“Resulta difícil imaginar salidas a la creciente exclusión social que marca el modelo neoliberal, de manera que las soluciones debieran salir de una impugnación a ese modelo. Las grandes coaliciones que actúan como clausuras políticas y los gobiernos que se han alzado con el poder con un discurso populista pronto tendrán que demostrar la consistencia de sus promesas”.

Juan Carlos Monedero

El domingo 21 de mayo de 2017, los partidos de oposición al gobierno de la República y reelección de Juan Orlando Hernández (JOH), conformaron oficialmente una Alianza Opositora para participar en las elecciones generales de noviembre próximo, donde también participa el Partido de Gobierno (Partido Nacional) y el Partido Liberal.

Según declaraciones de la ex primera dama de la República, Xiomara Castro de Zelaya, se invitó a participar de dicha Alianza al candidato del partido liberal, Luis Zelaya, e incluso se ofreció encabezarla, lo cual no fue aceptado ya que adujo que los dirigentes del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) habían convenido previamente con Salvador Nasralla, encabezar la Alianza.

Existen varios cuestionamientos que se hacen a la conformación de la Alianza Opositora por los partidos LIBRE, PAC y PINU-SD. El primero es que se designó al Ingeniero Salvador Nasralla, coordinador del PAC, como cabeza de la misma; es decir, ser el candidato a la Presidencia de la República por la Alianza Opositora. Se sabe que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), despojó del cargo de coordinador general de PAC al Ingeniero Nasralla, al permitir la celebración de elecciones únicas donde solo participó una candidata, la abogada Marlen Alvarenga, sin que se reconocieran resultados de elecciones previas convocadas por el coordinador del PAC. Aunque los seguidores de Nasralla pueden irse en amparo a la Corte Suprema de Justicia por las violaciones de sus derechos, la suerte está echada, y la nominación de candidato presidencial de la Alianza se hace a título de figura política, no en representación de un partido de oposición como lo es PAC.

Otro cuestionamiento es el de las bases del partido que, por un lado, querían que su candidata, Xiomara Castro de Zelaya, encabezara la Alianza Opositora, pero que la consulta para designar al Ingeniero Nasralla, no fue lo suficientemente amplia. Igual, en el imaginario de los líderes de base de LIBRE, a Xiomara Castro le correspondía la candidatura, no solo porque fue la candidata que sacó más votos dentro de los candidatos de oposición, sino porque las elecciones pasadas le fueron robadas.

Un tercer cuestionamiento es la falta de un proyecto político suficientemente discutido y avalado por las bases, como instrumento para posicionar en la mente de los y las hondureñas una alternativa posible a la crisis actual y políticas económicas y sociales ejecutadas por el gobierno de JOH. Frente a ello, los líderes de la Alianza como Manuel Zelaya Rosales, argumentan que dicho proyecto ya fue presentado y contiene 17 puntos de soporte al plan de gobierno una vez en el poder.

Estos puntos de la propuesta de la Alianza Opositora que contiene acciones, leyes o medidas de política pública, son los siguientes:

1) Restitución del orden democrático, reconstrucción de la Constitución de Honduras para crear un pacto social justo.

2) Justicia para los autores intelectuales del desfalco al IHSS y la instalación de una Comisión Internacional Contra La Impunidad en Honduras (CICIH).

3) Servicios de salud universal y gratuita, garantizar el acceso a los servicios de Salud Pública de forma inmediata y sin contribuciones anteriores o eventuales.

4) Matrícula gratis universal para los estudios, penando a quienes e opongan esta medida en los niveles básicos y media. Las universidades publicas NO podrán rechazar la primera matricula a ningún graduado del sistema de educación secundaria y el Consejo Nacional de Educación garantizara las ofertas de educación especial que respondan a las necesidades sociales, educación técnica, educación artística y educación informal.

5) Plan para Vivienda Digna, agilización de los créditos para proyectos de vivienda social.

6) Plan de Seguridad Comunitaria, política de seguridad que se enfocara en la prevención del delito común, delincuencia juvenil, violencia doméstica y la extorsión. Se eliminará el tazón de seguridad y se publicarán todos los usos que se dé a los fondos del Estado.

7) Las personas sin ingresos regulares, muy pobres, NO pagarán por la electricidad ni por el agua potable, más que un símbolo de contribución. y los servicios básicos se someterán a controles público que limitaran el precio de estos a jamás superar el promedio equivalente en los países centroamericanos.

8) Cancelación de los cobro por concepto de peajes en carreteras que no tengan vías alternativas satisfactorias.

9) Reducción de los costos de combustibles a los más bajos de Centroamérica.

10) Programa de Promoción de la Producción Agropecuaria, para dar acceso a los pequeños y medianos productores a créditos. 

11) Reforma Agrícola Justa, con salvaguarda de las propiedades productivas.

12) Nuevo Pacto Fiscal, eliminación de los impuestos a los insumos de la producción de alimentos y reducción al mínimo de los impuestos relacionados con los productos de la canasta básica. Incremento a los impuestos de venta de productos suntuarios de importación.

13) El Salario mínimo se indexara al costo de la canasta básica para asegurar que el salario sea siempre superior al costo de la canasta.

14) Los empleadores que no estén afiliados a un régimen de aportaciones obligatorias, pondrán los pasivos laborales de sus operaciones a salvo, en planes de ahorro para sus empleados según una ruta que debe pactarse entre ambas partes.

15) Implementación del *referéndum revocatorio* para la actual Corte Suprema de Justicia y modificación del sistema de selección de magistrados. Anulación del Decreto Legislativo de Amnistía y el inicio de investigaciones contra quienes utilizaron las armas y asesinaron.

16) Velar por el respeto a la igualdad irrestricta de género y construir una sociedad que exalte el papel fundamental de las mujeres en el desarrollo del país.

17) Derogación de la ley de empleos por hora, ley de secretos, ley del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, ley de escuchas, de las ZEDES, la ley de COALIANZA, fideicomisos lesivos (ENEE, carreteras, etc.), leyes que concentran el poder en la Presidencia de la República, paquetazos fiscales y las ilegales concesiones sobre los recursos naturales nacionales.

Se ha cuestionado esta propuesta y catalogada de populista por los miembros del Partido Nacional y analistas económicos y políticos. Si se lograra implementar aducen, Honduras entraría en un caos anárquico peor que el vivido con el Golpe de Estado (junio de 2009).

El problema no es que hacer, sino como hacerlo; más aún, en la coyuntura que vive el país donde muchas de las leyes, políticas y acciones de gobierno actual han condicionado a futuro las decisiones a tomar `por el nuevo gobierno de oposición, en especial lo relacionado con las políticas, objetivos y metas de estabilización económica, endeudamiento, monto de la inversión real, salarios, concesionamiento de recursos naturales y territorios, etc.

En tal sentido, se impone de entrada un criterio de viabilidad económica, social y política de las acciones propuestas, que supone un amplio consenso de los actores de la sociedad hondureña afectados por los gobiernos post golpe, donde es evidente una transferencia acelerada de ingresos, recursos y activos a favor del capital transnacional, grupos empresarios de cúpula ligados a la economía de exportación (maquila principalmente), el extractivismo y los servicios, y de dirigentes políticos tipificados bajo el “mote” de empresarios innovadores.

Un punto a favor de la propuesta política de la Alianza Opositora, es que integra las demandas del pueblo y de actores económicos y sociales como los industriales, mi pymes, productores de alimentos, grupos étnicos, gremios, obreros, maestros, que han visto disminuidas sus conquistas y observado creciente deterioro de sus condiciones de vida y familias, pero también la perdida de identidad y del patrimonio nacional. La sistemática destrucción de la institucionalidad democrática y de formas de organización y participación social como los patronatos debe destacarse, al igual que las violaciones de los derechos más elementales del ser humano..

Hay que anteponer una propuesta alternativa al modelo de corte neoliberal ejecutado en Honduras después del golpe de Estado (junio 2009), que posibilite restituir de entrada competencias y funciones públicas al Estado, para que gradualmente se convierta en el principal actor del desarrollo, no es un obstáculo según el librero de los neoliberales vulgares.

Queda pendiente un trabajo técnico-político orientado a documentar las acciones de la propuesta, para darle contenido económico, social, institucional, político y cultural. Al parecer, y a efecto de evitar el mote “populista”, los equipos técnicos de la Alianza Opositora al golpe de Estado y reelección presidencial deben profundizar en cada uno de los puntos planteados, identificando aquellas estrategias y acciones necesarias para garantizar la viabilidad de las propuestas dentro del Plan de Gobierno.

Tegucigalpa, 26 de mayo de 2017