Pasadas las elecciones en Colombia que dejó como ganador al candidato de la derecha, Iván Duque Márquez, con el 53% de la votación, quedó en entredicho el proceso de Paz pactado entre el Estado y las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Ello por cuanto el candidato ganador ofreció en su campaña reformar los acuerdos en por lo menos tres aspectos que son el centro de los mismos: ofreció que los reformaría para imponer penas de cárcel a los jefes guerrilleros por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por ellos en desarrollo del conflicto armado y prohibirles ejercer cargos de representación popular hasta tanto no purguen penas de cárcel por sus delitos; eliminar la conexidad del narcotráfico con el delito político que afecta al proceso toda vez que la guerrilla de las FARC se lucró del narcotráfico para financiar la confrontación armada con el Estado y finalmente ofreció reformar la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, para que brinde aún más ventajas a los militares incursos en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra puesto que según él y sus correligionarios del Centro Democrático, Partido Político de la extrema derecha que lo postuló a la presidencia de la República, la composición actual de la JEP no brinda condiciones de imparcialidad a los militares y agentes del Estado incursos en investigaciones penales por esos delitos.

Aún antes de la posesión y como resultado derivado de su triunfo se produjo en reacomodo de las fuerzas políticas en el actual Congreso de la República. Las mayorías que apenas hace unos cuantos meses aprobaron el andamiaje jurídico para avanzar en el proceso de reincorporación política de la antigua guerrilla de las FARC que ha hecho tránsito a partido político, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, han comenzado el camino para sembrar obstáculos que llenan de incertidumbre el futuro del proceso.

Dos hechos son relevantes en esta coyuntura y ellos amenazan seriamente la reincorporación política de las guerrillas que es justamente la parte de los Acuerdos de La Habana que mayores desarrollos habían tenido, puesto que las mayor parte de los Acuerdos en temas como la reparación de las víctimas, la representación política de las mismas, la reforma rural integral, la formalización de la propiedad de la tierra, la erradicación concertada de los cultivos de uso ilícito, el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, y el desmonte de los grupos paramilitares, no han tenido mayores avances o bien porque el Gobierno no presentó los proyectos a consideración del Congreso como es el caso de la reforma rural integral o el proyecto de ley para el fortalecimiento de las organizaciones sociales o cuando los presentó como fue el caso de las 16 circunscripciones especiales de paz para los 167 municipios en que se desarrolló durante los últimos 50 años con mayor intensidad el conflicto armado entre las FARC y el Estado, naufragó en el Congreso por falta de voluntad política para su aprobación y actualmente se encuentran en consideración del Consejo de Estado que debe determinar si los votos que obtuvo constituían o no las mayorías requeridas para su aprobación. Igual o peor suerte tuvo el proyecto de reforma política que se hundió en la pasada legislatura. El futuro de estos acuerdos en realmente incierto puesto que como hemos señalado el presidente electo, Iván Duque Márquez se ha mostrado no solo reacio a los mismos sino que prácticamente no se sabe que piensa al respecto de esta parte de los acuerdos. En sus gaseosas declaraciones solo se ha referido a que impulsara los proyectos para la reincorporación de los guerrilleros de base puesto que para los dirigentes ha ofrecido como ya indicamos penas de cárcel efectiva y en caso de reincidencia en conductas criminales ha ofrecido la extradición.

Los dos hechos relevantes a los que nos referimos ya fueron consumados en el Congreso de la República. En la ley que buscaba dotar de normas para los procesos judiciales de la JEP el Centro Democrático propuso múltiples enmiendas ahora respaldadas por las mayorías parlamentarias las cuales fueron aprobadas en el proyecto de ley que está ya en manos del presidente de la República para su sanción que dicho sea de paso Santos ha anunciado que lo hará pese a que el Gobierno que preside fue derrotado en dos temas centrales que afectan a esta jurisdicción especial creada como un mecanismo de justicia transicional que tendría la misión de investigar y juzgar a todos los actores del conflicto armado vivido por el país en los últimos cincuenta años. Estos dos artículos introducidos para entorpecer el proceso fueron por una parte la prohibición a la JEP para practicar pruebas en los procesos de extradición. Según el proyecto aprobado la JEP solo deberá constatar si la fecha en que ocurrieron los presuntos delitos fue con posterioridad al 1 de diciembre de 2016 fecha en que entraron en vigencia los Acuerdos y para ello se le prohíbe practicar pruebas, es decir, evaluar si el sustento probatorio allegado por los solicitantes de la extradición realmente amerita la misma o si por el contrario no son suficientes para autorizar la extradición. Como se ha señalado prohibir a los jueces la práctica de pruebas no solo es violatorio de la constitución sino del debido proceso y viola las más elementales normas de la justicia en cualquier lugar del mundo. Los jueces para tomar una decisión deben evaluar las pruebas y determinar si son sólidas para privar de la libertad a una persona y autorizar que sean enviados al país que solicita la extradición para ser juzgados en el extranjero. No es solo cuestión de soberanía nacional sino de garantizar los derechos de los ciudadanos colombianos. El mismo día que el Congreso de la República aprobaba este adefesio la Corte Constitucional resolvía que los jueces de la JEP deberían aplicar el Código Penal vigente que expresamente autoriza a los jueces a practicar pruebas en los procesos de extradición. Esto lo aprobó al fallar una demanda instaurada por diversos actores entre ellos la Fiscalía General de la Nación para determinar si la JEP era competente o no para decidir en el caso de Jesús Santrich solicitado en extradición por una Corte de los Estados Unidos. Este caso nos indica que lo que nos espera en estos cuatro años de Gobierno de Duque será una dura confrontación entre los jueces de la República y el Gobierno que contará con unas mayorías holgadas en el Congreso para hacer trizas el proceso de Paz como lo ofrecieron los sectores más extremistas del Partido del presidente electo.

El segundo artículo aprobado busca crear dentro de la JEP una sala especial con nuevos jueces para que se investigue a los militares y miembros de la Fuerza Pública, incursos en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Para ello mete en el congelador por 18 meses, tiempo que estima necesario para aprobar las reformas en el Congreso, la comparecencia de los más de 2000 militares que se han acogido a la Jurisdicción Especial de Paz. Ello provocó un duro pronunciamiento de la Cúpula de las Fuerzas Armadas que se manifestaron en contra del proyecto. Lo único que lograron con su pronunciamiento fue una reforma del texto original. Lo que se aprobó es que los miembros de la Fuerza Pública sometidos a la JEP podrán decidir si continúan con los procesos bajo la normatividad vigente o esperan a que el Congreso de la República apruebe la reforma prometida y respaldada por el presidente electo, Iván Duque Márquez. El contenido de esta reforma no solo desconoce los acuerdos sino que va en contra de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ya se pronunció frente a la JEP y aprobó la normatividad para que los miembros de la Fuerza Pública se sometieran a la JEP.

El gobierno de Santos ha señalado que para que la JEP se ponga en marcha sancionara la Ley. Así mismo ha señalado que acudirá mediante demanda ante la Corte Constitucional para que sea ella la que determine si estas dos reformas violan la constitución o no. Como hemos dicho lo que se avizora en estos próximos años será una dura confrontación no solo con la oposición hoy fortalecida por las nuevas normas contenidas en el Estatuto de la Oposición y con una importante bancada en el Congreso de la República sino que la confrontación se trasladará a los estrados judiciales como ya ocurre con estas reformas aprobadas por el Congreso de la República. Hasta ahora la rama judicial ha dado muestras de independencia. Esperemos que siga dando muestras de independencia pues en sus manos queda el moribundo proceso de paz en el país. El otro proyecto de Ley aprobado establece que los guerrilleros elegidos en las pasadas elecciones del 11 de marzo no podrán formar parte de las comisiones segundas del Congreso que son las encargadas de los temas de seguridad nacional. Aquí nuevamente se presenta un choque con el actual gobierno que ha señalado que esa norma es inconstitucional y viola los derechos de los parlamentarios elegidos por la FARC. Aún no se sabe a ciencia cierta si el gobierno objetará la ley en cuyo caso deberá volver al Congreso para que examine las objeciones y si no está de acuerdo con ellas deberá pasar a la revisión de la Corte Constitucional para que sea ella la que determine la presunta inconstitucionalidad de la norma.

Estas son entonces las trabas al proceso de paz. Estamos a la espera que el Gobierno entrante presente los proyectos que ha prometido de reforma a los acuerdos con lo cual se pondrá en riesgo lo logrado. Pero no solo atentan contra el proceso las reformas aprobadas y las que se anuncian. Quizás el obstáculo mayor que afronta el proceso es el asesinato de los excombatientes de las FARC que ya suman más de 60 y el asesinato de líderes sociales. Desde el 1 de diciembre de 2016 en que entraron en vigencia los acuerdos de paz han sido asesinados 217 líderes sociales y en los primeros cinco días del mes de julio han sido asesinados 21 líderes sociales en distintas regiones del país. Muchos de ellos además del liderazgo social que ejercían también eran reconocidos líderes de la Colombia Humana que apoyó las aspiraciones presidenciales de Gustavo Petro. Es decir se está asesinando a la oposición en medio de la más completa impunidad. Este es un riesgo mayor y pese a las reclamaciones, el Gobierno actual se ha mostrado impotente para hacer frente a esta que a nuestro juicio es la mayor amenaza a la paz y al orden democrático del país. La oposición ha anunciado una gran movilización nacional para reclamar por una política de protección a los líderes sociales para este viernes 6 de julio en las principales ciudades del país.

Bogotá julio 5 de 2018.

Pedro Santana Rodríguez

Director de la Revista Sur