El español Juan Manuel Olarieta, comentando lo que ocurre en su país, sostiene que allí no hay falta de libertad de expresión, sino más bien exceso de fascismo. Bien podría usarse esa frase para precisar de una manera categórica lo que hoy ocurre en Nicaragua. Los que acusan al gobierno Sandinista de “acciones represivas” y de “atentados contra la libertad de expresión”, en verdad lo que perfilan con su conducta, es un exceso de fascismo.

Las llamadas “protestas de la oposición” empezaron en Managua el 18 de abril pasado. Han transcurrido casi 50 días y en ese lapso mucha agua ha corrido bajo los puentes, y mucha sangre también. Solo que esta última, no se puede adjudicar al gobierno de Daniel Ortega, a la Policía o al Ejército Sandinista; sino las facciones alzadas en armas y que hoy reivindican su demanda esencial: buscan derribar al gobierno para restaurar la “democracia neoliberal”.

Podría decirse que tienen legítimo derecho, los adversarios del Sandinismo, a oponerse al gobierno de Daniel Ortega y aún enfrentarlo; pero si quienes aspiran a ello se proclaman demócratas, debieran usar métodos democráticos; es decir organizarse políticamente, ganar la adhesión ciudadana, competir en elecciones, y derrotar en las ánforas al FSLN. Pero no lo hicieron.

Cuando tuvieron lugar los comicios más recientes –a fines del 2016- participaron divididos y perdieron la posibilidad de mostrar como una opción viable capaz de interesar al pueblo de Nicaragua. En ese contexto, la propuesta sandinista alcanzó ostensible mayoría, y Daniel Ortega fue reelecto con el 72% de las adhesiones electorales.

Haciendo un trazado de la historia, habría que recordar que los sandinistas llegaron al poder en julio de 1979 enfrentando con las armas en la mano, no a un régimen democrático, ni a un mandatario ungido por la voluntad ciudadana; sino derrocando a un dictador que durante 50 años había tenido sumido al país en una administración crudelísima. La lucha contra el régimen de los Somoza -esa “estirpe sangrienta”, como se le conocía- le costó a Nicaragua cien mil muertos. Unos cayeron antes de la victoria y otros después, porque la Revolución victoriosa de aquel año no fue aceptada, sino más bien brutalmente combatida por el Imperio; que organizó desde una agresión exterior, hasta una guerra interna para derribarla.

Cuando la oposición venció en las elecciones del 90, los sandinistas no se aferraron al poder, ni recurrieron a las armas para impedir el acceso de sus adversarios. Democráticamente entregaron el mando del país, y se dedicaron a trabajar en la base social para ganar –otra vez- la confianza de la población. Y eso, ocurrió en el 2007. Aquel año, el Sandinismo buscó estabilizar un camino de progreso y desarrollo promoviendo una suerte de “acuerdo nacional”, un “pacto” con el empresariado y la alta jerarquía eclesiástica que, unidas, se habían opuesto a cambios radicales en el periodo anterior. Ambas fuerzas buscaban –mediante ese “acuerdo”- maniatar al gobierno y frustrar la posibilidad de cambios reales en la sociedad nicaragüense. Esto último, no fue posible. La dinámica social impuso modificaciones sustanciales a la vida del país y generó un derrotero de avances sociales y políticos que se tornó indetenible. Y es eso, lo que explica lo que ocurre hoy.

Que fue apenas un pretexto el tema de las disposiciones referidas a la Seguridad Social, lo acredita el hecho que la norma dispuesta, quedó sin efecto casi de inmediato. No obstante, “la protesta” siguió ciertamente con otra exigencia: que se vaya Ortega y que cambie el gobierno. Una demanda “maximalista” que carecía totalmente de base económica, política o social.

Pero ella se ha mantenido a lo largo de casi 50 días y se ha expresado en acciones terroristas en Masaya, Estelí, León, Matagalpa, Granada y Managua. Como resulta de ellas, alrededor de un centenar de personas ha dejado de existir, y se han producido ingentes daños materiales a la propiedad pública y privada. Acciones de neto corte violentista han ocurrido en distintas ciudades del país. Mutatis Mutandis, en los predios nicaragüenses se ha retratado la violencia terrorista que azotara a Venezuela entre abril y julio pasado y que hoy luce apenas como casi un vago recuerdo.

Las “guarimbas” del país llanero cambiaron de escenario y se “trasladaron” como por arte de birlibirloque a los predios nicaragüenses, esta vez en manos de las temibles bandas delictivas procedentes de los Estados Unidos. Como en el dictado de una cartilla, jóvenes, que pululaban en territorio yanqui organizados en siniestras “Maras Salvatruchas” aparecieron en la Patria de Darío, consumando atentados de diverso signo, bloqueando caminos y habiendo uso de morteros, y otras armas de guerra. A todo esto bien se le puede llamar “exceso de fascismo”.

¿Cómo han podido organizarse, armarse y financiarse para durar tanto tiempo y operar impunemente? En ninguno de nuestros países, eso hubiese sido posible. Para comenzar, en el Perú, cuando 5 de febrero de 1975 se produjeron acciones vandálicas consumadas por los Comandando de Acción del APRA, las cosas duraron horas. Comenzaron a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde hubo Estado de Emergencia, suspensión de garantías, toque de queda y hasta Ley Marcial. En Brasil, Temer movilizó recientemente al ejército para enfrentar a las favelas; y en Chile, los Carabineros atacan con todo a los manifestantes que protestan. En Nicaragua, no los tocan.

Y no los tocan porque el gobierno asumió por voluntad propia el compromiso de no recurrir al Ejército Sandinista y acuarteló a la Policía. Por lo demás, en ese país –como en Venezuela- la policía está impedida de hacer uso de armas de fuego. Eso es lo que explica que las bandas armadas operen hoy, a su libre albedrío, en la tierra de Sandino.

Y tan limpia ha sido la actitud del gobierno de Ortega en la materia, que ni siquiera la OEA se ha atrevido a responsabilizarlo por las muertes ocurridas. Hasta el propio Luis Almagro se ha visto forzado a enfrentarse a estos sediciosos, acusándolos de incubar “planes golpistas”. Las evidencias, en tal sentido, resultan sencillamente abrumadoras.

La respuesta del pueblo ha sido clara. Grandes movilizaciones de masas en defensa del Gobierno Sandinista tuvieron lugar el 30 de abril –con motivo del aniversario de la muerte de Tomas Borge y la celebración del 1 de Mayo- y más recientemente, el 30 de mayo, el Día las Madres. Pero antes, y después, se han producido conciertos populares en casi todas las ciudades del país, jornadas de paz, llamamientos a la unidad nacional, movilizaciones pacíficas de la población. El pueblo en cada lugar se ha volcado a las calles para demandar el fin de la violencia terrorista desatada impunemente contra Nicaragua.

Y es que, en definitiva, todo tiene un límite. Las jornadas de paz, puedan alentar a la gente; y las oraciones, fortalecer la fe de los creyentes; pero las acciones terroristas no cesarán mientras el enemigo sienta que puede avanzar. Y eso, hay que enfrentarlo sin concesiones.

En el escenario internacional hay quienes, quizá de buena fe, se muestran reticentes ante los hechos de Nicaragua y hasta “se suman” a las proclamas de “la oposición” mostrando una ingenua vocación “democrática”.

A ellos hay que decirles una cosa muy clara: si hipotéticamente fuera derrotado el pueblo de Nicaragua y cayera el gobierno sandinista; no le sucederá a Ortega una esplendorosa democracia burguesa, sino un régimen neonazi inspirado en el Fondo Monetario y el Banco Mundial, y protegido por la OTAN; que ya estará en Nuestra América gracias al “pedido” formulado por Juan Manuel Santos, en nombre de Colombia.

No hay que ser iluso, entonces. Hay que entender la necesidad de acciones concretas para quebrarle el espinazo a la reacción; porque lo que está en juego, no es cualquier cosa: es la suerte de un pueblo al que todos los latinoamericanos tenemos el deber de defender sin prejuicios, ni reservas cobardes; tal como lo reclamara en su momento José Carlos Mariátegui.

Gustavo Espinoza M.

Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera

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