Hace un mes se aprobó la Ley Marco de Cambio Climático, Ley 30754, después de cinco años de negociaciones y más de siete proyectos diversos, finalmente se llegó a un mínimo consenso.

Podríamos decir que fue un logro del congreso, pero esto es faltar a la verdad, el actual congreso en su abrumadora mayoría, no tuvo interés alguno en aprobar esta norma, la presión vino en un primer momento de afuera, al ser los anfitriones de la COP 20, el 2014, y tener la obligación moral de dar señales de interés.

En un segundo momento los propios efectos del calentamiento global como el denominado “niño costero” generaron las condiciones para aprobar esta norma.

Lo cierto es que tenemos una ley marco con 7 capítulos, 23 artículos, 13 disposiciones complementarias y un glosario de términos, ley que en su conjunto pocos conocen; no es la mejor norma, porque no hay leyes perfectas, son éstas finalmente instrumentos con la intención de enfrentar fenómenos que escapan a una interpretación exegética.

La ley marco, nos da la posibilidad histórica de empezar a construir una política nacional que comprenda la aprobación de diversos instrumentos en todos los niveles de gobierno y manera multisectorial para enfrentar de modo directo y sin vacilaciones los efectos que ya está generando el cambio climático.

El nuevo liderazgo en el Ministerio de Ambiente dio una señal importante hace una semana, cuando lanzó el proceso participativo de elaboración del reglamento de dicha ley. Donde mostró una propuesta que empezará con la publicación del Documentos Cero para después pasar a un proceso de aportes por ejes temáticos y grupales a través de reuniones macro regionales, para lograr un reglamento que garantice la implementación de la ley.

Sin embargo al lanzamiento le faltó mayor contundencia para que dicha propuesta sea enriquecida desde los actores no estatales y superar por ejemplo la reuniones macro regionales para lograr mayor participación; retos que están en las manos de dichos funcionarios para dar una vuelta de tuerca a lo que ha significado la tímida participación de la sociedad en la formulación de instrumentos que nos gobiernen, y que mejor momento de hacerlo, cuando necesitamos del aporte de todos y todas para enfrentar uno de los mayores desafíos de la humanidad que será mantener en raya la subida de la temperatura global por debajo de 2°.

No hay vuelta atrás, ésta norma es el punto de partida de nuevas leyes e instrumentos que por ejemplo nos permitan tener una política de incentivo de energías renovables y reducción de energías fósiles, instrumentos que permitan el monitoreo y medición de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la medición de la huella de carbono de productos, leyes que incentiven el transporte bajo en carbono, el impulso de tecnologías innovadoras y sobre todo acciones concretas para detener la deforestación y desglaciación.

En ese sentido, la protección de derechos medio ambientales o de tierras y territorios de pueblos indígenas cobran un significativo valor, el Estado no puede continuar con esa incoherencia regulativa y muchas veces esquizofrénica, que significa un día luchar contra el cambio climático y al otro aprobar normas que rebajan estándares ambientales y territoriales para beneficiar únicamente a proyectos de inversión con serios impactos en la degradación del ambiente y los territorios; además de altas emisiones de gases de efecto invernadero.

No solo se trata de cumplir con el Acuerdo de París, se trata de que, si cada Estado no hace su trabajo observando su realidad y proponiendo medidas agresivas para mitigar y adaptarse al cambio climático en nuestros sensibles ecosistemas, tendremos miles de desplazados y vidas que lamentar.

Mientras tanto, las negociaciones este año continúan en la COP 24 de Bangkok, donde se tendrá el manual de implementación del Acuerdo, con el objetivo de que las emisiones bajen de acuerdo a las Contribuciones Nacionales Determinadas que cada país se comprometió a cumplir. El 2020 cada país presentará nuevas Contribuciones Determinadas cuyo balance de cumplimiento se hará el 2023 y así sucesivamente.

La situación es clara, vamos en cuente regresiva y no hay tiempo para el insensato negacionismo que, desde EE.UU. ha promovido Trump, dejando incluso de financiar al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), por el contrario, es necesario desarrollar una conciencia crítica como especie y que entendamos que el cambio climático es real, dudar de ello no garantiza nuestra supervivencia, sino que puede llevarnos a la destrucción.

Luis Hallazi Méndez es abogado e investigador en derechos humanos

luis.hallazi@gmail.com