Los voceros de ARENA y ANEP, el principal partido político y la gremial empresarial de la derecha oligárquica, niegan que con su propuesta de “Ley Integral de Agua” busquen privatizar el agua; y acusan de mentirosas a las organizaciones populares, a la UCA, a la PDDH y a la Conferencia Episcopal.

Ciertamente, el cuestionado proyecto de ley no plantea expresamente, por ejemplo, que “el agua es un bien privado, propiedad de las empresas y la población tendrá que pagar por ella lo que los empresarios decidan cobrar”. Por tanto, dicen, es falso el cuento de la privatización del agua.

La vía de privatización es la integración de la institución rectora de las políticas hídricas: ANEP quiere asegurarse el control de dicha instancia para, desde ahí, privilegiar los intereses de las empresas privadas por encima de las necesidades de la población.

Así, las políticas hídricas estarán en función de la demanda de industriales, ingenios cañeros y demás mercaderes del agua, en detrimento del acceso a agua abundante y de calidad para la gente. Y eso ¡es privatización!

Pero ARENA y ANEP piensan que la población es tonta y buscan engañarla, como hicieron antes. Recordemos que para privatizar los bancos, durante el gobierno de Alfredo Cristiani, dijeron que se trataba de “sanearlos para robustecer el sistema financiero”; cuando privatizaron las pensiones, en la administración de Armando Calderón Sol, dijeron que era para “beneficiar a los jubilados”; la dolarización, en el quinquenio de Francisco Flores, la presentaron como “bimonetarismo” en una ley llamada “de Integración Monetaria”.

Ahora dicen que el dominio de ANEP en el ente rector de las políticas hídricas es para hacer eficiente el servicio que ANDA ahora presta mal. Pero son ¡mentiras!

El país no debe olvidar que ARENA, ANEP y sus secuaces siempre mienten para engañar; y esta vez la población debe estar clara de que la derecha empresarial busca privatizar el agua para convertirla en su negocio.

Por eso la población entera debe exigir una ley que reconozca el agua como derecho humano, garantice la gestión pública del vital líquido y permita la participación comunitaria en la protección de los bienes hídricos.

19 de junio de 2018

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)