“Me quitan la vida si me quitan los medios por los cuales vivo”

Shakespeare

Existen varias explicaciones sobre la crisis política que vive Honduras. La primera es el interés del presidente Juan Orlando Hernández (JOH) por la reelección, saltándose la tranca de la legalidad. Es una manifestación de ambición de poder planificada, en tanto ejerció un amplio control de las instituciones que podrían frenarlo. Promovió a través del Partido Nacional y diputados electos, una alianza con el Partido Liberal para tener control del poder legislativo, prestándose diputados y dirigentes de dicho partido para concretar dicha alianza en contra del ofrecimiento hecho por el Partido LIBRE para que fuera un diputado liberal que ejerciera la Presidencia del Congreso con la suma de los votos de ambos.

Cambió los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para que se pronunciara a favor de su proyecto reeleccionista, aunque la sentencia dice que se puede hablar de reelección, pero no que JOH puede aspirar a ella. Antes había impuesto al Fiscal General de la República, Oscar Chinchilla, sin seguir los procedimientos establecidos. En las FFAA metió a sus amigos, igual ejerció un control directo sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en especial de su presidente, David Matamoros Batson, y del representante del Partido Demócrata Cristiano, Saul Escobar, un empleado de Arturo Corrales Álvarez, el Gurú caído y hasta hace poco ( después de las elecciones del 26 de noviembre de 2017) canciller especial de la Republica de Honduras en EEUU. Influyó para que quedara como presidente de la Corte Suprema de Justicia, un paisano y amigo, incluso con la denuncia de Salvador Nasralla que se compraron diputados para que votaran a favor de dicho candidato.

La segunda causa ligada a lo anterior, es la creciente debilidad de la institucionalidad electoral, y en general del gobierno. Además de la politización, es evidente la falta de transparencia de los procesos, credibilidad e innovación, sumado a la falta de representación e integración de las fuerzas políticas en contienda, caso del Partido LIBRE y el Partido Anticorrupción (PAC). Prácticamente, las reglas del proceso electoral son puestas por Casa de Gobierno, y los miembros del TSE simples ejecutores.

La tercera causa tiene relación con la falta de principios éticos y valores democráticos, al interior de los partidos políticos, organizaciones de sociedad civil ( incluye a dueños de medios de comunicación y periodistas tarifados) y población. Hay diputados electos al Congreso de la Republica confesos que han leído muy poco, con serias deficiencias de formación profesional y educación básica, amplio desconocimiento de la Constitución de la República e historia política de Honduras y la realidad económica, social y cultural. Llegaron a ese puesto no con la intención de legislar, sino de aprobar con los ojos cerrados los proyectos y las iniciativas presentadas por el Ejecutivo, y votar en contra de aquellas generadas desde los partidos de oposición, obteniendo recursos del Presupuesto Nacional y sobornos otorgados por empresarios.

Pero también existe una causa no muy visible que tiene que ver con los programas de ajuste económico draconianos apoyados por el FMI, y sus efectos. Después del Golpe de Estado (junio de 2009) y en el gobierno de “Pepe” Lobo (2010-2013), el FMI suscribió un programa de ajuste económico de 18 meses, orientado básicamente a estabilizar las finanzas públicas, y reactivar la economía del país. Este programa no cumplió las metas de recaudación de impuestos y reducción de gastos, pero el gobierno fue felicitado por relajar la política cambiaria ( mayor flexibilidad en la tasa de devaluación de la moneda), manteniendo alta la tasa de política monetaria (TPM) congruente con el objetivo de metas de inflación del Banco Central, igual enfrentó resistencia para hacer posible una reducción de las pérdidas de operación de las empresas públicas como HONDUTEL y la Empresa de Energía Eléctrica, que fueron absorbidas por el Estado con recursos de endeudamiento público ( interno y externo). Unos 1,700 millones dólares adquiridos vía prestamos-bonos soberanos se han destinado para cubrir dichas pérdidas y gastos corrientes del gobierno.

Desde el Congreso de la Republica, con JOH a la cabeza, se aprobaron una serie de leyes orientadas supuestamente a reactivar la economía, pero en la práctica cumplían el propósito de desvalorizar el empleo y las conquistas salariales, privatizar la prestación de bienes y servicios y vender empresas públicas y pedazos del territorio nacional al mejor postor, incentivando el desarrollo de empresas extractivas como la minería de cielo abierto, la generación de energía y la conformación de ciudades modelo o zonas de empleo y desarrollo.

Entre las acciones enmarcadas en este modelo de corte neoliberal apoyado por el FMI, destacan: a) Aprobación de la Ley de Empleo por Hora, que precariza el trabajo y debilita las conquistas sociales y a las organizaciones sindicales; b) Un nueva Ley de Educación que pulveriza las organizaciones magisteriales, congela las conquistas del Estatuto del Docente y facilita el proceso de privatización de la educación en Honduras; c) La Ley de Alianzas Público-Privadas (APP) que posibilita la entrega de bienes, servicios y recursos del Estado al sector privado, sin que exista claridad sobre los beneficios de tales negocios. Un ejemplo es la privatización de las carreteras con el cobro del peaje, que para dirigentes del Partido LIBRE es un atraco al pueblo y a los recursos del propio Estado, ya que la empresa concesionaria no ha demostrado cuál es su aporte en recursos financieros de entrada al negocio; se cuestiona que este aporte lo saca de los ingresos que percibe por el cobro del peaje de las carreteras; d) La Ley de Protección de las Inversiones que permite que las empresas extranjeras puedan transferir al exterior el valor de sus utilidades, ganancias de capital, dividendos, regalías, igual tecnología de su propiedad y acceder a créditos del sistema financiero nacional ( Decreto 51-2011 de julio de 2011); d) Las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE), inicialmente llamadas Ciudades Chartes, para crear otro Estado gobernado por empresas y capital extranjero; e) La Nueva Ley de Minería, que no prohíbe la minería de cielo abierto y despoja a las comunidades de sus recursos naturales, bosque, agua y biodiversidad, además de la represión y muerte de dirigentes y; f) La Ley de Reconversión de Deuda Externa, que mercantiliza los recursos y bienes del Estado y los coloca para que los adquiere el mejor postor ( Suazo: 2017)

El nuevo gobierno con JOH a la cabeza, (enero 2014-enero 2018), suscribió con el FMI un convenio más amplio vigente desde el 4 de diciembre de 2014 hasta el 4 de diciembre de 2017, orientada de nuevo a estabilizar las finanzas públicas, reactivar la economía, reforma institucional y fortalecimiento de programas de compensación social.

En materia económica y social, las principales leyes incluyen: a) Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas anti evasión (Decreto 278-2013) que aumenta el impuesto sobre venta de 12% a 15%, mantiene exoneraciones a las zonas industriales y comidas rápidas, baja el número de abonados que reciben subsidio de la energía eléctrica, ajusta el impuestos por importación de combustibles y crea un fondo de 4,500 millones de lempiras para financiar los programas de compensación social, el principal instrumento “visible” con que cuenta el gobierno y el Partido Nacional para promover la reelección presidencial;[1] b) La Ley Marco de Protección Social, que permite la participación directa del sector privado en los servicios de atención y protección social, igual el uso de los recursos de los institutos de previsión social como el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) e Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios Públicos del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) para tales propósitos, además del ajuste en las cuotas de aportación de los afiliados a los régimen de aseguramiento social; c) Ley del Sector Energético que permite la participación directa de la empresa privada y bancos en la prestación de los servicios de la ENEE, y el ajuste automático de las tarifas de energía eléctrica a los costos reales, creándose una nuevo Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE); d) La Ley de Responsabilidad Fiscal, que pone límites al aumento de los gastos públicos, pero sobre todo al % del déficit fiscal; e) Código Tributario, que introduce la renta territorial, en virtud de la cual las empresas pueden tributar en el país que más le convenga, igual sucede con el mono tributo como impuesto único para que los informales paguen impuestos; f) Convenio con el FMI para reducir gastos, aumentar impuestos y bajar el déficit fiscal, acompañado de un saneamiento de las finanzas de la ENEE y flexibilidad en la tasa de cambio. (Suazo: 2017).

 A ello se agrega una nueva modalidad de zonas de empleo y desarrollo manejadas por Comisionados, y la nueva Ley de Turismo, que entrega las cuencas, microcuencas, estatuas de los próceres, playas, refugios silvestres, zonas arqueológicas, etc., a los desarrolladores de empresas turísticas con participación de capital extranjero.

Antes de las elecciones del 26 de noviembre de 2016, el FMI alabó los logros obtenidos por el gobierno. Para el Jefe de Misión, Roberto García Saltos, el gobierno cumplió con todos los criterios para los desembolsos de fondos, respaldado con un mayor y estable crecimiento y mejora en las condiciones sociales de la población. Ello incluye además de lo exitoso de las reformas estructurales en materia fiscal y tributaria, una nueva Institución responsable de la Administración Tributaria del país, conformada por simpatizantes del Partido Nacional, la consolidación de la disciplina fiscal y la política macro fiscal de metas agregadas de mediano plazo.

Después de las elecciones, una vez finalizado la evaluación del Acuerdo Stand Bay de Mediano Plazo, el FMI destaca como logros la reducción del déficit fiscal de -7.9%/PIB en 2013 a -3.0%/ PIB en 2017 (estimado), la adopción de un tipo de cambio más flexible ( léase devaluación) y el régimen de metas de la inflación, recuperar la confianza de los inversionistas al reducirse la prima de riesgo de los préstamos y bonos soberanos, reducción de la tasa de pobreza de 65% en 2013 a 61% en 2017 (cifras oficiales no confirmadas), producto de la ejecución de programas de compensación social, y la reducción de los homicidios de 75 por 100,000 habitantes a 40 homicidios ( cifras por confirmar según organismos defensores de derechos humanos). Se habla incluso de un crecimiento del PIB cercano al 4%, aunque la calidad de dicho crecimiento no importa, una tasa de inflación levemente superior al 4% (sin considerar el impacto del alza de precios por las marchas y toma de calles), mayor producción exportable y más de 4,000 millones de dólares ingresados por concepto de remesas familiares.

 EL FMI habla muy poco del acelerado endeudamiento de la economía hondureña, cuya deuda pública total supera los 10,600 millones de dólares, más de 50% del PIB. Espera que a partir de 2019 la deuda se estabilice e incluso empiece a disminuir, por la estabilidad fiscal, bajo costo de los recursos (riesgo), mayor crecimiento de la economía y mayor inversión extranjera. Este acelerado endeudamiento ha servido para sostener un programa de compensación social a favor de la población indigente, pero también de beneficio a funcionarios del gobierno con ONGs, diputados denunciados por corruptos, y al proyecto reeleccionista de JOH, ya que la población que no vote por JOH ni asista a las marchas convocadas por el partido, no reciben el llamado bono 10,000 y corre el riesgo de ser excluidos del programa en forma permanente. El FMI ha guardado silencio sobre esta práctica corrupta y antidemocrática, que ha servido para promover una ilegalidad en el país.

Ligado a ello, no hay referencia del FMI sobre el proceso de adquisición (privatización) de las empresas públicas, y de los servicios; han sido procesos poco transparentes donde se denuncia una “mancuerna” entre funcionarios del gobierno y empresarios externos. Entre los casos emblemáticos destacan la privatización del cobro del Peaje, parte de las empresas energéticas donde participan funcionarios públicos, diputados y empresarios ligados a la directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), beneficiándose de un sobreprecio por la venta de energía al gobierno. El FMI llena sus páginas de artículos y experiencias exitosas en el combate de la corrupción, pero en Honduras guardó silencio.

El FMI se refiere muy poco a los efectos negativos de esta política de estabilidad económica, que ata la economía a la búsqueda y fijación de un Tabú Monetario, o sea las metas de inflación. Los costos han sido altos en términos de contracción de la liquidez bancaria, fijación de una TPM de 5.5%, y contracción del crédito a los sectores productivos con menos activos, caso de los pequeños productores de granos básicos, hortalizas y microempresas urbanas.

Aunque el FMI se ha pronunciado en contra de otorgar exoneraciones y excepciones fiscales, siendo el comprimo asumido su eliminación o regulación, el gasto fiscal en Honduras representa 6%/PIB, beneficiándose a empresas maquiladoras, comidas rápidas, turísticas, y aquellas ligas a los proyectos APP.

Las consecuencias del uso indiscriminado de los fondos de previsión social, es otra de las bondades de este paquete, aunque gran parte de estos recursos destinen a financiar la construcción de un Centro Cívico donde se localizarían todas las instituciones de gobierno, y la construcción de obras físicas de la ciudad capital y San Pedro Sula donde el gobierno actúa como aval solidario. Los mayores beneficiarios de estos recursos son las empresas contratistas (externas) y nacionales que, según dirigentes del Partido LIBRE, caso de Juan Barahona, beneficia a los mismos funcionarios públicos y amigos del presidente Hernández.

Como se sabe, la absorción de recursos que genera el ajuste fiscal debe ayudar a reducir la brecha externa y fomentar el ahorro interno para la inversión real. El déficit comercial de Honduras se estima en 3,434 millones de dólares para 2017 (CEPAL: 2017), arriba del observado a inicios del gobierno, pero al gobierno y FMI no les preocupa ya que esperan contar con 4,700 millones de dólares en reservas monetarias netas a finales del año, sin haber evaluado a profundidad los impactos negativos de las políticas migratorias del presidente Trump, fanático de las deportaciones y el cierre de fronteras. Igual el monto de la inversión real se redujo si se compara con los montos existentes antes y a inicios del golpe de Estado; en la actualidad no representa ni el 2.8% /PIB, aunque el gobierno espera un aumento de esta en 2018, sin considerar los efectos de la crisis política generada y duración en tiempo.

 El déficit comercial será mayor a futuro por la alta dependencia alimentaria que genera el CAFTA-RD y los demás tratados suscritos por Honduras, donde se ha dado una feria de acuerdos comerciales sin reconocerse las asimetrías entre países y sectores económicos y productivos. La canalización de mayores recursos al pago del servicio de la deuda ( más de 34,000 millones de lempiras anuales) y los problemas de captación de impuestos por la falta de empleo y cierre de empresas, afectará los niveles de inversión pública real, sumado a los problemas de corrupción y el uso poco efectivo de estos recursos, ya que el gobierno no tiene un sistema probado de priorización de proyectos de inversión, muchos de ellos gestionados por los diputados y/o autorizados por el Ejecutivo sin que el FMI diga esta boca es mía.

En 2016, Honduras y Nicaragua son los dos países que captaron menores flujos de inversión extranjera directa (IED) a nivel de países latinoamericanos (CEPAL.2016); Honduras sólo captó 1,002 millones de dólares, aunque el FMI destaca la estabilidad económica (léase paquetazo) como un requisito para aumentar dichos flujos.

Este ajuste económico disparó las cifras del desempleo, cuya tasa de desempleo abierto (TDA) aumentó de 4.3% en 2011 a cerca de 8% en 2017. Más del 50% de la población está subempleada, y las mujeres siguen teniendo menos acceso al empleo y salarios remunerados y sostenibles, no espurios. Se estima, según cifras oficiales, que 1 millón de jóvenes no estudian ni trabajan, por lo que las oportunidades futuras son inciertas, incluyendo aquellos que tienen o están por obtener una profesión universitaria. Estos jóvenes son lo que mayormente están en las calles pidiendo un oportunidad de trabajo, acceso a vivienda y estudios.

El presidenciable Salvador Nasralla generó con su discurso y propuesta de gobierno una esperanza para la población afectada por el ajuste económico, corrupción y demagogia. Un punto central de su agenda es liberar la carga de impuestos a las empresas para que puedan invertir, igual aumentar el ingreso disponible de los hogares para que mejoren su capacidad de compra ( respiren) y condiciones materiales de vida. Ello incluye aumentos de subsidios, uso de recursos de la corrupción para generación de puestos de trabajo, apoyo directo a la producción alimentaria, revisión de contratos leoninos con empresas nacionales y extranjeras, venta de activos y bienes de lujo del Estado y aquellos productos del narcotráfico.

Como se sabe, el pueblo salió a votar masivamente por un cambio de agenda, que haga posible una mayor participación de la población en el acceso a bienes y recursos productivos y financieros, eliminando el yugo de la corrupción que carcome el desarrollo y la democracia. Y, seguirá en las calles, exigiendo se respete su voto en las urnas, total tienen poco que perder.

Mientras tanto, el FMI espera firmar un nuevo acuerdo con JOH, reelecto por el TSE, conocido como la “Puercada”. La pregunta es ¿Que va a pedir? Acaso una liberalización total de la tasa de cambio y del sistema financiero, concluir la privatización de la seguridad social y salud, acelerar la privatización de la Educación Superior, mayores recursos para las FFAA y la puesta en marcha de varias ZEDE; todo ello para garantizar, entre otras cosas, el pago del servicio de la deuda externa, que se ha puesto en riesgo por las protestas y toma de calles por la población indignada con el fraude electoral.

Lo cierto es que en este nuevo Acuerdo de estabilización económica (¿al cuadrado?) hablar de fraude electoral y represión está prohibido, mucho menos de corrupción y derechos humanos. El FMI no tiene culpa si hay golpeados, gaseados, torturadas, desaparecidos o muertos. El gobierno de JOH ha cumplido y, por tanto, es un buen socio y debe seguir apoyándose, no importa si es un gobierno ilegitimo y surgido del fraude.

Tegucigalpa, DC, 20 de diciembre de 2017