La profunda crisis normativa en la que nos encontramos se ha convertido en un campo más de experimentación donde transformar el Derecho en una armadura jurídica de dominación, pasando a formar parte –de manera expresa y con funcionamiento autónomo– del conjunto de mecanismos de opresión de las mayorías sociales. La mercantilización de la democracia es una de sus expresiones más preocupantes.

Con la crisis económica y financiera que se inició en 2008 se ha ido consolidando esa tendencia por la que los gobiernos deben acatar «normas inviolables» que sustraen las reglas del mercado al control de la democracia representativa. Se trata de aprobar y constitucionalizar una serie de límites no negociables por la soberanía popular. Y así parece que la democracia se convierte en un procedimiento de designación de gobernantes, cuyas decisiones quedan constreñidas por una armadura jurídica infranqueable al margen de la alternancia electoral. Son normas que permiten al mercado actuar sin límites y garantizar la acumulación de riqueza por parte de las grandes corporaciones transnacionales. No podemos olvidar que, al fin y al cabo, las constituciones son «mecanismos estabilizadores» que formalizan jurídicamente las relaciones de fuerza en el combate sociopolítico.

Desde esta perspectiva, las normas privadas pasan a situarse en la cúspide de la pirámide normativa. Y se convierten en una «constitución económica» que se impone –en la mayoría de las ocasiones sin ninguna oposición de los gobiernos– a los poderes ejecutivo y legislativo, sometiendo la soberanía popular al sistema económico capitalista. Por su parte, el poder judicial queda vinculado a la mera interpretación de esa sacrosanta constitución económica.

Esta constitución económica, eso sí, no se encuentra formalizada en ningún texto jurídico. Es una suma de normas, disposiciones, decisiones, pactos, tratados, resoluciones judiciales, planes, recomendaciones, rescates, deudas soberanas, indicadores riesgo-país, tratados comerciales y acuerdos de inversión, laudos arbitrales, etc. Todos ellos entrelazados, «amontonados» y superpuestos, de forma que desacoplan las reglas de la jerarquía normativa, el imperio de la ley y el Estado de Derecho.

De la reforma del artículo 135 de la constitución española hasta la aprobación del CETA, pasando por el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Japón que se ha anunciado hace poco, se trata de normas que se sustraen a la democracia y a los derechos de las mayorías sociales. Un nuevo marco institucional que fortalece el mercado, la propiedad privada, la privatización y la desregulación de los derechos sociales. Y que se vincula, a la vez, con acciones públicas que incorporan a la armadura jurídica de dominación la estabilidad monetaria, el control de la inflación, la austeridad fiscal, la «independencia» de los bancos centrales, el pago de la deuda… Normas privadas constitucionalizadas que todo el mundo debe obedecer, al margen de los vaivenes de la democracia representativa.

Esta es una tendencia que viene fraguándose desde hace años y que el modelo neoliberal ha ido implementando poco a poco. Sería muy interesante disponer de un análisis detallado sobre los límites que las armaduras jurídicas globales heredadas por los gobiernos progresistas en América Latina han supuesto para el ejercicio de las políticas públicas a favor de las mayorías sociales, ya que nos podría dar mucha luz respecto a las dificultades que conlleva poner en práctica la voluntad popular. En cualquier caso, la Unión Europea es un ejemplo paradigmático en esta línea. Recordemos aquellas palabras de Juncker hace tres años cuando dijo que no podrían celebrarse elecciones que contravinieran los tratados europeos.

Esta afirmación implica limitar los cambios sustanciales que pueda generar la alternancia electoral y, al mismo tiempo, consolidar de facto las reglas económicas por encima de las normas que protegen los derechos humanos y socioambientales que también forman parte de los mismos tratados. Y como nos demuestra la experiencia reciente de Grecia, representa una amenaza latente para toda opción política que pretenda modificar los intereses corporativos constitucionalizados. ¿Qué papel jugaron la Carta Europa de Derechos Fundamentales de la UE o la Convención Europea de Derechos Humanos en las decisiones que la troika impuso al pueblo griego que, por cierto, había ejercido su soberanía por medio de un referéndum democrático? Absolutamente ninguno.

Además, la propuesta de las instituciones comunitarias y de la mayoría de los gobiernos miembros de la Unión incide en la necesidad de filtrar la voluntad de las mayorías al ejercicio «responsable» de la política de los gobernantes, que deben ajustar la soberanía popular a las reglas privadas de carácter económico que consolidan la armadura jurídica de dominación. La aprobación de la reforma constitucional exprés para limitar el déficit público del gobierno Zapatero es nuevamente un ejemplo paradigmático al respecto.

Todo ello va alejando a la ciudadanía del control de los centros reales de poder, consolidando mecanismos autoritarios y debilitando la legitimidad de las instituciones representativas. Y es que la privatización de las normas jurídicas y la mercantilización de la democracia están provocando que los derechos humanos sean expulsados del imaginario colectivo y que se esté procediendo a una reconfiguración de quiénes son sujetos de derecho y quiénes quedan fuera de la categoría de seres humanos. Lo que nos conduce a una nueva etapa en la descomposición del sistema internacional de los derechos humanos.

Martes 16 de enero de 2018

Juan Hernández Zubizarreta (@JuanHZubiza) y Pedro Ramiro (@pramiro_) son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

(Gara, 13 de enero de 2018)