En la primera parte (https://lahaine.org/aT5Z) de nuestro trabajo, expusimos las tendencias actuales que llevan a la región latinoamericana a experimentar el penoso tránsito de las condiciones formales de las democracias “controladas” a los nuevos Estados de excepción. Dentro de este cuadro señalamos el papel que viene ocupando el papel del “Estado de Derecho” y de la “democracia” en la actual contra-ofensiva política de las derechas en su interés por reestablecer su sistema de explotación y dominio en la región.

Dentro de la panoplia de cartas que concentra la oligarquía regional subordinada al imperialismo estadounidense, se han puesto de manifiesto golpes de Estado “de nuevo tipo”, los cuales, han sido constituidos apelando a los sacrosantos principios del “Estado de Derecho”, concatenados al uso político de los poderes de Justicia (Lawfare). Los casos más recientes son la persecución judicial contra el expresidente de Ecuador y el seguimiento de una versión Argentina de la operación “Lava-Jato”.

Dentro de este contexto, es posible señalar que, los crecientes procesos de criminalización de la protesta social, y la acentuación de éstos mediante los agudos procesos de militarización de las sociedades latinoamericanas, desde la narrativa neoliberal, no se contraponen al “Estado de Derecho”. Antes bien, al apoyarse en la esfera “constitucional”, el Estado de excepción asume un nivel superior.

Cada vez más, nuestros países tienen al Estado de excepción permanente normalizado en su cuerpo constitucional, y allí en donde existen “lagunas jurídicas” o persistan “insuficiencias”, las clases dominantes se apresuran a poner en práctica esta modalidad jurídico-política “de excepción”. Colombia, Brasil, México, Argentina, Perú, Honduras, destacan dentro de esta morfología estatal.      

En un periodo histórico marcado por las luchas por los derechos laborales, sociales y colectivos, desmantelados y corroídos por los imperativos de acumulación y reproducción del capital –en un cuadro de crisis estructural–, se tiende a abrir una nueva etapa en el papel de Fuerza del Estado, el cual en un primer momento se presenta con la metamorfosis del Estado de Derecho en Estado de derecho de excepción. Cuando se asiste a un relativo ascenso de las demandas populares, a su protagonismo en las calles, y las luchas sociales alteran los equilibrios del orden político amenazando una reorganización de relaciones de fuerza –en el plano local e internacional–, se presentan nuevas etapas de crisis e inestabilidad política, bajo las cuales, el papel del Estado de excepción cobra vida en la actualidad con los procesos de militarización de la vida social.

La adscripción de Colombia como “socio global” de la OTAN, además del cerco a Venezuela que representa, adquiere dimensiones de coerción y desarticulación hacia los movimientos populares de la región. Colombia es, al decir de Kurt Tidd –jefe del Comando Sur de los Estados Unidos–, un “exportador neto de seguridad en la región”.^[1] Más aun, en Brasil y Argentina, estancados en la crisis económica y social, en agudas relaciones de ajuste, superexplotación del trabajo y dependencia, así como en niveles álgidos de lucha de clases y rearticulación popular que llevan a la crisis política, de legitimidad y de gobernabilidad, se suceden simultáneamente acentuados procesos de militarización y judicialización de la política. Dos momentos vinculados a la profundización de las relaciones de Temer y Macri con Washington y el Comando Sur.^[2]

Resulta cada vez más claro que las condiciones económicas y políticas del capitalismo dependiente latinoamericano empujan a una nueva etapa en el ejercicio de la “violencia extraeconómica”. Para el capital, los nuevos periodos de crisis política vuelven inestable el aseguramiento de las finanzas, de los ejes principales de la acumulación, el papel de la industria, del agronegocio exportador; vuelven vacilantes las transferencias de valor al exterior, la concentración de la riqueza, así como las propias condiciones políticas internas (y geopolíticas) que hacen prevalecer las relaciones de poder y dominio. Del lado del movimiento popular se impugna el saqueo de recursos, la eliminación de los derechos sociales, las elevadas condiciones de explotación del trabajo; se cuestiona la profundización de la dependencia, y se lucha contra el agudo deterioro de las condiciones de existencia social.

Bajo estos marcos económicos y políticos se afirma una etapa sometida al despliegue de fuerzas policiaco-militares con los cuales se busca hacer prevalecer los intereses de las oligarquías, los nuevos imperativos a la reproducción del capital, y por consecuencia, se pretende subyugar los grandes obstáculos sociales.

En este sentido, distintos países latinoamericanos experimentan crecientes procesos de militarización de la vida social. El caso de Honduras a raíz de las fuertes manifestaciones populares contra el fraude electoral en la pasada elección presidencial de noviembre de 2017. Cabe señalar que el golpe hondureño de junio de 2009, el cual depuso al expresidente Manuel Zelaya, fue apoyado mediante intervención militar, además del Congreso y el papel de los medios de comunicación.

Con el gobierno de Temer, se asiste a la profundización del uso de las fuerzas armadas. Primero contra las manifestaciones “Ocupa Brasilia”, que llevaron al Ejecutivo a decretar el uso de las fuerzas armadas en el Distrito Federal (mayo de 2017). Posteriormente, con el decreto que instituye la intervención militar en Rio de Janeiro (febrero 2018), el cual agravó la violencia social y el número de homicidios, como el que produjo el asesinato de Marielle Franco, socialista negra que denunció la militarización de los barrios más pobres de Río. Y más recientemente, con la crisis de gobernabilidady desabasto acaecida por la paralización generalizada de los transportistas a fines de mayo de 2018, frente a la cual el gobierno decretó la acción de las fuerzas armadas para desahogar los más de 600 bloqueos organizados en todo el país como parte de la inconformidad contra el incremento a los precios de los combustibles. Asimismo, cabe señalar los numerosos posicionamientos de mandos militares en el gobierno de Temer, y el renovado protagonismo de éstos en la vida política nacional. Dos ejemplos. Primero, las amenazas del general Luiz Gonzaga Schroeder Lessa al Tribunal Supremo Federal (abril de 2018) de una “reacción armada” en caso de “habilitar” el pedido de habeas corpus a Lula, el cual le permitiría recobrar su libertad, y con ello, la presentación oficial de su candidatura a la presidencia. Segundo, apenas hace unos días, con la presentación formal de la candidatura presidencial del ex capitán del Ejército, Jair Bolsonaro, rodeado de “amigos y hermanos policías y militares” a los que ha prometido su “reconocimiento” y “muchos puestos en su gabinete”.

En Argentina, con la creciente movilización social, el gobierno de Macri ha venido respondiendo con la represión. Así lo hizo con las protestas de los mapuches, en donde asesinó al joven Santiago Maldonado, tras su larga desaparición y la presentación de su cuerpo momentos antes de las elecciones legislativas de agosto 2017. Tras su triunfo en éstas, Macri aceleró el proceso de regresión económica. Con las fuerzas policiacas por delante, contestó las protestas populares contra la imposición de la reforma de la seguridad social en diciembre de 2017. Así, el gobierno argentino ha venido fortaleciendo el aparato militar, por ejemplo, además de acceder a armamento especializado de origen israelí^[3] y estadounidense, ha re-articulado la gendarmería y las policías a los dispositivos militares, empujando así a las fuerzas armadas a ejercer tareas de seguridad pública nacional, prohibidas por la Ley de seguridad interior.

Sometida a los ataques de especulación financierista –que en sí mismos encierran el traspaso de partes sustantivas del fondo de consumo de las masas populares al fondo de acumulación del capital–, la grave crisis económica argentina (cambiaria, inflacionaria, monetaria, comercial) con efectos profundos en la producción y consumo interno, crisis que se agrava con el crédito “stand-by” fondomonetarista por 50 mil millones de dólares, que implica una inaguantable carga social agravada por violentas políticas de ajuste, lleva a un nuevo y explosivo periodo de movilización social anunciado con mayor fuerza el pasado 25 de mayo bajo la consigna “la patria está en peligro”.

Dentro de este cuadro, Argentina experimenta “dos tendencias convergentes” de gran velocidad: la declinante senda hacia una “implosión económica” y la tendencia perfilada hacia la erupción de una enorme “explosión social”, las cuales pueden amenazar “al entramado institucional y mediático que sostiene al sistema” (Jorge Beinstein^[4]). De ahí que en el gobierno Macri se ponga en el orden del día el fortalecimiento del aparato represivo militar cuya expresión más clara se presentó con el anuncio (25 de julio) de la reestructuración militar, la “colaboración de las fuerzas armadas en seguridad interior” y “la custodia de los objetivos estratégicos”.

En México, ante el estancamiento permanente de la economía, el fracaso de la etapa contra-reformista dirigida por el presidente Enrique Peña Nieto, quien en alianza con los jefes de los hasta ese momento principales partidos políticos (PRI, PAN, PRD), impusieron al país un programa de reestructuración neoliberal compuesto por once reformas estructurales de carácter anti-nacional y anti-obrero, en el plano laboral, educación, energía, etc. Las promesas de “crecimiento” y “desarrollo”, pronto se toparon con la realidad de una modalidad de acumulación dependiente, subordinada y excluyente, que ha generalizado las condiciones de pobreza y de violencia social, sin que faltasen álgidos momentos de insurrección social en distintas regiones del país. Dentro de este contexto, se vincula la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes normalistas, y la profundización de la crisis social, así como el estado de agotamiento democrático expuesto con la crisis de representación y delegitimidad política, que llevó al gobierno a imponer en diciembre de 2017 la Ley de Seguridad Interior, una ley que modifica el Estado de excepción de facto (tras diez años del Ejército en las calles) elevándolo a su plena condición de jure. Todo esto no hizo sino jugar en favor del cataclismo electoral^[5] que se produjo en las recientes elecciones en México con los resultados conocidos. No obstante, el próximo gobierno mexicano (2018-2024) tendrá que encarar –entre otros desafíos– el elevado proceso de militarización^[6] de la vigente forma de acumulación y reproducción del capital que violenta de un modo permanente los derechos sociales y colectivos del grueso de la sociedad mexicana. 

La violencia política bajo el espectro abstracto del Estado del capital  

Las relaciones de poder, de explotación y dominio en el mundo del capital no se presentan de un modo transparente. Un orden de mediaciones fetichizadas las reconstituye como relaciones de “igualdad” y “libertad”. La lógica general que asume el capital en el metabolismo social opaca permanentemente la violencia política de clase. La estatalidad del capital tiende a auto-legitimarse como una organización política “neutra” situada “por encima de la sociedad”. El Estado en el mundo del capital se presenta como instancia representativa de “individuos libres”.^[7]

La forma que asumen las relaciones de producción mercantil (premisas materiales de la sociedad capitalista moderna) reproduce un orden estatal que en su desenvolvimiento práctico se presenta de un modo desvinculado de las relaciones de explotación y dominación (clasistas). Más aún -lo que refuerza la ficción de “neutralidad” del Estado- cuando se constata que el Estado capitalista es la primera forma de organización política que se manifiesta como autónoma a las clases sociales, como un órgano distanciado de las clases sociales. En la forma general del Estado capitalista, la clase dominante se encuentra directamente separada de la administración del aparato estatal. Todo ello establece una autoridad política que se constituye como un “poder público”, una entidad “abstracta” o una “fuerza impersonal”.^[8] En síntesis, el Estado asume caracteres universalistas con los que se presenta como la encarnación del “interés general”, como un “Estado de Todos”.  

En este sentido, el conjunto de aparatos del Estado (justicia, administración, ejército, etc.), incluso las instituciones pertenecientes al ámbito “privado”, como los medios de comunicación, reproducen su discurso de un modo inmerso en estos principios abstractos que la estatalidad del capital permanentemente reconstruye, creando con ello el imaginario de una comunidad (ilusoria). Principios tales como igualdad política (jurídica y electoral), libertad económica (“libre mercado”), “unidad nacional”, derechos democráticos, Estado de Derecho, conforman a este imaginario.         

La forma democrática del Estado oligárquico latinoamericano, implica el uso de la fuerza y de la justicia bajo estos peculiares sentidos. Los procesos de militarización pronunciados cada vez con mayor fuerza en América Latina se despliegan dentro de este espectro abstracto y universalista que la política del capital reproduce.  

El despliegue de la fuerza estatal es ejercido bajo los cánones formales y abstractos del Estado. Por ejemplo, bajo el llamado a la “democracia”, los “derechos ciudadanos”, el “Estado de Derecho”, el “restablecimiento del orden” y de la “paz social”. Estos principios son integrados incluso bajo una crisis de legitimidad y del consenso (en su mayor desgaste), la cual cuestiona la eficacia de los principios del imaginario de comunidad y la reproducción de la relación de dominio, lo que agrava la deriva estatal hacia la militarización.

Es aquí donde se visualizan mejor discursos como el de Mauricio Macri, quien en el anuncio del plan de reforma de las Fuerzas Armadas, hace apenas unos días señaló: “Estoy acá porque queremos saldar la deuda con las fuerzas armadas de la democracia".

Así también, tras las masivas protestas de la sociedad hondureña contra el Fraude electoral en la elección presidencial de noviembre de 2017, el ministro del gobierno de Honduras, Jorge Ramón Hernández, anunció en cadena nacional^[9] el decreto que impuso el Estado de excepción y la suspensión de garantías constitucionales a partir del 1º de diciembre de 2017, y en el cual señaló: “Se determina que las Fuerzas Armadas apoyen de forma conjunta o separadamente cuando la situación así lo requiera a la Policía Nacional, debiendo poner en ejecución los planes necesarios para mantener el orden y la seguridad de la República y garantizar el ejercicio de los derechos democráticos”. Posteriormente, en su toma de posesión presidencial, Juan Orlando Hernández, llamó a “recuperar la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño”, y convocó a la sociedad a “unirnos por la paz”.

Recordemos también aquella expresión de Michel Temer en su participación en la 71ra Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2016, cuando poco más de tres meses del golpe de Estado, arguyó que el proceso de destitución de Dilma Rousseff respetó “el inquebrantable compromiso con la democracia”, al tiempo que señaló que Brasil “dio al mundo un ejemplo de que no puede haber democracia sin Estado de derecho”. Más aun, en su discurso proclamado en el marco de su decreto de intervención de las fuerzas armadas en la seguridad pública de Río, señaló que el “crimen organizado” “amenaza la tranquilidad de nuestro pueblo”.

No muy lejos se encuentra de estos discursos el gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto, quien, por ejemplo, a su llegada de su viaje a China -el día 15 de noviembre de 2014- cuando se encontró con las manifestaciones masivas contra su gobierno a raíz del crimen de Estado con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, señaló: “el Estado está legítimamente facultado para usar la fuerza ´cuando se ha agotado cualquier otro mecanismo para restablecer el orden´ […] Yo aspiro y espero que no sea el caso de lo que el gobierno deba hacer; que no lleguemos a este extremo de tener que usar la fuerza pública. Queremos convocar al orden, a la paz.^[10] En marzo de 2017, el comandante Guillermo Almazán Bertotto, de la 11 zona militar, en una conferencia frente a 400 estudiantes de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en el marco de la difusión de las ideas castrenses para aprobar la Ley de Seguridad Interior, señaló: “Las fuerzas armadas somos el último recurso del poder político para proporcionar a la sociedad esa gobernabilidad democrática que es el funcionamiento de las instituciones, que es vivir en paz, que es estado de derecho’’.^[11]  

Así, en nuestros países latinoamericanos, distintos discursos, proclamas, anuncios, frases, están encaminados a revestir permanentemente a la materialidad letal del uso de la fuerza estatal, y ello, bajo el manto abstracto del Estado de Derecho, de la “democracia” y de la “seguridad”, fundamentos formales de la “libertad” y de la “igualdad” en el mundo del capital.

Más allá del desgastamiento del discurso estatal y mediático, que influyen en la crisis política (y de legitimidad), y en la acentuación progresiva del papel de la fuerza del Estado, el despliegue operativo de la violencia del Estado exacerba su revestimiento en la esfera de la ideología y sus procesos de fetichización. 

Neoliberalismo y exacerbación del universalismo abstracto del Estado

La ruptura del pacto social propiciada con la afirmación del neoliberalismo, llevó a la crisis de legitimidad, lo que provocó agudos periodos de inestabilidad política en la región, y de la cual brotaría la oleada de gobiernos progresistas. Las políticas sociales de bienestar fueron desmanteladas al unísono de la acentuación de la concentración de riqueza y del crecimiento de las desigualdades. La ofensiva de clase dirigida por las políticas económicas neoliberales era incompatible con un equilibrio relativo de compromisos y prerrogativas que el Estado bienestarista organizaba entre las principales clases sociales, y sobre el cual reposaba el viejo orden de legitimidad.

Sin tregua alguna con el mundo del trabajo, y sin ceder a las demandas sociales, el neoliberalismo erosionó las otrora bases redistributivas que dotaban de legitimidad al viejo Estado. Al hacerlo, el orden neoliberal reorientó las bases de legitimidad en la construcción de un “nuevo capitalismo democrático”, y para lo cual se encauzó hacia el exacerbamiento de los universalismos abstractos, como nuevo eje del patrón de legitimidad.^[12] El “mundo libre”, las “democracias modernas”, el Estado de derecho, el combate a la “corrupción”^[13], la defensa de la “seguridad” y de la “paz social”, entre otros, han constituido los principales recursos (objetivos y subjetivos) de la política del capital en la era neoliberal. Con éstos, el neoliberalismo refuerza los procesos de construcción de la comunidad (ilusoria). Y en ello reposa sin descanso la acción efectiva del ejercicio de los aparatos de fuerza.

Así, Estados Unidos ha desplegado la guerra contra el “terrorismo” en distintos países del mundo enarbolando los principios de la Libertad, de la Democracia y de los Derechos Humanos. El Comando Sur envuelve sus ejercicios militares apelando a la defensa de la democracia, los derechos humanos, y al combate al “narcotráfico”^[14]. 

Las crisis económicas y políticas que atraviesan a los distintos países de la región, lleva a los gobiernos de derecha a su mayor radicalización reaccionaria: se hace la guerra en nombre de la paz; se militarizan las sociedades en nombre de la democracia; se criminaliza y reprime la movilización social en nombre del Estado de Derecho; se reproducen mecanismos de control disciplinario en nombre de la seguridad ciudadana; se derriban gobiernos en nombre del derecho y de la justicia. En este marco, la amenaza latente de una “intervención militar” en Venezuela es continuamente revestida de una “emergencia humanitaria”.

La violencia del capital se agrava con el enmascaramiento del lenguaje abstracto del Estado vinculado a la neoliberalización de la democracia, procesos que fortalecen el uso letal de la fuerza del Estado como mecanismo de restablecimiento del dominio y de la cohesión social.

 Notas

^[1] Jim Garamone, “Southern Command Chief Says South American Allies ‘Got Game’”, 7/06/2018, http://www.southcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/Article/1544677/southern-command-chief-says-south-american-allies-got-game/

^[2] Al decir de Kurt Tidd, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil "son naciones que compartiría con nuestros mejores socios en la OTAN […] Estos son ejércitos orgullosos y capaces que han asumido responsabilidades de seguridad más amplias". Ibid.

^[3] Ver, Guillermo Martínez, “Las compras secretas de armas de Argentina”, 18-02-2018,  http://virginiabolten.com.ar/politica-argentina/las-compras-secretas-armas-argentina/

^[4] “Dos tendencias convergentes. En ruta hacia la implosión económica y la explosión social”, www.lahaine.org, 30/07/2018, https://beinstein.lahaine.org/dos-tendencias-convergentes-en-ruta-hacia/

^[5] Ver nuestro artículo: Efectos y razones del cataclismo electoral en México, www.rebelión.org, 11-07-2018,   http://www.rebelion.org/noticia.php?id=244000   

^[6] “Militarizan más, suben muertes”. Reforma, 19/07/2018,

ver, https://www.debate.com.mx/mexico/Militarizan-mas-suben-muertes-mexico-despliegue-militar-asesinatos-delincuencia-20180719-0090.html

^[7] Sobre esto, ver, Jaime Osorio, “Acerca del Estado, el poder político y el Estado dependiente”, Revista Herramienta.com.ar, 20/04/2018, https://www.herramienta.com.ar/articulo.php?id=2809  

^[8] De ahí la paradigmática pregunta de Pashukanis: “¿Por qué la dominación de clase no permanece como lo que es, es decir, la sujeción de una parte de la población a otra? […] Por qué el aparato de coacción estatal no se constituye como el aparato privado de la clase dominante, por qué se separa de esta última, y reviste un aparato de poder público impersonal, separado de la sociedad?”. E. B. Pashukanis, La teoría general del derecho y el marxismo. México, Grijalbo, 1976. p. 142.

^[9] Ver su transmisión por Telesur, https://www.youtube.com/watch?v=AuIQY-IIfS0

^[10] “El Estado, facultado a usar la fuerza para restablecer el orden, advierte Peña”. La Jornada, 16-11-2014. p. 7. http://www.jornada.com.mx/2014/11/16/politica/007n1pol

^[11] “La seguridad interior no es responsabilidad de las fuerzas armadas: general Almazán”, La Jornada, 16/03/2017. https://www.jornada.com.mx/2017/03/16/politica/005n1pol. Sobre el recurso al Estado de Derecho en la crisis política con el movimiento magisterial en el gobierno de Peña Nieto, ver nuestro trabajo: “Estado de Derecho: El fundamento del Estado autoritario mexicano”, en, cdamcheguevara.wordpress 4/07/2016,  https://cdamcheguevara.files.wordpress.com/2016/12/edo-de-derecho-el-fundamento-del-estado-autoritario.pdf

^[12] “… ´las nuevas democracias latinoamericanas´, con su mezcla de inconsecuentes procesos de ciudadanización política cabalgando sobre una creciente “desciudadanización económica y social”, culminan en una ciudadanía formal y fetichizada, vaciada de contenido sustantivo y segura fuente de futuros despotismos”. Atilio Boron, Estado, capitalismo y democracia en América Latina. Clacso, 2003. “Introducción: Después del saqueo: el capitalismo latinoamericano a comienzos del nuevo siglo”. p. 34; “El neoliberalismo, como forma de organización del capitalismo a partir de sus módulos y redes más poderosas, logra la hegemonía ideológica con una democracia en que lo social es adjetivo”. Pablo González Casanova, “Prólogo: La trama del neoliberalismo, una introducción.” En Emir Sader y Pablo Gentili (Compiladores) La trama del neoliberalismo. Clacso. 2ª edición 2003. p. 8.

^[13] El “combate a la corrupción”, vinculado a la defensa del “Estado de Derecho”, ha mostrado ser una herramienta importante (Lawfare) en los golpes “de nuevo tipo” en América Latina. Es de señalar que el tema central –“de vital importancia”, según Mike Pence– de la VIII Cumbre de las Américas, en abril de 2018, fue: “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”. En dicha Cumbre, en una réplica al agresivo discurso del vicepresidente M. Pence, el canciller cubano Bruno Rodríguez expresó: “se utiliza la lucha contra la corrupción como un arma política; los fiscales y jueces actúan como ´partidos políticos´ y se impide a los electores votar por candidatos con fuerte apoyo popular […] Hoy existe el peligro del retorno al uso de la fuerza, la imposición indiscriminada de medidas coercitivas unilaterales y de golpes militares cruentos. http://www.cubadebate.cu/especiales/2018/04/14/bruno-rodriguez-en-cumbre-de-las-americas-cuba-no-aceptara-amenazas-ni-chantajes-de-estados-unidos/#.W2OdhtUzaM8 

^[14] El discurso de Mike Pence (14/04/2018) en la VIII Cumbre de las Américas, resume buena parte del manto ideológico que envuelve a la política del imperialismo en América Latina: “hemisferio de libertad”, “valores democráticos”, “restauración de la democracia”, “derechos humanos básicos”, “desafíos de seguridad”, “corrupción”, “régimen totalitario”, “tiranías”, “dictaduras”, “Estado fallido”, “crisis humanitaria”, son nociones recurrentemente utilizadas por Pence y con las que se revisten las agresiones intervencionistas de Estados Unidos en la región. Ver el discurso completo: https://mx.usembassy.gov/es/discurso-del-vicepresidente-pence-en-la-primera-sesion-plenaria-de-la-cumbre-de-las-americas/