Desde diciembre de 2015, el gobierno encabezado por Mauricio Macri intentó presentarse como la vía de superación de una larga noche “populista”, el abanderado de la honestidad y la eficiencia frente al presunto despilfarro y falta de escrúpulos de la gestión anterior. Acompañaban esos postulados el de asumir políticas promercado y aperturistas que reinsertaran a Argentina en “el mundo” y la convirtieran en un “país normal”. Se suponía que esa suma de virtudes se asentarían sobre una política económica que redujera la pobreza y disminuyera la inflación en una proporción significativa.

Ninguna de las mencionadas promesas se ha cumplido, y la coalición de gobierno aparece cada vez más encerrada en la tentativa de disimular las ominosas sombras del presente con la predicción de un futuro promisorio que no se corresponde con la situación actual; junto con la amenaza de retorno a un pasado que se insiste en presentar como un infierno en combustión del que felizmente se ha logrado salir. El problema es que esa construcción se revela como un mero ejercicio de imaginación y pierde credibilidad incluso en sectores que votaron a Macri como presidente y lo apoyaron de nuevo en las elecciones parlamentarias de 2017.

El gobierno se vuelca hoy al cumplimiento del programa stand by que impone el FMI y el subsecuente ajuste como si fuera una magna empresa de salvación nacional. La frase “haciendo lo que hay que hacer”, que se aplicaba hasta hace poco a la propaganda de las obras públicas en curso, ahora se utiliza como síntesis de la decisión de seguir a pie juntillas las indicaciones del organismo financiero internacional. Adquiere así ciertas resonancias del “no hay alternativa” de Margaret Thatcher, ya que el presidente suele repetir que si hubiera otro camino menos costoso lo tomaría, pero tal posibilidad no existe.

En la ejecución del acuerdo con el Fondo, parece haber una intención clara: Apuntar todo a reducir el gasto público, sin tocar para nada los ingresos. Las alternativas de incremento de estos últimos, han sido hasta ahora desechadas (suspensión de la baja de retenciones a las exportaciones, aplicación más gradual de la reforma fiscal, etc.) En el combate contra la inflación se descarta cualquier mecanismo de control de precios, apenas si asoma la prospectiva de algún “gradualismo” en el incremento de tarifas y combustibles. Toda medida que pueda rozar, así sea en lo mínimo, los intereses del gran capital, es dejada de lado sin mayor trámite.

Casi no se necesita decirlo, el impacto de un ajuste de ese tipo recaerá sobre los trabajadores y otros sectores populares, vía la reducción de la obra pública que hará perder puestos de trabajo, el probable despido masivo de empleados públicos, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios que realimentará el curso recesivo y destruirá aún más puestos de trabajo en los sectores de la economía ligados al consumo masivo.

Como siempre, los beneficiarios principales se encontrarán en el núcleo del gran capital. Los exportadores por los efectos de la devaluación, los bancos con las múltiples oportunidades para la ganancia especulativa, las empresas energéticas y de servicios públicos con las tarifas más favorables, las petroleras que han ganado permisividad en el aumento del precio de los combustibles, etc. Aún dentro del empresariado, los sectores más ligados al mercado interno, y en particular los orientados al consumo masivo, van a sufrir los efectos de la mencionada caída del salario real, a la luz de una inflación que va en aumento en una magnitud tal que hoy la previsión de un 30% para todo el año empieza a ser un cálculo optimista.

Las posibilidades de disimular la dura realidad se esfuman. Desde el oficialismo vuelve a hablarse del “segundo semestre” ya no como una perspectiva de moderado optimismo, que ya fracasó en la segunda parte de 2016, sino, al contrario, como anuncio de que viene una temporada más que dura, más allá de la cuál recién podría vislumbrarse un futuro un poco más tolerable.

En la proyección de la política de ajuste se complica toda la política de alianzas del gobierno, tanto con los gobernadores provinciales de origen peronista, como con los propios integrantes de la alianza Cambiemos, y las disidencias se dan incluso al interior del partido del presidente, Propuesta Republicana (PRO). En su momento se habló desde el gobierno de un “gran acuerdo nacional” que incluyera a mandatarios locales y a otros actores políticos, empresariales y sindicales. Poco después, pareció imponerse la idea contraria, de no buscar ningún consenso de conjunto, sino negociar jurisdicción por jurisdicción, y llegado el caso, prorrogar para el año próximo la vigencia del presupuesto del presente año, sin ninguna modalidad de acuerdo. De adoptarse esa línea de conducta, se acentuarían los rasgos confrontativos de la gestión de gobierno, dispuesta a erigir al F.M.I y el cumplimiento de sus indicaciones en el eje fundamental, por lo menos durante el plazo restante del actual período presidencial.

Después de dos años y medio, la gestión Macri vuelve a fojas cero, con niveles de inflación, devaluación y estancamiento económico, similares o aún peores a los de los primeros meses de 2016, cuando el gobierno recién comenzaba.

La polarización con el “populismo” sigue oficiando como modo de no reconocer el fracaso, de acuerdo a esa visión se atraviesa todavía la resaca de la “fiesta” kirchnerista. Se soslaya la enorme evidencia de que el elenco gubernamental asumido en diciembre de 2015 sostuvo casi desde el inicio la prédica de “lo peor ya pasó”, y en consonancia con eso llevó adelante políticas que han sido parte fundamental de la situación que hoy se vive. Otro sonsonete del gobierno es que de no haber llegado Cambiemos al gobierno “íbamos a ser Venezuela”. Esa apelación contrafáctica a una situación que el discurso gubernamental presenta como espantosa (hiperinflación, escasez de productos básicos, emigración masiva, etc.) intenta adosarle el mérito incomprobable de haber evitado una catástrofe. La situación actual en el país quita fuerza de convicción a contratiempos virtuales que nadie experimentó.

Hasta la víspera el oficialismo aparecía comprometido con el objetivo estratégico de conformación de un peronismo “razonable” que pudiera ser fuerza de alternancia sin poner en el menor riesgo las políticas que dan prioridad a la maximización de ganancias del gran capital. Hoy se renuncia a esa finalidad cara al establishment, que no quiere depender de un solo partido o coalición a la hora de promover las mejores condiciones para la maximización de sus ganancias. En los últimos meses vuelve a tomar fuerza el propósito de buscar para las próximas elecciones presidenciales un escenario de choque directo con el kirchnerismo, en lo posible encarnado por la candidatura de la propia CFK. Como no puede confiarse en las ausentes realizaciones del actual oficialismo, la apuesta se desplaza a contar con un espantajo que atraiga votos por el camino del mal menor.

Sin embargo, el presidente, y la gestión de Cambiemos, si bien pierden adhesión con respecto a las altas cotas de apoyo de los últimos meses de 2017, aún están lejos de sufrir un derrumbe total. Todo indica que ese tercio del electorado que lo votó en la primera vuelta de las presidenciales de 2015 y volvió a hacerlo en octubre de 2017, todavía le sigue fiel. La incógnita es cuánto durará esto, en vistas del escenario de recesión con inflación que se proyecta sobre el futuro inmediato.

El gobierno vive una coyuntura de desfasajes y desaciertos, en la que parece flaquear en el que era uno de sus mayores puntos de solidez: La elaboración de un discurso atractivo, respaldado por una informal “cadena” de medios de comunicación afines, capaz de generar resentimiento hacia el pasado y expectativas creíbles a futuro, corriendo el foco de un presente que, desde diciembre de 2015 nunca alcanzó a ser halagüeño para la mayor parte de la población. También pierde fuerza el mencionado discurso “refundacional”, que promete echar una valla sobre setenta años de “populismo” para instaurar un nuevo tiempo signado no sólo por el “libre mercado” sino también por el respeto a la institucionalidad y la transparencia. Los propios hombres del gobierno reconocen que la política de comunicación se ha resentido mucho, lo que no les es tan fácil de asumir es que los descalabros crecientes en la vida cotidiana no pueden ser cubiertos con artilugios en el terreno discursivo.

El vínculo estrechísimo con el círculo de los grandes negocios hace que la falta de autonomía del gobierno sea muy visible y, en esa situación el discurso “republicano”, junto con la pretensión de erigirse en “clase dirigente” basada en el prestigio y no en el poderío económico y la coerción tienden a debilitarse al máximo. La construcción de hegemonía necesita tener entre sus bases un correlato de concesiones materiales a las clases subalternas, nada sólido en ese campo emana de las acciones concretas del gobierno de Cambiemos.

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Más allá de la evaluación del futuro político del gobierno, cabe la pregunta sobre su misma posibilidad de llevar a cabo en todo o en parte las políticas que se propone, y con ella la actitud de sectores mayoritarios de la sociedad frente al rumbo elegido por la derecha gobernante.

Salta a la vista que las respuestas populares a las políticas regresivas del gobierno, y últimamente contra el acuerdo con el FMI y las nuevas penurias que anuncia, están acordes con la tradición de fuerte organización y capacidad de movilización que poseen las clases explotadas de nuestro país. Grandes y pequeñas luchas, movilizaciones generales o sectoriales, jalonan el día a día de las ciudades argentinas. Entre los últimos casos están el paro general del 25 de junio y la imponente manifestación del 9 de julio, portadora de la consigna “la patria está en peligro”, en alusión a las amenazas que entrañan las políticas consensuadas con el Fondo Monetario. El aluvional crecimiento del movimiento de mujeres, teñido por un claro signo opositor, es otro aspecto de la rica y combativa sociedad civil, que no está dispuesta a aceptar; la redistribución regresiva de la riqueza, el correlativo crecimiento de la pobreza y el desempleo, la constante incertidumbre sobre la vida cotidiana, el incremento de la explotación. Y no renuncia a los empeños por consagrar nuevos derechos y ampliar presencias en el escenario público.

Esa conquista cotidiana de la calle no amaina con discursos disuasivos ni medidas represivas. La motivación de muchas manifestaciones es económica, pero otros aspectos de las políticas públicas tienen respuestas de similar fuerza y masividad.

No se trata de negar la existencia de indicios que van en otra dirección, como la consabida renuencia de la dirección de la Confederación General del Trabajo a asumir una dinámica de lucha profunda y constante contra los avances de la clase dominante sobre las condiciones de vida y de trabajo de sus “representados”. Pero aún esa conducción burocrática se ve presionada a la acción por el descontento y los reclamos de las bases trabajadoras de todo el país. Su bostezo prolongado se ha visto sacudido una y otra vez, hasta dar lugar al reciente paro general que mencionamos más arriba, cuyo masivo acatamiento alcanzó niveles que hace años no se veían.

Cabe, nos parece, sostener la apuesta de que una movilización popular creciente, acompañada por el reforzamiento o la construcción de organizaciones de orientaciones combativas y clasistas, y la posibilidad de encontrar vías de unidad de acción con las que no las tienen, son un sustento importante a la hora de neutralizar la agresión continuada contra los intereses de las clases populares que el actual gobierno pone en curso.

Se juega hoy la posibilidad de que, una vez más, el programa de máxima del gran capital vea frustrada su culminación por una resistencia de masas que no resigna derechos, y mantiene su disposición a plantarse contra el disciplinamiento que las clases dominantes pretenden imponerle.

24 julio, 2018

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