Pese a los avances incontrovertibles, con muchos efectos positivos, como el fin de los enfrentamientos con la Fuerza Pública y su impacto en la caída del número de homicidios, de la dejación de armas por parte de las FARC, de la clara decisión de dejar el uso de la violencia por esta organización y de transformarse en un movimiento político -objetivo básico de la terminación de un conflicto armado-,entre otros resultados evidentes, existen una serie de desafíos para el buen desarrollo del proceso de implementación de los Acuerdos.

Uno, los desafíos políticos, que se manifiestan en la polarización nacional existente sobre este tema, que es un obstáculo para construir los adecuados consensos que faciliten este proceso, incluidos los trámites legislativos y una gran dificultad para los necesarios y deseables procesos de reconciliación.

Dos, lo anterior, a su vez afecta la legitimidad social del proceso, que es indispensable para la implementación y para poder sortear las normales dificultades que conlleva.

Tres, los retos presupuestales, asociados a las dificultades en las finanzas públicas por las que atraviesa el país (caída de ingresos provenientes de las rentas minero-energéticas), todo lo cual incide en las asignaciones presupuestales para los distintos componentes de la implementación.

Cuatro, tiene que ver con la seguridad en los territorios y de las personas en los mismos. Normalmente se ha planteado que copar los territorios abandonados por las FARC –una vez se desplazaron a las zonas veredales transitorias- era una prioridad para la Fuerza Pública; pero, las múltiples voces que hablan de presencia de nuevos actores ilegales en esos territorios, nos estarían planteando que el copamiento de los mismos por la Fuerza Pública puede haber sido deficitario. En esencia se trata de construir Estado en esos territorios, que implique la presencia permanente del Estado en los mismos, que no es solamente la Fuerza Pública, es decir la faceta militar, sino además la ‘cara’ civil del Estado –educación, salud, justicia, solución de conflictos, etc.-. Dar repuesta pronta a este reto es fundamental para garantizar que la implementación de los acuerdos pueda tener un desarrollo adecuado y que no se van a generar o expandir otras modalidades delincuenciales.

Cinco, es un reto fundamental el indispensable incremento de la confianza mutua entre Estado e Insurgencia en proceso de reincorporación; es claro que vienen de ser los contradictores en la confrontación armada y que construir niveles de confianza es algo progresivo, pero igualmente básico no solo para que se puedan ir tramitando las dificultades y problemas que inevitablemente van surgiendo, sino para que puedan ser una especie de ‘aliados’ en la defensa del proceso mismo y de los beneficios para el conjunto de la sociedad.

Seis, una de las grandes preocupaciones, que se convierten en desafío, es la capacidad de gestión del Estado en su nivel nacional. La experiencia histórica muestra a un Estado eficaz en la formulación de propuestas –planes, programas, políticas-, pero muy débil para ejecutarlas y esto es estratégico para la implementación de los Acuerdos.

Siete, algo similar, pero por otras razones –debilidad presupuestal y de capacidades técnicas, clientelismo- se puede señalar de la capacidad de gestión, administrativa y técnica, a nivel territorial.

Ocho, por ello, la formulación y ejecución de buenas propuestas técnicas, especialmente en aspectos de desarrollo agrario y de desarrollo territorial, son sin duda retos importantes.

Alejo Vargas Velásquez

Profesor Universidad Nacional