El acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera de La Habana que nos puso en el camino de la posibilidad de una transición política en Colombia está hoy día sometido a fuertes tensiones. De un lado, al proceso jurídico de extradición  que solicita el departamento de justicia de los Estados Unidos en cabeza del congresista elegido Jesús Santrick, por presuntos delitos de narcotráfico ocurridos después de la firma del acuerdo, se suma el rechazable e indignante  proceso de corrupción que se ha venido conociendo en el manejo de los dineros aportados por el gobierno nacional y la comunidad internacional, y cuyo fin es apalancar económicamente procesos productivos y de incorporación de los  excombatientes a la sociedad, y, además,  aliviar, al mismo tiempo,  la situación material de miles de personas que viven en los más de 370 territorios municipales que debido a la confrontación armada cuentan con una economía ilegal de coca y minería, sin la presencia institucional del Estado, y sin una ciudadanía deliberativa.

Este nuevo escándalo de corrupción, en el cual están siendo comprometidos funcionarios del gobierno y desmovilizados de las guerrillas, le hace un gran daño político a la credibilidad en la implementación de los acuerdos del proceso de paz. Parte de los costos políticos de esta corrupción se está viendo reflejada en el abandono de los sitios de concentración de centenares de excombatientes debido al incumplimiento por parte del gobierno y sus agencias de los proyectos de reincorporación. Muchos de ellos, seguramente, serán reclutados por la delincuencia del narcotráfico que ha venido copando masivamente los territorios donde antes tenía presencia la guerrilla de las Farc, ante la incapacidad operativa del Estado de hacer presencia allí,  implementando los acuerdos de paz a partir de fomentar mercados legales, institucionalidad democrática y construcción de ciudadanía.

De otro lado, el tema del cumplimiento de los acuerdos y su implementación se ha convertido en parte de la agenda electoral de los diversos candidatos a la presidencia de la república. Se destaca, entre ellos, la opinión negativa del Centro Democrático en el sentido de hacer revisiones de diversos aspectos, contrariando los puntos acordados en La Habana a fin de dar por terminado el conflicto político armado en Colombia.

Uno de ellos, es lo atinente al tema del narcotráfico; asunto ilegal que, entre otras cosas, es el soporte económico de subsistencia de más de 250 mil familias de un campesinado también ilegal. Sobre el asunto, el candidato Duque afirma que “en el gobierno nuestro vamos a hacer una reforma para que no sea un delito amnistiable, para que no siga siendo combustible de grupos armados ilegales. Segundo, la sustitución y la erradicación serán obligatorias y no voluntarias”. Lo anterior, es una propuesta totalmente contraria al punto 4 del acuerdo Habanero que precisa las solución negociada al problema de las drogas ilícitas sobre la base de la no judicialización del campesinado pobre, y considerando que la erradicación voluntaria y la sustitución de cultivos, son los elementos que conducen a mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades afectadas por la siembra de coca. Basta recordar, que el acuerdo consigna que esta nueva visión implica un tratamiento diferenciado al fenómeno del consumo, al problema del cultivo, y a la criminalidad asociada al narcotráfico. En tal sentido, criminalizar al campesinado pobre y cultivador de coca, y volver a las fumigaciones y erradicación obligatoria, lo que haría es profundizar aún más la violencia que se articula a esta economía ilegal, hoy día en un proceso expansivo de crecimiento.

Otro aspecto que pretende revisar del acuerdo de paz en un eventual gobierno de Duque, con el cuento de que esos compromisos afectan el Estado de Derecho, es lo pertinente a la negación de los derechos políticos de los miembros del partido de las FARC y su derecho a hacer política en el marco de las reglas del juego del Estado democrático. Como se sabe, el pacto acordó la presencia de voceros de la guerrilla desmovilizada como congresistas en un número de 5 senadores y 5 Representantes a la Cámara por dos periodos consecutivos. Duque ha manifestado que “Colombia debe aceptar la desmovilización, el desarme y la reinserción, pero los criminales de lesa humanidad no pueden ser elegibles hasta que no cumplan con sus penas. El que la hace la paga: tiene que ser la premisa de la legalidad”. Lo anterior,  contraria en esencia lo acordado en La Habana en el punto 2 sobre participación política  y 5 del acuerdo sobre las víctimas del conflicto, dejando sin piso lo pactado acerca de la incorporación al congreso de los 10 miembros de las Farc y desdice del origen político del conflicto armado en Colombia.

La posición política anterior, en el marco de la actual campaña electoral, complementa la actitud política que el candidato de la extrema derecha tuvo en el continuo saboteo que junto a su partido hizo consuetudinariamente durante el pasado periodo legislativo del Congreso, en el cual impidieron, ausentándose deliberadamente de las discusiones, la aprobación e implementación de una reforma política democrática, de una circunscripción especial de paz para asignar 16 curules a las víctimas, y la implementación de planes de desarrollo agrícola para esas comunidades olvidadas.

Es conocido además, la animadversión del señor Iván Duque frente a la Justicia Especial para la Paz; gran innovación jurídica en Colombia que permite hacer justicia a las víctimas, quienes nunca en la historia política del país han tenido la oportunidad de conocer la verdad acerca de violencia política que afecto sus vidas de manera directa. Esta justicia, es quizá, el alma del acuerdo de Paz; es la esencia de un pacto que permite la transición de una sociedad en guerra a una sociedad en paz. Es la justicia que permite satisfacer los derechos humanos de las víctimas, juzgar a los miles de victimarios de todos los bandos que cometieron crímenes de lesa humanidad; y ante todo, es la justicia que permite saber la verdad de tantos años de dolor y sufrimiento en que ha estado sumido el país en los últimos sesenta años. En particular, permite conocer la verdad por parte de los más olvidados quienes son los que han sufrido más los rigores del conflicto político armado. Pretender entonces hacer modificaciones a la justica de paz es negar el derecho de las víctimas a satisfacer su derecho humano a la justicia.

Por todo lo anterior, es preciso afirmar,  que lo que está en juego en este debate electoral presidencial  es la posibilidad de que Colombia por fin abandone el camino de la violencia política que por medio del acuerdo de La Habana que propone dar un paso hacia la civilidad y la convivencia democrática, O muy por el contrario, que persistan tercamente algunas elites políticas tradicionales en el manejo autoritario y violento de las diferentes causas que dan origen al conflicto político armado, y  para lo cual,  tienen el propósito político en esta campaña electoral,  de hacer, en medio de burlas y risas, trizas el acuerdo de paz.

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