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El 11 de septiembre de 2001, por uno de esos errores en los que tanto incurre nuestra diplomacia, Venezuela suscribe en Lima la llamada Carta Democrática de la OEA. No nos cansaremos de insistir en que ni en las páginas web de dicha organización ni en sus compilaciones de normas impresas aparece que Estados Unidos y Canadá hayan suscrito dicho documento injerencista. Durante el siglo XX la lucha contra dictaduras había culminado en el desarrollo de movimientos progresistas en Cuba, República Dominicana, Nicaragua y El Salvador. Estados Unidos necesitaba instaurar democracias formales para impedirlo.

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Árbol que crece torcido, nunca su rama endereza. El día 11 de abril de 2002 el embajador estadounidense Charles Shapiro aparecía en la primera plana de casi todos los diarios venezolanos declarando que Venezuela estaba “fuera de la Carta Democrática de la OEA”. Legitimaba así anticipadamente el golpe de Estado que reventaría horas después, y la subsiguiente dictadura de Carmona, a quien visitó  en los días siguientes, y contra cuyo despotismo no tomó ninguna medida la OEA. La Carta Democrática se convertía en pretexto para un atentado contra la democracia.

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Dos días después, el sábado 13 de abril de 2002, un periódico de circulación nacional titula en desplegado “Carta Interamericana Democrática fundamenta el gobierno de transición”. Se trata de las declaraciones del doctor Allan Randolph Brewer Carías, quien afirma que “El documento constitutivo de este gobierno transitorio se fundamenta en la Carta Democrática Interamericana, que Venezuela suscribió el 11 de septiembre de 2001 y que constituye un catálogo de lo que debe ser una verdadera democracia en el hemisferio, en el entendido de que el régimen de libertades que se desea no se limita a la realización de elecciones para la designación de las autoridades de los órganos del Poder Público, sino que también postula la  necesidad de separación y control de los poderes, el pluralismo político, la probidad y responsabilidad en el ejercicio de los cargos, el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y garantías constitucionales, en particular de la libertad de expresión”. La mal llamada Carta Democrática “fundamenta” así una tiranía que destituye todos los cargos de elección popular, disuelve el Poder Legislativo y el Tribunal Supremo de Justicia, deja sin efectos por decreto una Constitución votada por el 71% del electorado y todas las leyes que consagran conquistas sociales, y entroniza un déspota por quien nadie votó por 47 horas que de no ser por el pueblo se hubieran prolongado 47 años.

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Indigno es que organizaciones que nada hicieron contra la dictadura patronal se ensañen contra la democracia; que países que no suscribieron un instrumento  tal lo invoquen para legitimar dictaduras y  lo esgriman contra Venezuela es indignante.

Fotos: http://luisbrittogarcia.blogspot.com