La Sala de lo Constitucional prepara un nuevo zarpazo contra el país: todo apunta a que pronto va a declarar inconstitucional el presupuesto estatal de 2017. La inminente resolución responde a varias demandas, entre éstas la que presentó el diputado arenero René Portillo Cuadra.

En la demanda de inconstitucionalidad, presentada el 29 de marzo de este año, el legislador del partido oligárquico afirma que “no se cumplió el proceso legal de aprobación del presupuesto” y que éste “no está equilibrado”. Cuadra también alega -¡sorprendentemente!- que “se redujo el financiamiento para las áreas de educación, salud y seguridad”.

La Sala también declararía inconstitucional la emisión de Letras del Tesoro (LETES), señalando que éstos debieron aprobarse con mayoría calificada. Por tanto, sería doble el nuevo zarpazo de Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Rodolfo González y Sidney Blanco.

Tras emitir la inaceptable medida cautelar contra el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana (SITRAMSS), la Sala se apresta ahora a boicotear el financiamiento público, generar inseguridad jurídica y desestabilizar políticamente. Es un zarpazo contra el gobierno, contra la población y contra el país entero.

Para evitar este nuevo vejamen de la Sala, la población debería movilizarse y presionar. La amenaza de inconstitucionalidad del presupuesto debe provocar una acción preventiva de todos los sectores nacionales.

El financiamiento de la política de protección social, los planes de seguridad ciudadana, las obras de infraestructura pública, la reactivación productiva y el funcionamiento del aparato estatal no pueden depender de los caprichos, del ego y del comportamiento abusivo de cuatro magistrados serviles a mezquinos intereses oligárquicos.

Por eso -en el marco de la desobediencia cívica y el desacato popular basado en el derecho constitucional a la insurrección del pueblo- todas las organizaciones progresistas, sectores democráticos y población honrada deben movilizarse contra la Sala.

El propósito de esta movilización es exigir a la Asamblea Legislativa la destitución de Jaime, González, Meléndez y Blanco. La Constitución de la República en su Artículo 186 otorga a la Asamblea la facultad de destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre éstos los de la Sala Constitucional.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)