“Honduras no es el país más peligroso del mundo; al contrario… se está convirtiendo en un país con mucha proyección en la región”.

“No tenemos miedo, revisen lo que quieran, es la voluntad del pueblo hondureño”

Juan Orlando Hernández, Presidente de Honduras

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), conocido como la “Puercada” por el pueblo hondureño, decidió en pleno, cotejar 4,753 actas que no fueron trasmitidas desde las mesas electorales al Centro del Cómputo, con lo cual se completan las 5,174 pedidas por la Alianza Opositora y la OEA, en tanto ya se habían escrutado el resto de actas por inconsistencias. Este conteo se realiza sin la participación de representantes de los partidos políticos en contienda, pero con la asistencia de representantes de la OEA y UE, aunque su participación no es con el propósito de legitimar el proceso ya que todavía persisten irregularidades. Igual, se involucraron, ciertas organizaciones de sociedad civil, como el COHEP, patronatos, iglesias evangélicas y cooperativas como garantes del proceso, pero no las centrales obreras, grupos de interés como los colegios magisteriales, asociaciones y organizaciones ambientalistas y defensoras de derechos humanos, entre otras.

El procedimiento seguido, e inventado sobre la marcha por el TSE, es que se cotejen y revisen las actas, y si presentan inconsistencias se proceda a abrir las urnas y contar los votos. Un procedimiento distinto al propuesto por la Alianza Opositora, donde de entrada proponen que se cuenten los votos de las 18, 128 urnas, cotejas con cuadernillos (en poder del tribunal) y actas en poder de los partidos y del TSE.

Es poco probable que este cotejo y revisión de actas, y conteo de votos en ciertas urnas, tenga el impacto buscado de recobrar la credibilidad del TSE, ya que nadie confía en dicha institución que, prácticamente, a decir de Manuel Zelaya Rosales, Coordinador General de la Alianza, colapsó. Se trata de una institución de tipo extractiva, para parafrasear a Acemoglu y Robinson ( 2012), destacados economistas de la corriente neo institucionalista que atribuyen las causas de la pobreza a la existencia de instituciones políticas y económicas extractivas, o sea antidemocráticas que buscan beneficios para grupos o gobiernos corruptos y excluyentes, menos para la población.

Mientras esto sucede, el Grupo de Convergencia frente al Continuismo ha fijado su posición frente a la crisis política que enfrenta el país, referido a ratificar la inconstitucionalidad de la candidatura de JOH, urgencia de repetir las elecciones con apoyo internacional ya que el TSE perdió toda credibilidad frente al pueblo hondureño y parte de la comunidad internacional, igual recomiendan eliminar el toque de queda y deducir responsabilidades por las 15 muertes registradas. Esta demanda es compartida parcialmente por los lideres de la Alianza, ya que una nueva elección sería como desconocer el triunfo de Salvador Nasralla y el fraude, por lo que hay que agotar primero el conteo de votos por urna, cuadernillo, actas y firmas, antes de tomar esa decisión de nueva elección.

La Embajada Americana se ha mantenido al margen de este conflicto entre partidos políticos (Nacional, Alianza y Partido Liberal), apoyando las acciones de la Misión de Observadores de la OEA. Sin embargo, en este último conteo por el TSE, la encargada de negocios de dicha Embajada, Heide Fultón, manifestó su satisfacción por el trabajo del TSE al aceptar las recomendaciones de la OEA en cuanto al contento de las 4,753 actas y transparentar el proceso, para garantizar que la voluntad de pueblo expresada en las urnas se respete. Recomienda se den todas las garantías a los partidos para que se hagan las impugnaciones en el marco de la ley y se respeten, igual se cumpla con el calendario establecido en la Ley y dar la declaración de elecciones y ganador de la contienda, lo cual, de acuerdo a la Ley, sucederá antes del 26 de diciembre de 2017.

Dirigentes de la Alianza de Oposición son del criterio que estas declaraciones no contribuyen en nada a solucionar la crisis política, más bien sirven para legitimar el fraude y profundizarla. Para Manuel Zelaya, Donald Trump no debería avalar un fraude electoral en Honduras, ya que perdería credibilidad en Latinoamérica y sus acciones al exigir garantía de procesos democráticos en países como Venezuela y Bolivia. Otros países como Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay, avalan el conteo de actas del TSE y esperan que se concluya el proceso electoral, sin manifestaciones ni toma de calles. Según dirigentes de la Alianza, estos gobiernos no tienen toda la información sobre el fraude electoral cometido contra Salvador Nasralla, por lo que han pedido una reunión con el Consejo Permanente de la OEA. Además, estos gobiernos tienen una característica, son de derecha y adoran las políticas neoliberales.

El espaldarazo más fuerte del gobierno norteamericano a JOH, vino del Departamento de Estado, cuando su Secretario, Rex Tillerson, certificó a Honduras para recibir asistencia técnica y financiera por los logros alcanzados por el gobierno en la lucha contra la corrupción y defensa de los derechos humanos. Esta certificación vino en un momento crucial, el día 28 de diciembre de 2017, dos (2) días después de celebrarse las elecciones. Aunque congresistas y asesores legislativos cuestionaron esta decisión, lo cierto es que parte de los 644 millones de dólares aprobados por el Congreso de los Estados Unidos y que se destinarían a Centroamérica, ya fueron autorizados para ser ejecutados por Honduras.

Es de esperar que en los próximos días un mayor respaldo de EEUU al gobierno de JOH, aunque el fraude electoral siga documentándose por la Oposición. El problema es que todavía no se ha visualizado las consecuencias para la economía y sociedad del rechazo de los partidos de oposición y mayoría del pueblo a la reelección de JOH avalada por un TSE altamente politizado, ineficiente y falto de transparencia; incluso, estas consecuencias podrían afectar también las relaciones de cooperación con los organismos y agencias internacionales, y en el caso particular del FMI, el pago puntual del servicio de la deuda publica externa.

Tegucigalpa, 8 de Diciembre de 2017