La hermandad rompe toda suerte de hostilidad, prejuicios y ambigüedades

Para un correcto planteamiento

Comprobamos cotidianamente el hecho de que el litigio entre unos u otros miembros de los Partidos políticos, al afrontarlo públicamente, se realiza con postura predeterminada, abrigando cada uno la convicción de que el otro está en el error y se equivoca. No hay diálogo, aunque ambos porfíen en afirmarlo. En realidad, se grita, no se escucha al otro, ni se atiende a sus razones, se le niega cuanto dice, sin más objetivo que hacerlo caer y mostrarlo vencido.

El método nos lleva impactando por semanas y aun meses en mil medios y tertulias entre partidarios y adversarios del independentismo catalán. Como espectadores acabamos aburridos por tan ciega unilateralidad. Y guardamos interior reprobación. Nunca o casi nunca se llega a una rectificación recíproca con acuerdo alguno.

Voy a intentar fijar dentro de esta pelea el uso confuso y cuasimecánico que se aplica a ciertas palabras que encubren valores y acciones importantes.

Primero

Distorsión del sentido auténtico de la Política

La política es el arte de buscar el BIEN COMUN: el bien, los derechos y la responsabilidad de todos. Si partimos del supuesto –hoy éticojurídicamente universalizado-de que, como personas, todos somos iguales ante la ley, todos portamos una misma dignidad de la que brotan derechos irrenunciables, que deben incluirse en la programación y acción de toda política.

Resulta entonces que la tarea de todo poder político es dar cumplimiento a esos derechos que vienen consignados en la Declaración universal de los derechos humanos y, más próximamente, en la Constitución española. Y es en ese campo donde unos y otros Partidos convergen sin que se los pueda declarar incompatibles, pues la salvaguarda y consecución de esos derechos compete a todos por igual. Alejarse de ella, los hace, en la medida en que lo hagan, incoherentes y falsos.

Segundo

Transición española: de la dictadura a la democracia

Tal como aparece en la Constitución española “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” - “Su Soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado- “La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria” (Art. 1, 1-3).

Con la palabra España, la Constitución designa a “la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía, de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas” (Art.2).

Podemos convenir en el significado del término nación según lo define el diccionario de la Real Academia española “Conjunto de habitantes de un país regido por el mismo gobierno” o también el Diccionario de María Moliner “Comunidad de personas que vive en un territorio regido todo él por el mismo gobierno y unidas por lazos étnicos o de historia” .

En realidad, España proviene y es resultado de un largo proceso histórico, un TODO que, desde siglos fue uniendo e integrando a muchas PARTES, hoy llamadas Autonomías. Pluralidad articulada bajo una gran unidad. Tras sufrir la dictadura franquista, en el 1978 se produjo el paso a una Democracia, preparada y expresada en una Constitución que fue votada y ratificada por los españoles.

La nueva Constitución supuso un cambio que regulaba la convivencia de todos los españoles, es decir, de la pluralidad de las Autonomías bajo la unidad de un mismo Gobierno. Dicho gobierno, democráticamente hablando, será el que en cada momento elijan los ciudadanos a través de los Partidos que los representan.

Finalmente, por la preponderante intervención que está teniendo hoy el Tribunal Constitucional en el conflicto España-Cataluña, conviene saber que el Tribunal Constitucional representa democráticamente al pueblo español, quien lo propone a través del Congreso (4 candidatos), del Senado (4), del Gobierno (2), del Consejo General del Poder Judicial (2), y del mismo Tribunal (1, el presidente).

El Tribunal tiene jurisdicción para conocer “De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o los de éstas entre sí” (Art. 161, c).

Lógicamente, quienes democráticamente (ciudadanos, partidos, autonomías, gobiernos) aceptaron la Constitución y han convivido guiándose por ella, no pueden adoptar por sí opciones en contra de ella, como si no les incumbiera su autoridad. Premisa irrenunciable, que todos deben aceptar, para cuantos problemas, conflictos, enmiendas u otras propuestas de alcance individual y colectivo pretendan realizar. El marco Constitucional, por todos aprobado, alcanza a todos y entre todos debe ser tratado en su sentido, aplicación, desarrollo, cambio y posibles mejoras.

Tercero

¿Los independentistas encarcelados, son “presos políticos “, que movilizan masas, pacíficamente, sin violencia física?

Es en este punto donde la confusión de los términos resulta mayor y puede que seductora. Porque instintivamente todos estamos a favor del derecho a pensar de diversa manera políticamente, sin creer que sea delito. Y a todos nos encanta que puedan conseguirse importantes objetivos sociales sin violencia física.

La estrategia independentista, patrocinada e impulsada hábilmente por singulares dirigentes y políticos, ha consistido en avivar, promover y justificar con razones aparentes el hecho de la independencia como meta y al coste que fuera. El sentimiento y deseo de la desconexión de España en determinados sectores sociales es reciente en Cataluña, no ha nacido espontáneamente, ha sido suscitado, trabajado y justificado reiteradamente en los medios de comunicación catalanes, fuertemente controlados por los Gobiernos últimos, independentistas y, sobre todo, porque los inductores, presentaban como lógico y legítimo un referéndum que era anticonstitucional y antidemocrático. Repárese en esto: se convoca a un objetivo no permitido por la Constitución, que figura como acción ilícita y delictiva, pero se lo admite sin ningún reparo, como si fuera derecho natural por nada condicionado.

Por otra parte, se insiste calculada y deliberadamente en que las convocatorias multitudinarias deben ser absolutamente pacíficas, sin violencia física, no porque se crea conseguir un objetivo valioso y legítimo: el de repeler y abatir un Estado totalitario. No, todos saben que el Estado español es democrático y de derecho y esa estrategia no violenta –trasplantada a Cataluña- la utiliza Gandhi como lucha contra un Estado totalitario. Y el Estado español no lo es.

Pero, pese a todo, se lo intenta, seguro de ser eficaz y lo es. En una ciudad como Barcelona, una la multitud cibernéticamente coordinada, puede ser convocada y congregada por miles y millares en un lugar en cuestión de minutos. Y, a esa multitud pacífica, alegre, con manos alzadas, no hay ejército, policía, tanques, porras ni otros medios de fuerza que la pare o disgregue.

Pero, de buena fe, o engañada y manipulada, acude, persiste y defiende el objetivo propuesto, (inmoral por anticonstitucional y antidemocrático), culpando luego a la Guardia civil o la Policía de brutal represión y de impensables causantes de unos derechos conculcados.

Se pasa por alto, ni se piensa en ello, que la presencia de la Policía o Guardia civil hubiera sido innecesaria si no hubiera habido convocatoria para un objetivo ilícito y delictivo.

Y a los instigadores, diseñadores y artífices de tal acción, ¿qué responsabilidad les incumbe? Porque, ¿qué proponen y defienden: ideas políticas u objetivos ilegítimos censurados por la Constitución? ¿No es la de ellos una violencia psicológica, moral, que enmascara y coacciona a una acción indigna? ¿Son presos políticos?

Un ejemplo analógico, pero histórico.

El obispo Pedro Casaldáliga vive desde hace más de 50 años en el Mato Grosso de Brasil , en una Prelatura, que es en extensión 1/3 de España, con grandes latifundios.

Cualquiera que lo conozca sabe de su lucha por los más empobrecidos y marginados de esa su Prelatura.

Un día se entera de que un terrateniente ejerce en su finca esclavitud intolerable con sus peones y campesinos. Trabajan con salarios de hambre. Nadie puede huir sin exponerse a torturas o a la muerte.

Acompañado de un Diputado decide ir personalmente a la finca para encararse con el terrateniente. Enterado éste de que el obispo le va a visitar, encarga al capataz que contrate a un campesino y le entregue un revólver del 38 para matar al obispo Pedro, un billete de avión y dinero para que pueda huir y valerse.

El campesino sabe a qué se expone si no obedece. Sale para cumplir su faena, sabiendo muy bien por dónde tiene que venir el Padre Pedro. Una fronda de árboles y arbustos le sirve de refugio y escondido allí le espera. Pero su cabeza comienza a cavilar: “Mi madre me decía que matar a un cura era ir al infierno. ¿Y matar a un obispo?”

El campesino no se lo pensó más. Y se volvió a atrás. Y a las horas, pasó libre por allí el obispo Casaldáliga y el diputado que lo acompañaba. Llegó a la finca y, como es natural, el terrateniente se quedó blanco.

A los 3 días compareció el campesino en casa del obispo y le dijo:”Tenga, este es el revólver con que lo tenía que matar”. Y el campesino le dictó, firmadas con su dedo de analfabeto, estas palabras:

“Yo, Vicente Paulo de Oliveira, peón de la Compañía de Bordón, S.A; donde estoy trabajando desde junio, declaro lo siguiente, sin recibir para ello ninguna paga. El capataz Benedito Teodoro Soares, de sobrenombre “Boca Quente”, abatió a tres hombres (Benedito da Silva, Geraldo y Vicente Paulo) porque no estaban conformes con la paga recibida.

Benedito “Boca Quente”, el día 1 de octubre, me pidió que matase al padre Pedro, y por matarlo él me daría mil cruzeiros, un revólver del 38 y pasaje para donde quisiera.

Y otra vez el día 5 de octubre, me pidió insistentemente que matase al padre Pedro; y si yo le descubría a él, me mataría.

Y, por ser verdad, lo firmó. Sao Félix, 30-10-71

Firmado con el dedo por Vicente da Silva.

Aplicación analógica (salvando lo peculiar de las circunstancias): el Sr. terrateniente, no violentó físicamente al campesino, no le puso una pistola en el pecho, no lo golpeó ni siquiera lo amenazó.

¿Quién, en el supuesto de que el campesino hubiera asesinado al obispo, era el autor primordial de aquella acción vil y criminal? ¿De ser encarcelado podría llamársele “preso político”?

Cuarto

La alternativa posible (¿desaprovechada?): democratizar Cataluña y, a la par, transformar España.

Son varios los autores (José Borrell, Vicens Navarro…) que, con rigurosa argumentación, han demostrado que la mayor crisis social -y la económica que se avecina- en la época de nuestra transición democrática, se ha producido durante los gobiernos independentistas de Convergencia Democrática y ERC, que han aplicado políticas de corte neoliberal en la reforma laboral, en recortes de gasto público social, en privatizaciones de servicios públicos del Estado del Bienestar, provocando un gran deterioro de la vida pública y bienestar social de las clases populares en Cataluña.

Cuando pudieron cambiar la ley electoral para hacerla más democrática y justa, por no corresponder a una mayoría de votos, no lo hicieron. La ley electoral nunca ha sacado una mayoría de votos independentistas.

Frente a las necesidades, problemas y derechos de la mayoría de la población catalana, se antepuso una estrategia sectaria y partidista del procés “express”, que buscase de inmediato y a toda costa el objetivo independentista. De hecho, Puigdemon apenas aprobó la mitad de las 43 leyes prometidas por haberse empeñado en dar prioridad a la actividad agitacional en pro de la independencia. Radicalizaron el discurso para incrementar la movilización independentista, desechando a todas las otras organizaciones que fomentasen la unión.

A España se la identificaba, por dirigentes irresponsables, con Castilla o con el Gobierno de Rajoy, continuador del franquismo, excluyendo toda colaboración con quienes presentasen una colaboración amable y atractiva de España.

La mayoría de la población catalana es soberanista (apoya el derecho a decidir) pero no es independentista. Pero los independentistas no han dejado de repetir,- con mentira-que el pueblo catalán desea ser independentista.

Convocar el Referéndum era hacerlo para la independencia, con lo cual excluyeron de él a todos los no independentistas. Omitían la verdad destacando la falta de libertad en España y ocultando su propia tiranía en el férreo control de los medios de comunicación en Cataluña.

La carga policial del 1 de Octubre, tan exagerada y mencionada en toda tertulia, se puede suponer que estaba prevista –y hasta puede que deseada- por políticos y otros dirigentes desvelados poco a poco, y era difícilmente evitable, aunque no por ello tolerable. Y fue “razón” para que muchos que no pensaban ir a votar lo hicieran.

La clase trabajadora (un 56, 15 %) nunca en Cataluña ha sido independentista por ser contraria a las políticas neoliberales de Artur Mas-Puigdemont y ERC. La independencia en sí no motiva a la mayoría de la población por su carencia de contenido social.

A pesar de ello, el discurso independentista ha sido obsesiva e ilusoriamente prometedor, señalando como obstáculo a una España represora y franquista, augurando que con la independencia todo iba a ser mejor: pensiones, sanidad, educación, salarios, etc. Digo ilusoriamente porque no han visto, contra toda evidencia, el incremento de frustración y dolor producidos en estos últimos 10 años.

Era posible otra alternativa, después de una época de 40 años, donde la convivencia en España entre todas las Autonomías había logrado ser en su historia quizás la mejor en prosperidad y progreso para todos, pese a muchas carencias y limitaciones y a muchas desigualdades e injusticias por corregir todavía.

Cataluña pudo atender y dar prioridad a una Cataluña nueva en colaboración con las izquierdas españolas, siendo sustento e impulso para una transformación mayor de expresión democrática catalana y, a la vez, de toda España.

Después de todo, ¿cómo llamar realmente a un movimiento que impidió en Cataluña proseguir y superar el mejor momento de su historia y de su relación con las otras autonomías de España? ¿Quiénes y por qué razones últimas lo suscitaron?