“La verdad es que, en razón del principio de felicidad, se puede extraer también la implicación inversa,  o sea sostener que el principio del “dejar hacer” provoca la máxima infelicidad del mayor número. Y es evidente que también una planificación total (la antítesis del liberalismo) puede legitimarse sobre bases de felicidad”
Giovanni Sartori

El Partido Liberal de Honduras acaba de celebrar su Convención para elegir a sus nuevas autoridades de partido, encabezadas por el llamado “fenómeno” de la política hondureña, Luis Zelaya, que en menos de seis (6) meses no solo ganó las elecciones internas de su partido, venciendo incluso a Gabriela Núñez que, antes de las mismas, tenía en la bolsa el triunfo según las encuestas,  sino también posesionó como una fuerza capaz de unificar  las bases de este Instituto Político debilitadas por el golpe de Estado.

El Ingeniero Zelaya es un hombre de partido, pero se había mantenido al margen de la política ya que tenía el reto de convertir a la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) en la mejor Universidad Privada de Honduras y de la región, pero también abrir una ventana de trabajo a jóvenes deseosos de estudiar pero que enfrentaban el problema de los horarios de trabajo y la ausencia de carreras técnicas, en un país donde el Golpe de Estado (junio de 2009) trajo consigo la profundización del modelo de corte neoliberal y la precarización del empleo.

 No se sabe quién lo convenció para aceptar dicho reto, aunque las malas lenguas aseguran que en esta cruzada participaron el expresidente de la Republica, Carlos Flores Facusse, el abogado Mauricio Villeda, expresidente del partido liberal, y miembros de la Embajada Americana que se resiste al desaparecimiento del bipartidismo, en teoría amenazado por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), la segunda fuerza política del país, cuyo ideario tiene como propuesta política e ideología al Socialismo Democrático.

En la Convención celebrada, el candidato a la presidencia por el Partido Liberal, pidió perdón a  las bases por el Golpe de Estado perpetuado por liberales en contubernio con el Partido Nacional, las FFAA y la Embajada Americana, a un militante activo de dicho partido y Presidente de la Republica, Manuel Zelaya Rosales, lo que ha sido cuestionado por la prensa mediática y tarifada, pastores evangélicos y ciertos analistas políticos, que aducen que el Golpe de Estado,  en realidad le denominan sucesión constitucional, se ejecutó en el marco de las leyes vigentes y por desacato del expresidente Zelaya a una orden emitida por un Tribunal Judicial; pero también, que dicho golpe, contó con el aval de las  principales fuerzas políticas, económicas y sociales del país.

Los convencionales, integrados por todas las corrientes internas del partido, autorizaron al presidenciable Luis Zelaya, para que negociara su participación en la Gran Alianza Opositora a la reelección del Presidente Juan Orlando Hernández, siempre y cuando sea él que lidere dicha alianza, y se relegue a Salvador Nasralla o Xiomara Castro. Las encuestas actuales muestran que Luis Zelaya está a la cola para encabezar la Alianza, con un 25% de aceptación contra 31% de Xiomara Castro y 36% de Salvador Nasralla, pero sigue en ascenso por los problemas que enfrentan los otros candidatos.

En el caso de Xiomara Castro de Zelaya, son públicos los cuestionamientos hechos por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a la gestión de Manuel Zelaya, y con Salvador Nasralla existe línea del Ejecutivo a los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que no  reconozca como Presidente de dicho instituto político y candidato oficial a la Presidencia de la República por el Partido Anticorrupción (PAC), siendo el principal fundador, aportador y líder del mismo. Es más, según el analista político Jorge Illescas, pende sobre Salvador Nasralla una acusación por difamación y calumnia, interpuesta por Marlen Alvarenga, la principal opositora en PAC, que puede prosperar e inhabilitarlo para participar en política.

El candidato Luis Zelaya tiene además otro escenario. No buscar ninguna alianza, ya que muchos de sus dirigentes participaron del Golpe de Estado contra Zelaya y no están interesados en alianzas, ya que siguen manteniendo su cuota de poder dentro del partido y en el Congreso de la Republica. Esta opción gana terreno, por cuanto Luis Zelaya es un hombre de empresa y cree en la libertad de mercado, contrario a los planteamientos de los demás miembros de la Alianza que buscan desmontar toda la legislación post golpe de Estado dañina para el país y su gente, pero beneficiosa para un sector privado de cúpula, las empresas transnacionales y la nueva clase económica de políticos burócratas.

Está a favor de eliminar el 1.5% del pago de impuesto sobre la renta de las empresas, pero también de bajar la carga tributaria en general para no agobiar a las microempresas. No se ha pronunciado aún en favor de eliminar la ley de minería, y demás legislación de la industria extractiva y exoneraciones de la industria maquiladora, turística y agroindustrial, las ZEDE y regulación de las APP y del Empleo por Hora.

Es un defensor del liberalismo social, algo extraño en la coyuntura actual donde el modelo de corte neoliberal también lo defiende, principalmente lo concerniente a la libertad económica,   derechos de propiedad, protección de los más vulnerables y la reivindicación de los derechos humanos. Destaca, sin embargo, su cuestionamiento al autoritarismo político y las violaciones sistemáticas a la Constitución de la República y demás leyes conexas con la cruzada ilegal de la reelección presidencial. Se opone a la Ley de Secretos y ley de Escuchas, por ser una manifestación de violación sistemática de un derecho ciudadano a la información y comunicación.

Un problema a sortear está en los números políticos (votos). El Presidente Hernández sacó más de 1 millón de votos, aunque gran parte de estos votos se agregaron a las urnas (taqueo). Lo mismo sucedió con los votos de Xiomara Castro (401,474 votos), cuyos dirigentes denunciaron la adulteración de las actas y llenado de urnas después del conteo, igual denuncia con los votos liberales y de Luis Zelaya (344,431 votos), donde todavía las bases de Gabriela Núñez no se convencen de la derrota. Aunque en las elecciones generales juega a favor del candidato Zelaya, el arrastre del voto indeciso y voto castigo a las políticas recesivas del gobierno, todavía falta un camino largo por recorrer.

 En tal sentido, lo importante no es la mayoría de votos sacados por el presidente Hernández, sino la maquinaria electoral y capacidad de movilización de simpatizantes el día de las elecciones; sumada a la campaña publicitaria y el control de la mayor parte de la prensa mediática y tarifada.

En esto juega un papel importante los mayores impuestos al pueblo y el sobreendeudamiento de la economía hondureña, donde el saldo de la deuda de la administración central (AC) pasó de 7,801.9 millones de dólares en 2013 a 9,701.8 millones de dólares en 2016, un aumento de 24.3%, usado también como instrumento de  imagen del presidente Hernández con la inauguración de obras de infraestructura, la cobertura del programa “Vida Mejor”, y la presencia en los medios televisivos y radiales (Suazo, 2017). La Ley de Financiamiento de las Campañas Políticas apoyada por la MACCIH para controlar y auditar el uso de los recursos destinados a dichas campañas por los partidos y candidatos a cargo de elección popular, dice muy poco acerca del origen y uso de los recursos del Estado para promocionar la imagen del presidente de la República, más aún, cuando es evidente que  no  piensa renunciar a su cargo antes de las elecciones de noviembre próximo.

El Ingeniero Luis Zelaya tiene poco tiempo para decidir si suma a la Alianza, o se va como candidato del Partido Liberal para enfrentar al presidente Juan Orlando Hernández, cuyas encuestas, muchas de ellas tarifadas, lo sitúan como el virtual ganador de las elecciones presidenciales.

Tegucigalpa, 10 de mayo de 2017