El Ejecutivo necesita al menos 300 millones de dólares para terminar el año, y la apuesta para conseguir dichos fondos es siempre la única acción que concibe la ausente estrategia política del gobierno: suplicar a ARENA, cuyo objetivo es -precisamente- asfixiarlo financieramente mediante un boicot sistemático a los ingresos públicos.

El partido opositor no va apoyar la aprobación de reformas tributarias ni contratación de deuda pública (préstamos o bonos), y -si el gobernante FMLN lograra los votos necesarios para avalar algún financiamiento público (aun empeñando principios éticos y políticos)- ahí estará la “benemérita” Sala de lo Constitucional lista para revertirlo.

Sin embargo, esto parece no estar claro para el Presidente Salvador Sánchez Cerén, quien la semana pasada volvió a pedir a ARENA que apruebe los recursos necesarios, entre éstos 100 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar planes de seguridad pública.

Hace algunos meses el flamante ministro de Hacienda Carlos Cáceres declaró que la única opción para resolver el problema fiscal del gobierno es “confiar en ARENA”, como si el partido de la oligarquía fuera racional y responsable con la solución de los problemas del país.

La afirmación de Cáceres es derrotista y falsa, porque sí hay alternativas que -lamentablemente- han sido descartadas por la visión pragmática y timorata de la izquierda gobernante. La opción más factible es combatir efectiva y eficientemente la evasión tributaria que anualmente ronda los 1,500 millones de dólares según la UCA, 1,800 millones según Oxfam y 2,000 millones según el propio Ministerio de Hacienda.

En vez de suplicar por los votos que ARENA nunca dará, el Ejecutivo debería implementar acciones urgentes y “medidas extraordinarias” contra la evasión fiscal, como cobros expeditos de la mora tributaria o congelamiento de cuentas bancarias y confiscación de activos a los evasores de impuestos.

En vez de buscar infructuosamente la mayoría calificada para avalar préstamos, el gobierno debería enfocarse en lograr los 43 votos necesarios para aprobar la Ley de Cobro Coactivo. Para esto Sánchez Cerén debería convocar al pueblo a movilizarse y presionar, sin temor a “afectar la gobernabilidad” y sin miedo a que las élites oligárquicas lo acusen de “revoltoso”.

Combatir la evasión es el camino y la presión social es la estrategia. La izquierda gobernante no debería perder más el tiempo suplicando a ARENA.

Ojalá que así sea, porque el tiempo se acaba.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)