Luego de la aprobación en la Cámara de Diputados, la agricultura campesina sigue sus movilizaciones en Asunción para garantizar que el presidente las promulgue.

En las próximas horas el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, estaría promulgando las leyes de rehabilitación y subsidio de la agricultura campesina. Esto luego de que ayer la Cámara de Diputados las aprobara en una caldeada sesión.

Con su firma estará plasmando, además, una de sus más sonoras derrotas en sus cuatro años de gobierno y en contrapartida, una victoria campesina luego de casi un mes de marchas en la capital paraguaya en torno a dichas leyes.

Durante el tiempo que dure la mano del presidente en llegar a su pluma continuarán, todavía, las movilizaciones campesinas, ahora con una amplia moralización.

La ley “Que declara en emergencia nacional la agricultura familiar campesina en todo el territorio nacional” reconoce como Estado que las familias campesinas está en una situación de riesgo en cuanto a la producción.

Y prevé que durante seis meses las instituciones del Estado prioricen la asistencia técnica y crediticia, y medidas sanitarias, ambientales y sociales que permitan garantizar derechos campesinos.

La ley de “Re-rehabilitación financiera de los pequeños productores de la agricultura familiar campesina cuyas fincas no excedan las 30 hectáreas” se complementa con la anterior y propone que el Estado paraguayo subsidie la deuda que tienen todas las familias campesinas del país con menos de 30 hectáreas y cuyo monto no sobrepase los 51 millones de guaraníes.

La reglamentación operativa de esta ley la llevarán adelante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Banco Nacional de Fomento (BNF), el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y el Banco Central del Paraguay (BCP), con la participación de las organizaciones campesinas.

La base de esta ley será el padrón de familias campesinas del Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF).

Ambas leyes habilitan al Ejecutivo a realizar ampliaciones y modificaciones al Presupuesto General de la Nación.

Uno de los principales argumentos oficiales contra la ley de subsidio campesino fue la supuesta falta de recursos estatales de dónde financiar lo que se estima en 34 millones de dólares de deuda campesina.

Sin embargo, en los últimos días distintos actores sociales mencionaron alrededor de 10 fuentes distintas de donde el Estado puede proveerse, desde la aplicación del impuesto a la soja hasta la ejecuciones presupuestarias de las instituciones estatales, pasando por el aumento de los impuestos al tabaco, a los inmuebles, a la renta de las empresas, sacar de los fondos de endeudamientos, el Fonacide (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo), restar financiación a los partidos políticos o disminuyendo la evasión fiscal.

En los festejos campesinos de anoche, varios oradores de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) dijeron que los siguientes pasos de parte de la organización es ser contralora de que ambas leyes se apliquen en total transparencia y que el proceso de aplicación no sea manipulado por actores políticos en disputas pre-electorales en estos momentos en Paraguay.

BASE IS, Asunción, 3 de agosto de 2017