Roberto d'Aubuisson, fundador de ARENA  y de

los “escuadrones de la muerte” que asesinaron a Monseñor Romero

La estrategia arenera de boicot contra los ingresos públicos, que ha provocado el impago de pensiones y limitado el cumplimiento de otros compromisos financieros del gobierno, debería ser objeto de un proceso judicial. La Fiscalía debería investigar el posible carácter delictivo de las actuaciones destructivas, desestabilizadoras y sediciosas del partido opositor.

El bloqueo permanente de ARENA -que consiste en negar en forma sistemática la aprobación de presupuestos, préstamos, reformas tributarias, bonos y reorientación de fondos con el propósito de asfixiar económicamente al Ejecutivo- podría ser constitutivo de hechos ilícitos.

La presunción es válida, pues las referidas acciones del partido oligárquico menoscaban las reglas democráticas, tienen como objetivo la desestabilización (económica, política y social) y sus efectos violentan derechos elementales de la población, sobre todo de los sectores vulnerables que necesitan la protección estatal.

Pero aún si el boicot financiero y sus terribles consecuencias para el país no fueran delitos, existen dos razones jurídicas (y políticas) por las cuales ARENA debería ser procesada, condenada y proscrita. Una está relacionada con su origen criminal y la otra tiene que ver con el uso de dineros ilícitos.

Sobre la primera razón, ARENA surgió como un grupo paramilitar. Roberto d'Aubuisson fundó ARENA a inicio de los años ochenta del siglo pasado junto con los “escuadrones de la muerte” que asesinaron a sindicalistas, estudiantes y activistas opositores a la dictadura militar. En este contexto inicial de ARENA, d'Aubuisson también asesinó a Monseñor  Óscar Arnulfo Romero.

Y la segunda razón tiene que ver con el uso de los fondos donados por el gobierno de Taiwán, que fueron administrados irregularmente por el ex presidente Francisco Flores. Altos personeros del partido oligárquico (Jorge Velado, Alfredo Cristiani y otros) han admitido que 10 millones de dólares fueron utilizados para la campaña presidencial del año 2004.

Utilizar dineros ilegales en campañas electorales es un delito, y los 10 millones donados por Taiwán eran doblemente ilícitos: se obtuvieron mediante un acto de corrupción (peculado) y provenían de una actividad delictiva (lavado de dinero). Por tanto, al admitir que usó esos fondos, ARENA confiesa que cometió delitos.

Por eso varias organizaciones sociales preparan una demanda penal que será presentada próximamente en la Fiscalía General de la República. La demanda busca aplicar la Ley de Extinción de Dominio a los activos de ARENA y promover su desinscripción con partido político en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)