El ministro de Hacienda Carlos Cáceres declaró la semana pasada que, ante el impago de los compromisos previsionales, “no hay más alternativa que confiar en ARENA”. En serio, eso dijo el flamante titular de finanzas: que el país debe resignarse y apelar a la benevolencia del partido oligárquico.

¿Acaso el ministro Cáceres cree que ARENA es un partido bondadoso, responsable y colaborador? ¿Ignora que la derecha oligárquica está dispuesta a llegar a fondo con su estrategia de boicot financiero contra el Ejecutivo? ¿Piensa que el partido opositor aprobará fondos, si su objetivo es quebrar económica (y políticamente) al gobierno?

Cáceres debería ser destituido, por creer que la única opción es confiar en la bondad de la oposición; y con él debería ser relevado todo el gabinete económico, dada su incapacidad de proponer alternativas de financiamiento público ante el perverso bloqueo de ARENA.

En este espacio editorial consideramos que -contrario a lo dicho por el ministro Cáceres- sí hay alternativas. Hay, al menos, dos opciones.

Una es lanzar una fuerte ofensiva contra los grandes evasores tributarios que anualmente no pagan al fisco 1,500 millones de dólares según la UCA, 1,800 millones según OXFAM y más de 2,000 millones según el propio Ministerio de Hacienda.

El gobierno podría declarar “emergencia fiscal” y aplicar “medidas ejecutivas extraordinarias” para recaudar en el corto plazo 500 millones de dólares, el 33% del cálculo de evasión más conservador. Las medidas serían congelación de cuentas bancarias y extinción de dominio sobre bienes de los evasores, y las acciones que Hacienda anunció hace algunos meses pero nunca concretó.

Y la otra alternativa es suspender temporalmente el pago de una parte de la deuda externa, sobre todo préstamos adquiridos en condiciones desfavorables, que obligaron a implementar políticas neoliberales o que los gobiernos de ARENA se los robaron (ex Diego de Holguín, Hospital de Maternidad, etc.).

Con los fondos liberados el gobierno resolvería el impago de pensiones, fortalecería los programas sociales y atendería otros compromisos financieros prioritarios. Congelando el 50% del pago anual de la deuda, el Ejecutivo tendría cerca de 500 millones de dólares.

Ambas opciones necesitarían el respaldo político de la más amplia movilización social de las organizaciones, movimientos y sectores progresistas, democráticos y decentes del país.

Esta movilización ciudadana también presionaría a la Fiscalía para que acelere el cobro judicial de la mora tributaria y recupere dineros de la corrupción, a la Sala Constitucional para que no bloquee los ingresos estatales y a la Asamblea Legislativa para que apruebe una reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)