La población no debe pasar desapercibida la elección de los nuevos magistrados de la Sala Constitucional que se realizará en las próximas horas en la Asamblea Legislativa. Los nuevos magistrados deben responder a los intereses del país, no a partidos políticos o élites empresariales.

Informes de Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y del grupo de expertos internacionales traídos por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) ya habían alertado sobre falencias en la selección de candidatos – en el gremio de abogados y en el Consejo Nacional de la Judicatura- que podrían derivar en una mala elección en la Asamblea.

Y ahora nuevos informes de organizaciones e investigaciones periodísticas serias confirman que los perfilados como posibles nuevos magistrados no son necesariamente los mejor evaluados. Por tanto, la ciudadanía debería exigir que los/as diputados/as elijan con criterios de idoneidad y no por conveniencia personal o partidaria.

Es sospechoso que una de las candidatas preferidas de todos los partidos políticos sea la actual procuradora general de la República, Sonia Cortez de Madriz, una funcionaria que ha pasado sin pena ni gloria ocho años en una instancia que no ha tenido mayores transformaciones en el ejercicio de su labor. ¿Acaso los diputados quieren a magistrados incompetentes e intrascendentes, “bien portados” y “que no causen problemas”?

Más sospechoso aún es que todos los partidos pongan primero en la lista de posibles magistrados al jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rafael Pineda, funcionario que investiga por posible enriquecimiento ilícito a 37 de los 84 diputados de la actual legislatura y a otros tantos personeros de todos los partidos políticos. ¿Acaso Pineda utiliza esas investigaciones como chantaje para que lo nombren magistrado? ¿Acaso los diputados quieren elegirlo magistrado para apartarlo de las investigaciones?

Desde todo punto de vista es anti-ético que Pineda pida el voto a quienes está investigando por posibles delitos de corrupción, por tanto, debe ser descartado como posible magistrado. Si estuviera utilizando las investigaciones de Probidad como moneda de cambio para su elección, ¿cómo serían sus actuaciones en la futura Sala de lo Constitucional?

Hay más cosas feas y malolientes en el proceso de elección de los nuevos magistrados, pero el país está a tiempo de evitar una mala elección. La ciudadanía democrática y toda la población honrada, decente y trabajadora deberían movilizarse hacia la Asamblea Legislativa.

16 julio de 2018

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)