No somos neoliberales, lo que tenemos es una economía sana que permite a los peruanos progresar y salir de la pobreza.

Roque Eduardo Benavides Ganoza

Pres. CONFIEP y Pres. Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

Pareciera que el dicho, “Vale un Perú”, en alusión a su enorme riqueza, sigue vigente. Como vigente sigue la lectura e interpretación del enriquecimiento en clave saqueo. Toneladas de plata y oro fueron salvajemente desmembradas. Catedrales, monasterios, universidades, hospitales, palacios y mansiones de todo calibre fueron construidas con sangre proveniente de uno de los más terroríficos genocidios que la historia de la humanidad conoce. Aquella lógica sangrienta de la empresa colonial se transformó en modus operandi de los operadores políticos y económicos de un sistema caracterizado por su inhumana naturaleza, y todo esto hasta nuestros días.

Por ahora nos basta y sobra encontrar algunas semejanzas del múltiple rasero del poder inscrito en el ADN de ideologías como el capitalismo y sus operadores políticos-financieros como lo fue en el histórico caso de Watergate y en el institucionalizado caso de corrupción en la Republica del Perú.

Como recordaran a inicios de los ’70 los EEUU, poco tiempo después del desastroso proyecto militar en Vietnam, se encontró sumergido en el escándalo político-financiero conocido como Watergate en pleno contexto de posibilidades de reelección presidencial de Richard Nixon (1913-1994). El ex presidente norteamericano Nixon recurrió a todas las artimañas políticas para evitar cualquier tipo de asociación con el allanamiento de la sede del Comité Nacional Democrático (DNC) en el Complejo Watergate en Washington, D.C realizado en un contexto de conspiración, robo y espionaje protegiendo, entre otros planes, a Donald Nixon, hermano del presidente, y sus oscuras relaciones con el magnate Howard Hughes.

Es así como el periodo de Nixon estuvo marcado por todo tipo de prácticas anti-éticas e inmorales con la finalidad de perpetuarse en el sillón de la Casa Blanca. No escatimó esfuerzos en lograr sus objetivos valiéndose de instrumentos jurídicos anticonstitucionales en la búsqueda de blindaje frente a una serie de investigaciones realizadas en su contra. Nos referimos al instrumento inmunitario conocido como Privilegio del Ejecutivo (Executive Privilege) usado por primera vez por el presidente George Washington (1732-1799) y ratificado por Dwight Eisenhower (1890-1969) quien estuvo en el cargo de 1953-1961 siendo su vicepresidente Richard Nixon.

Así como el saqueo colonial encontró a su favor una serie de mecanismos jurídicos (monárquicos-papales) que lograron inmunizar la empresa expoliadora, las subsiguientes prácticas neo-coloniales se encargaron de prepararse el camino pre-saqueo valiéndose de herramientas jurídico-legislativas las cuales legitimarían el crimen institucionalmente organizado. El Privilegio del Ejecutivo es una exclusiva práctica política usada dentro y fuera de los EEUU con la finalidad de delimitar los poderes del Estado inmunizando – entre otras prácticas - el crimen institucionalizado a alto nivel. Richard Nixon se valió de dicho instrumento defendiendo hasta el cansancio su “inocencia” y sacándose de encima a todo aquel que podría convertirse en estorbo y peligro en la búsqueda de sus objetivos de perpetuación en estrecha relación con las redes de corrupción político-financiero construidas históricamente en los EEUU.

Desde el caso peruano, es admirable como el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK, 1938) resume la maquinaria neo-colonial teñida de estafa, fraude y colusión premeditada. A raíz de la detención del expresidente de la constructora Odebrecht Marcelo Odebrecht (junio 2015) una serie de informaciones sobre delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir han salido a la luz. Autoridades públicas, candidatas/os a la Presidencia de la Republica y compañías constructoras asociadas a Odebrecht o se encuentran en prisión preventiva (p.e: ex presidente Ollanta Humala Tasso y ex primera dama Nadine Heredia) o como es el caso del ex presidente Alejandro Toledo Manrique (1946) quien cuenta en su haber con una orden de arresto provisorio con fines de extradición desde los EEUU el cual es acusado de lavados de activos. Otros líderes y lideresas están siendo investigados como es el caso de Keiko Fujimori, Alan García Pérez, y el actual Presidente de la Republica PPK quien al día de hoy se rehúsa a comparecer ante la comisión parlamentaria Lava Jato.

Todos los personajes citados han sabido valerse de instrumentos de blindaje (inmunidad) como fue el caso de Richard Nixon en Watergate contando con el apoyo de funcionarios públicos como del Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación. Si en los EEUU el Privilegio del Ejecutivo fue, y sigue siendo, el escudo perfecto a favor del crimen institucionalizado, en el Perú el Presidente PPK se escuda en el artículo constitucional n^o117 sobre la Excepción a la inmunidad presidencial: “El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.  

El art. 117 no señala, ni por asomo, que el Presidente de la República podría ser acusado por lavado de activos, tráfico de influencias, fraude, estafa, colusión y otras formas de sico-sociopatias. Es así como desde la misma estructura del derecho constitucional del Estado peruano se atenta – paradójicamente- contra la estructura del Estado de Derecho.

Cabe recordar la participación determinante del cuarto poder del Estado, los medios de comunicación. Así como en el caso Watergate, medios de información como The Washington Post y The New York Times colaboraron con la investigación y posterior desenmascaramiento de las redes de corrupción en torno al ex presidente Nixon, de la misma forma son algunos medios de comunicación en el Perú quienes se están encargando de ejercer presión sobre los poderes del Estado en búsqueda de la debida aceleración de procesos judiciales estancados gracias a la mega presión político-financiera que ejercen poderosos personajes sobre magistrados y demás jurisprudentes.

Y, en medio de todo este bochornoso espectáculo nos preguntamos: ¿Esto es el modelo democrático defendido por los que ahora se encuentran en cárcel o son perseguidos por la justicia? ¿Este es el nivel de desarrollo al cual nos ha llevado el “cambio de paradigma” que originó el golpe de estado perpetrado por el ahora reo Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos (1992)? ¿Este es el milagro económico amparado por una nefasta Constitución de la Republica redactada por las principales cúpulas de poder como las representadas por la CONFIEP hoy en manos del presidente del directorio de Minas Buenaventura S.A.S Roque Benavides quienes a través de su personal de seguridad han vulnerado territorios y violado derechos fundamentales de la familia Chaupe-Acuña en Cajamarca ante la total inoperancia del Estado peruano? ¿Cuántos Watergates han existido en el Perú y cuantos seguirán existiendo? ¿Sera la cultura estatal de los EEUU, corporativizada y privatizada, cuna de corrupción, el paradigma a seguir emulando en la historia que nos depara en el Perú, América Latina y el Caribe?

Esto y mucho más son los signos del común denominador del poder como la cultura del saqueo colonial y neocolonial, Watergate y otras joyas de una corroída realidad peruana que cae por su propio peso a las puertas de cumplirse 200 años de existencia de una empresa del saqueo y la expoliación llamada República.

Me remito a los hechos.

José Toledo Alcalde

Lic. Teología y Mg. Terapia Física.