caso no es si en Venezuela hay o no democracia, ni cuánta democracia, ni qué tipo de democracia, sino en torno a si los pueblos latinoamericanos nos quedaremos inertes ante una arremetida imperial, que no es solo contra el gobierno de la República Bolivariana y el Gran Polo Patriótico de Venezuela, sino que es una arremetida contra todos los gobiernos y las fuerzas de izquierda y progresistas de la región, es decir, no solo contra aquellos que se proponen una transformación social revolucionaria, sino también contra aquellos cuyo objetivo final es realizar una reforma social progresista dentro del propio sistema social imperante. Aquejado por la agudización de sus contradicciones antagónicas, el capitalismo de nuestros días no puede permitir ni lo uno ni lo otro. A todos los gobiernos de izquierda y progresistas, sean reformadores o sean revolucionarios, les “viene llegando el turno”: ya les llegó a los gobiernos progresistas de Honduras, Paraguay, Argentina y Brasil, cuyos líderes nunca pensaron una ruptura sistémica. Hoy “está en punta” Venezuela; Ecuador “se salió de la fila” por el momento; y todos los demás países gobernados por fuerzas de izquierda y progresista ocupan un lugar en ella, créanlo o no, sépanlo o no. Y dice el refrán que cuando veas las barbas de tu vecino arder pongas las tuyas en remojo.

Por supuesto que la democracia en Venezuela constituye una tema fundamental, imposible de soslayar. Está claro que el Gobierno bolivariano y el Gran Polo Patriótico deben analizar a fondo esta problemática, pues el hecho de haber perdido la mayoría en la Asamblea Nacional luego de casi veinte años de revolución política y reforma social profundas revela deficiencias en la construcción de la democracia popular que, a su vez, son las que repercutan en el cambio en la correlación de fuerzas reflejado en el ejercicio de la democracia representativa. Tanto en Venezuela como en el resto de la región urge desarrollar nuevos contenidos y nuevas formas democráticas que vayan ocupando, crecientemente, el espacio de la actual democracia representativa, hasta llegar a trascenderla y sustituirla. Pero, ese análisis y las rectificaciones que del mismo se deriven serían imposibles de hacer si las fuerzas bolivarianas se dejasen arrebatar el poder político conquistado partir de la primera elección presidencial de Hugo Chávez.

¿Es que alguien cree que esta arremetida general del imperialismo norteamericano y las oligarquías contra los gobiernos y las fuerzas de izquierda y progresistas es para proteger a la democracia?

¿Es que alguien no se da cuenta de que esa arremetida general adoptó la forma de golpes de Estado “de nuevo tipo” en Honduras, Paraguay y Brasil, mientras que en Venezuela, como parte de la estrategia multiforme de desestabilización política, económica y social en curso desde hace años, adopta la forma de supuesta defensa de la democracia?

¿Acaso el imperialismo y las oligarquías quieren que impere la democracia en nuestros países o quieren restablecer el monopolio del poder político y económico que históricamente ejercieron en ellos?

¿Son Honduras, Paraguay, Argentina y Brasil más democráticos desde que sus respectivos gobiernos progresistas fueron derrocados o derrotados electoralmente, según el caso?

A esa identificación y separación entre el objetivo real de la política y los argumentos retóricos utilizados para justificarla y legitimarla es a lo que llamo separar el “trigo” de la “paja”. En la reunión del Consejo Permanente de la OEA del 3 de marzo recién pasado se separó el “trigo” de la “paja”. Con otras palabras, salieron a relucir, con total crudeza, las luchas y los alineamientos políticos e ideológicos que usualmente se esconden detrás –y se dirimen por medio– de debates normas y procedimientos. ¿Qué pasó ese día?

• Primero, que el Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia –a quien aprovecho para felicitar de corazón, porque yo hubiese hecho lo mismo–, digno representante de la Revolución Democrática y Cultural liderada por el presidente Evo Morales, hizo uso de su condición de presidente pro‑tempore del Consejo Permanente para cancelar la reunión de ese órgano que había sido programada para cerrar aún más el cerco contra Venezuela, máxime porque ya en ese país se había producido un cambio con relación a la llamada ruptura constitucional.

•  

¿Fue una maniobra de procedimientos del compañero Embajador? Seguro que sí: fue una maniobra legítima de procedimientos, y se la aplaudo... ¡Lástima que no hubo un diplomático corajudo, como él, en la reunión de la OEA en Punta del Este que en 1962 expulsó a Cuba!

• Segundo, que el bloque de derecha organizado y liderado por el gobierno de los Estados Unidos, el cual, con su “paja”, logró atraer a gobiernos que NO forman parte de él, “armó un circo” para que la reunión del Consejo se realizara de todas formas. Ante la ausencia del Presidente (Bolivia) y del Vicepresidente (Haití), y también del embajador con mayor antigüedad en la OEA, por ser este el propio Representante Permanente de Bolivia, no les quedó más remedio que acudir al Embajador de Honduras (sic!), en cuyo país se ejecutó un golpe de Estado contra el presidente Zelaya con el alegato de que se proponía introducir una “cuarta urna” electoral, en la que se consultaba a la ciudadanía si apoyaría o no una reforma constitucional (¡vaya crimen!). Se acusó entonces a Zelaya de tener intenciones de reelegirse, lo cual se calificó de ilegal e inconstitucional en Honduras y, sin embargo, el actual presidente de este país, Juan Orlando Hernández, jefe máximo del Embajador hondureño en la OEA, está buscando su reelección. ¿Es “trigo” o “paja”?

•  

Pasaron por alto también que, aunque tras el golpe de Estado contra Zelaya, Honduras resultó temporalmente separada de la OEA, esta organización no enfrentó el tema en su seno de la forma que en la actualidad lo hace contra Venezuela. Como entonces la correlación de fuerzas era favorable a los gobiernos de izquierda y progresistas, se “delegó” la solución del problema a un mediador supuestamente neutral, el expresidente de Costa Rica Oscar Arias, el mismo que, por encargo de la administración de Ronald Reagan, descarriló el proceso de negociaciones centroamericanas en la década de 1980. Arias le dio “atol con el dedo” al diálogo hasta que el mandato constitucional de Zelaya expiró.

¿Fue una maniobra de procedimientos lo que hizo el bloque proimperialista en el Consejo Permanente de la OEA? Seguro que sí, y eso es lo que siempre han hecho. Lo nuevo, y muy meritorio, es que alguien de nuestra parte, les haya tomado la delantera. Así que, de nuevo, felicidades compañero Embajador.

¿Cuál es el “trigo”?

Más allá de lo obvio, es decir, de que el imperialismo norteamericano y sus aliados buscan cerrar el cerco contra Venezuela y profundizar su injerencia en esa nación con el objetivo de aniquilar a la Revolución Bolivariana, lo ocurrido en la OEA tiene múltiples aristas. Bien pudiera ser el catalizador, o quizás un resultado, de lo que se ha dado en llamar fin del ciclo progresista. Ello me compulsa a atropellar la socialización de algunas ideas, aún inmaduras y dispersas, cuyo debate fraternal y crítica constructiva serán bienvenidos, sobre el movimiento en la correlación regional de fuerzas ocurrido en los últimos años que, en sentido general, ha sido favorable a la derecha y desfavorable a la izquierda, pero no de modo absoluto, ni uniforme en toda la región, pues esta última también defiende posiciones y cosecha victorias. Por ser el más reciente ejemplo de ello, baste mencionar la elección de Lenin Moreno como nuevo presidente de Ecuador.

Con esas ideas, una vez maduras y sistematizadas, pretendo actualizar las reflexiones plasmadas en 2012 en un libro titulado La izquierda latinoamericana en el gobierno: ¿alternativa o reciclaje?³ En las conclusiones de aquel libro, ambas posibilidades quedaban abiertas. Hoy lo siguen estando: los actuales gobiernos de izquierda pueden ser simientes de alternativas a la dominación capitalista, o pueden terminar siendo válvulas de alivio de la presión social acumulada por el neoliberalismo puro y duro de las décadas de 1980 y 1990, que desemboquen en el reciclaje de la dominación del capital monopolista transnacional. Sobre este tema, recomiendo el estudio de la obra El misterio del posneoliberalismo, tomo II, volúmenes 1 y 2, de la investigadora y profesora Beatriz Stolowicz.⁴ El desenlace depende mucho de los objetivos, la estrategia, la táctica, y la unidad de las fuerzas políticas y social-políticas, y de los movimientos sociales populares.

Si fuera cierto que asistimos a la crisis terminal del llamado ciclo progresista, ello no sería debido a la supuesta causa enarbolada por los ideólogos imperialistas y proimperialistas, a saber, que la “bonanza coyuntural” derivada de los altos precios de los productos primarios exportados por América Latina abrió en algunos países espacios a la gestión de “gobiernos populistas”, y que la reversión de esa “bonanza” determina el cierre de esos espacios y la desaparición de tales gobiernos. Esto es una mera reformulación de la desacreditada tesis del fin de la historia.

La agudización de la crisis sistémica del capitalismo golpeó y golpea con fuerza a los gobiernos de izquierda y progresistas. Eso lo ha venido analizando el Foro de São Paulo en todos sus encuentros celebrados desde 2008. El Foro instó trazar y emprender el curso de acción que en cada país fuese necesario para disminuir los impactos negativos de la crisis y aprovechar sus potencialidades revolucionarias.⁵ Lamentablemente, esto no ocurrió, o no se hizo en el tiempo y con la energía y la eficacia requeridas.

Si, en efecto, el “ciclo progresista” o el “progresismo” se agotó, o se estuviese agotando, sería porque ya las fuerzas políticas, social‑políticas y sociales del campo popular han llegado, o estarían llegando, al tope de lo que podían conquistar dentro de los estrechos límites de la democracia representativa, democracia liberal o democracia burguesa, como se prefiera llamarla, tal como está definida en todo el andamiaje conceptual del Sistema Interamericano, reconstruido y relanzado por la administración de George H. Bush entre 1989 y 1994, cuya expresión más acabada es precisamente la Carta Democrática Interamericana.

Si el “ciclo progresista” se cerró o se está cerrando es porque ya resulta imperativo abrir un “ciclo revolucionario”, lo que, por supuesto, no presupone un retorno a la lucha armada, pero sí la necesidad de trascender la democracia burguesa y construir una nueva democracia política, económica, social y cultural, de signo popular. Ello obedece a dos factores complementarios:

• Uno es que, en la medida en que avanza la verdadera democratización política, social y cultural, la democracia representativa, con sus instituciones, normas, principios y valores destinados a preservar la dominación imperialista y oligárquica se ratifica como una camisa de fuerza.

•  

• El otro es que, por si lo anterior fuera poco, la democracia representativa no permanece inmutable mientras los pueblos construyen dentro de ella nuevas formas y contenidos democráticos. A semejanza de los anticuerpos del ser humano, la democracia representativa tiene anticuerpos que detectan, cercan, repelen e intentan destruir el “virus” de la construcción de democracia popular, comunitaria, participativa, protagónica.

•  

Está demostrado que la democracia representativa está siendo manipulada, modificada, vulnerada y violada por el imperialismo y las oligarquías criollas con el propósito de expulsar a las fuerzas de izquierda y progresistas de los espacios que han conquistado dentro de ella. Al utilizar el término expulsar, establezco una diferencia con el concepto de alternancia. Lo que se busca no es “alternar” con la izquierda que hoy gobierna, sino expulsarla del Estado, “cerrar las puertas y las ventanas” y “botar la llave” para que nunca más puedan acceder a él.

Como todo lo que toca el Rey Midas del imperio, la democracia se vuelve fango, se corrompe, en ella prevalece la doble moral, la ley del embudo (lo ancho para mí y lo estrecho para ti). Los corifeos de la OEA gritan que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela actúa a favor del gobierno, que no hay independencia de poderes, que quebró el hilo constitucional y que ello es un pecado imperdonable e irreversible que debe ser condenado. ¿Acaso no se quebró en Honduras, en Paraguay y en Brasil? ¿Acaso los poderes legislativos y judiciales controlados por la derecha en países en que el Poder Ejecutivo lo ejerce la izquierda no manipulan, quebrantan, tuercen, violan, desnaturalizan y hacen muchas otras cosas, día a día, contra la Constitución y las leyes vigentes? Lo dicho: la ley del embudo.

Es más que importante, es esencial, vital, que todos los gobiernos y las fuerzas de izquierda y progresistas de América Latina y el mundo concentren su atención en el “trigo”, y lo utilicen como brújula para ubicarse y para decidir en qué dirección se mueven y cómo lo hacen. Insisto en que no es solo al Gran Polo Patriótico de Venezuela al que el imperialismo y las oligarquías latinoamericanas están tratando de expulsar, de manera definitiva, del Estado, sino a todas y cada una de nuestras fuerzas políticas.

Dos elementos fundamentales nos compelen a unirnos y a luchar juntos: uno es la hermandad, fraternidad y solidaridad mutuas que, no sin dificultades, hemos logrado construir durante más de un cuarto de siglo en el Foro de São Paulo, en los Seminarios Internacionales “Los Partidos y una Nueva Sociedad”, y en otros agrupamientos y espacios continentales de signo popular sobre la base del principio de unidad dentro de la diversidad; el otro es que la arremetida imperialista y oligárquica está dirigida contra todas las fuerzas de izquierda y progresista.

Es conocido que el tema de la democracia es objeto de un debate abierto desde hace siglos, sobre el cual hay un amplísimo abanico de posiciones dentro de la izquierda o las izquierdas –como muchos prefieren decir. Dentro de este contexto, no es igual la historia, la cultura política, la tradición de respeto a la institucionalidad y la situación concreta de Uruguay, que la de Venezuela. A ello se añade que el gobierno del Gran Polo Patriótico, como ya se señaló, ocupa el primer lugar “en la fila” para ser expulsado del Estado y que, probablemente, el gobierno del Frente Amplio ocupe el último lugar en dicha fila, y eso los coloca en circunstancias distintas. Aún más, puede que algunos de sus dirigentes y algunas de sus fuerzas políticas no se hayan percatado de que también están “en la fila” de los “expulsables”. A ninguno de esos dos gobiernos y esa fuerzas políticas hermanas, ni al conjunto de los gobiernos y las fuerzas de izquierda y progresistas de América Latina, les beneficia proseguir con el distanciamiento y los choques que se vienen produciendo entre ellos a raíz de los intentos de excluir a Venezuela del MERCOSUR, de la OEA y de otros espacios internacionales.

Solo en democracia podrán los pueblos latinoamericanos construir su futuro. El debate sobre cómo, cuándo y cuánto peca cada uno de nosotros con la democracia, ya bien sea por exceso o por defecto, es bueno, pertinente y necesario, pero con dos premisas:

• La base de ese debate ha de ser el “trigo”, es decir, la democracia misma, tal como la conciban y la edifiquen las y los latinoamericanos, y no la “paja”, es decir, no la Carta Democrática Interamericana, ni las mal llamadas clausulas democráticas del MERCOSUR y otros organismos regionales, impuestas en la década de 1990 como parte de la reestructuración, entonces realizada, del sistema de dominación continental del imperialismo norteamericano

• El escenario natural para el debate multilateral entre nosotros sobre la democracia, no es la OEA, ni el actual MERCOSUR, ni ningún otro organismo regional o mundial con “clausulas democráticas”, sino el Foro São Paulo, cuyo XXIII Encuentro se efectuará en Managua, Nicaragua, del 16 al 18 de julio de este año. Constituye un reto y una necesidad que ese debate sea alturado y constructivo, y que restaure y cimente nuestra unidad en la diversidad.

Roberto Regalado Álvarez (La Habana, 1953) es Politólogo, Doctor en Ciencias Filosóficas y Licenciado en Periodismo, miembro de la Sección de Literatura Socio‑histórica de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).