Avanza el paquete de leyes presentado a extraordinarias en el Congreso, ya bajo la nueva composición más favorable al macrismo desde el 10/12, que se consolidó como primera minoría parlamentaria.

Ya es ley la “reforma previsional”, una medida regresiva contra jubiladas y jubilados que nadie duda.

No solo convalida la regresividad impuesta por la mayoría parlamentaria negociada, sino también el previo acuerdo con los/as gobernadores/as para asegurar la integralidad del paquete de leyes. Un paquete que modifica a favor de la ganancia el régimen tributario y un presupuesto 2018 que convalida la línea reaccionaria de gestión gubernamental desde hace dos años.

Los gobernadores que acordaron lo hicieron a cambio de recursos que resignan perceptores de la seguridad social y previsional. Imaginan que así podrán hacer clientelismo en sus territorios, especialmente la Provincia de Buenos Aires, la que concentra los mayores territorios de pobreza en el país.

No resulta una novedad la creciente represión, especialmente contra la extendida protesta social confrontando el saqueo a jubiladas, jubilados y otros beneficiarios de la seguridad social.

El gobierno pensó que sería relativamente débil la respuesta del movimiento de jubiladas/os, sin contar con la inmensa sensibilidad social que la causa previsional genera en nuestro país.

Con la protesta, no solo se reivindica el ingreso adecuado a las necesidades de los mayores, sino la necesidad de una discusión estructural sobre la vejez y la cobertura necesaria ante la extensión de la expectativa de vida, que debiera ser una buena noticia para una vida mejor.

Por eso, no se trata solo de diagnosticar la tendencia recurrente al ajuste y a la represión del gobierno nacional y sus asociados en las provincias, e incluso de la dominación articulada que ejercen oficialistas y opositores que favorecen la lógica liberalizadora del PRO-Cambiemos.

Lo novedoso es que luego del espaldarazo electoral del 22/10 y el imaginario de campo libre para avanzar con medidas antipopulares, la respuesta social fue ampliamente crítica, no solo en la movilización en continuado contra la OMC el martes 12/12, por necesidades insatisfechas de movimientos sociales el 13/12, o el 14/12 contra el tratamiento en Diputados de la media sanción al saqueo a jubilados y otros beneficiarios de planes sociales.

Ante la novedad, el gobierno anticipó la sesión de Diputados del 20/12 al 18/12 y dejar escaso margen para la organización social de la protesta y además, organizó un mecanismo de represión vallando el territorio del debate parlamentario, un símbolo creciente que define la crisis de la política y la falta de la credibilidad de la sociedad en las formas concretas y reales del ejercicio de la “democracia” realmente existente.

Hay que recordar que el pueblo gobierna por delegación en sus representantes, y encima les está vedado expresar libremente opiniones críticas al proyecto hegemónico. Lo que no entiende el oficialismo, y a veces en el propio movimiento popular, es el acumulado organizacional del movimiento social. Opinión válida aun con la fragmentación de proyectos políticos y ausencia de alternativa contenedora de una parte importe importante de la protesta y el descontento social.

Las inversiones no llegan

El Gobierno imaginó un saldo favorable de la reunión ministerial de la OMC entre el 10 y el 13/12. No solo no logró avances en las negociaciones que otorgaran un lugar histórico al cónclave de Buenos Aires, ni siquiera en materia de comercio electrónico, una realidad en ascenso por encima de acuerdos y regulaciones, sino que se consolidó una articulación popular que ensayó en esos días la batalla contra la presidencia Macri del G20 en 2018.

Tampoco pudo anunciar la suscripción del acuerdo de cooperación económica entre la Unión Europea y el Mercosur, un eufemismo que esconde una ronda más de liberalización en la onda de los Tratados de Libre Comercio, como el ALCA frustrado en 2005.

Resignamos todo lo que solicitaron, argumentaron desde la cancillería argentina, y sin embargo los europeos quieren más concesiones, se confesaron. Nos recuerda a aquella expresión: “les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”. Es una lógica de imposición de los negociadores de los países capitalistas desarrollados, es decir, del poder económico mundial.

No caló el discurso de una Argentina inserta y aceptada en el mundo, aun cuando The Economist, el emblemático periódico inglés de las finanzas y el establishment, asociado a la corriente hegemónica del pensamiento liberal histórico y contemporáneo, incluyó al país y a Corea del Sur junto al liderazgo de Francia como los tres mejores gobiernos por su política económica y orientación pro liberalización durante el 2017.

Es un galardón que se ofrece desde 2013 a fin de año y que excluye como postulantes a los EEUU y a China, ambos a la vanguardia de la actividad económica mundial.

Por muy buena letra que se haga, los inversores no desembarcan en Argentina, ni en América Latina, tal como informa la CEPAL en sus últimos informes.

Puede pensarse que el mundo no ayuda materialmente al ideario liberal del macrismo y las derechas, y por mucho que se hable de libertad económica, lo real es que los inversores continúan su privilegio de colocación de capital en los territorios que aseguren alta rentabilidad y libre movilidad de capitales y resultados, y si no, por lo menos seguridad en la apropiación de la renta por inversiones.

Esa es la razón del fracaso presidencial ante una benigna imagen de lluvia de inversores externos por el solo hecho de ser Macri el Presidente.

Ni las visitas de los principales Jefes de los Gobiernos capitalistas, ni de los líderes de las más grandes empresas de la economía mundial, ni los cónclaves globales al estilo Foro Económico Mundial o la Ministerial de la OMC le generan resultados visibles para activar la producción y el empleo local.

La expectativa se concentra ahora en la cumbre del G20 en noviembre del 2018 y las reuniones previas organizadas por el Poder Ejecutivo local.

Crece la economía con deuda y fuga de capitales

Los escasos logros macroeconómicos que puede mostrar, en términos de crecimiento del PBI, son producto de una economía especulativa sustentada en creciente endeudamiento externo, que financia la recurrente fuga de capitales y el despilfarro de los sectores económicos más favorecidos con sus viajes al exterior, el gasto suntuario o sus opciones por activos financieros locales o externos.

Entre las opciones financieras locales destaca el BCRA ofreciendo elevadas tasas de interés por sus letras (LEBAC), que ya preocupan a sectores del propio gobierno.

Las LEBAC suman más de 1 billón de pesos a noviembre del 2017[1], más de 55.000 millones de dólares a 18 pesos cada dólar. De hecho, las Letras del Banco Central se transforman en un corset del que cuesta salir, en una disputa entre tasas y cotización del dólar.

En cualquier circunstancia, una u otra opción, LEBAC o dólares, no favorece a la mayoría social de menores ingresos y se constituye como variante de ganancias de sectores muy concentrados de la economía.

Hay que destacar que el crecimiento económico no puede eludir la escasa intervención de la producción industrial local, amenazada por una lógica importadora que hace crecer el déficit comercial a cifras muy preocupantes, con despidos y cierres de empresas que comprometen las economías regionales y presentan un cuadro desolador en el ámbito nacional.

La economía agraria y primaria en ascenso consolida el carácter primario exportador en la configuración productiva del país para una inserción subordinada en una lógica de dominación transnacional de la producción mundial.

La lógica de la dependencia histórica se consolida en la Argentina del PRO-Cambiemos y sus socios del PJ u otras denominaciones de los partidos políticos tradicionales.

Pretendemos apuntar con la crítica, más allá de la coyuntura y señalar problemas estructurales del orden capitalista global y la inserción subordinada de la Argentina.

El acumulado organizacional detrás de la masiva protesta

No debe sorprender la masividad de la protesta. La extensión de esta se anima desde una dispersión de organizaciones sindicales y sociales, que pone de manifiesto la incertidumbre al momento de definir quien acumula el poder de la masividad del conflicto social.

Vale destacar en ese plano la iniciativa política de lo nuevo construido en organización popular de los últimos años del siglo pasado y comienzos del presente.

Remito a la propuesta originaria de un nuevo modelo sindical ensayado por la CTA desde los 90, con libertad y democracia sindical, aún con su fragmentación actual y los debates por su reunificación; tanto como los movimientos territoriales y sociales con predicamento entre trabajadoras y trabajadores de menores ingresos e incluso entre aquellos que resuelven su cotidianeidad más allá de la economía regularizada, en el marco de lo que se denomina “economía popular”.

Hasta la tradicional CGT, en su desprestigio debe tener en cuenta ambas dinámicas en su accionar, sea corrida por convocatoria a “paros nacionales”, planes de lucha, o intentando contener en su seno a algunos de los movimientos sociales, tanto como una amplia disidencia en su interior de sindicatos y corrientes sindicales que desafían las orientaciones del triunvirato hoy en ejercicio de la dirección.

Desde la perspectiva política se disputa el peronismo, incluido las fracciones del kirchnerismo y desde luego la amplia tradición de izquierda, no solo de las expresiones con representación electoral.

El abanico político en disputa del movimiento popular es amplísimo y no reconoce liderazgos unívocos, por lo que se desafía a la más amplia unidad de acción y ensayos diversos para conformar alternativas al poder hegemónico en curso.

Lo que aparece es una disputa por la representación de lo popular, donde conviven quienes imaginan un horizonte de reformas dentro del capitalismo y quienes insisten en el carácter irreformable del orden capitalista.

Son dos opciones que conviven en muchas de las organizaciones a las que aludimos, y obvio, también en variados proyectos que confrontan contra la hegemonía macrista en curso.

En ese marco es que se alude a la necesidad de un nuevo reagrupamiento del movimiento popular en la Argentina, especialmente de la organicidad sindical y territorial de las trabajadoras y trabajadores.

Aparece el tema asociado a los cambios operados en la Economía, la Sociedad y el Estado en las últimas cuatro décadas, desde las condiciones impuestas en 1975/76 que habilitó la dictadura genocida y una orientación, que con idas y vueltas se termina imponiendo, con irregularidad en el empleo, desempleo y precariedad, pero muy especialmente en el sentido común cultural.

Un sentido común pro individualismo, racista y discriminador que legitima el ajuste y la represión contra amplios sectores de la población.

Confrontar el ajuste, la represión e ir más allá

El gran interrogante es como avanzar en la articulación de la fragmentada protesta y generar al mismo tiempo la condición de posibilidad para un proyecto alternativo, que al tiempo que confronte el ajuste y la represión abra el rumbo de un programa político y económico con base de sustentación en la resolución de las necesidades sociales insatisfechas.

Algunos descreen de la posibilidad de un programa en ese sentido, limitados por la visión que nada se puede hacer al margen del orden capitalista y por ello reproducen con un imaginario de lo posible, la lógica mercantil de la ganancia.

Confrontar contra el poder y el posibilismo son tareas simultáneas en estos momentos, si es que se pretende intervenir con éxito en la disputa para construir otra sociedad que apunte a disputar y revertir la ecuación de beneficiarios y perjudicados del orden actual.

En tiempos de final de año y con la esperanza de uno próximo más favorable a los intereses de la liberación nacional y social, en compañía con las aspiraciones de cambio político y económico que alumbraron las luchas en Nuestramérica en este Siglo XXI, apuntamos estas reflexiones para pensar críticamente la coyuntura y aspirar a la gestación de un proyecto por la emancipación social.

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2017

- Julio C. Gambina es Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP

www.juliogambina.blogspot.com

[1] BCRA. Boletín Estadístico, diciembre de 2017, n°12, en:  http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/BoletinEstadistico/boldat201712.pdf