El presidente Mauricio Macri reconoce que por la mayor inflación y la devaluación luego de la corrida cambiaria se incrementa la pobreza en la Argentina.

Lo que le falta reconocer es que la inflación y la devaluación son consecuencia directa de su política económica: de ingresos, fiscal, monetaria y cambiaria.

Todas las medidas adoptadas desde que asumió el gobierno en diciembre del 2015 suponen una transferencia de ingresos desde la mayoría de la sociedad al núcleo que concentra el ingreso y la riqueza y por eso, lo lógico es el aumento de la pobreza.

No en vano nos anoticiamos que los jubilados necesitan como mínimo más de 21.000 pesos para vivir en la Ciudad de Buenos Aires, al tiempo que se reconoce por el INDEC el fuerte crecimiento de los precios de los alimentos y los medicamentos, elementos imprescindibles en la canasta de los adultos mayores.

Macri mintió con su promesa de campaña relativa a “pobreza cero” e incluso se incluyó como objetivo principal en sus primeros mensajes, ya a cargo de la presidencia.

Claro que se puede decir que era notorio que incumpliría el propósito porque el objetivo de la ganancia empresaria contraría todo proyecto a favor de los pobres, pero el asunto es que con eso intentó limpiar su mensaje y ganar consenso electoral, logrado en 2015 y 2017.

Ahora, desde la “sinceridad” del objetivo incumplido se propone continuar el verso relativo a que la política económica promueve la lucha contra la pobreza. Suena raro el intento propagandístico contra tarifas y precios acelerados que afecta negativamente a la mayoría social de menores ingresos.

No solo 3,1% de inflación en el mes de julio, sino precios mayoristas que luego se trasladarán a los minoristas del 4,7% en el mismo mes. En el acumulado enero a julio del 2018 suman 19,6% los precios minoristas y 36,5% los mayoristas. Si anualizamos desde julio del 2017 al presente tenemos un acumulado de 31,2% en minoristas y de 47,1 en mayoristas.

La inflación ajusta a los de abajo. Son datos que dejan atrás la banda establecida en el acuerdo con el FMI, que indicaba un potencial evolución de precios entre el 27 y el 32% para todo el 2018.

El debate es en cuanto superará el máximo establecido en el acuerdo que el FMI empezó a monitorear esta semana.

Se privilegia la especulación financiera

No se duda que el FMI aceptará el pedido de perdón (waiver) del gobierno argentino por incumplir con la inflación y no solo por razones ideológicas, sino porque Macri cumple con el ajuste y reducción del déficit primario, aun cuando aumenta el déficit financiero, que más que compensa el achique del gasto social.

La lógica es clara y evidente. Argentina funciona con base al endeudamiento y por ende crecen los intereses a pagar y la recaudación tiene un destino privilegiado en sostener fines especulativos de los recursos públicos, incluidas las reservas internacionales administradas para la fuga de capitales.

Un ejemplo está en el conflicto educativo y especialmente en la Universidad. No se iniciaron las clases en el segundo semestre y la oferta de agosto apunta a actualizar un 5,8% los ingresos docentes, sumados a un 5% ya otorgado en marzo pasado.

Un vergonzoso e insuficiente 10,8% cuando lo acumulado de inflación de precios al mes de julio es 19,6% y para agosto superará el 22%. Además, el máximo propuesta para todo el año no supera el 15%, contra una inflación esperada por el encima del 32%.

El conflicto no se agota en los salarios docentes de 180.000 trabajadores y trabajadores, sino que alcanza al financiamiento de la actividad en conjunto para las 57 universidades nacionales.

Ya había sido reducido el presupuesto total asignado a las universidades, de 106 mil millones de pesos a 103 mil millones y además, para el primer trimestre se reconoce una sub-ejecución presupuestaria mayor al 28%, ya que restan gastar aun 14.500 millones de 51.000 millones que debieron girar desde el poder ejecutivo para gastar en las Universidades.

Al gobierno Macri no le interesa que no haya clases, no solo en la Universidad. Su objetivo es reducir el gasto social en educación, salud o calidad de vida de la mayoría de la población. La evidencia es el aumento del gasto financiero por encima de cualquier compromiso de satisfacer derechos de la sociedad.

Esta semana se amplió el swap negociado entre China y Argentina, en yuanes, la moneda china por el equivalente de 4.000 millones de dólares y en septiembre, se espera el segundo desembolso por 3.000 millones de dólares del total de 50.000 millones acordados oportunamente con el FMI.

Más interesa ahora al gobierno desarmar las posiciones en LEBAC (deuda en pesos) para construir una hipoteca en dólares, para lo que usan las reservas, que imaginar un financiamiento adecuado del proyecto educativo, social y menos aún de un modelo productivo que satisfaga las demandas de empleo e ingresos de la mayoría de la población.

Consecuencias sociales y horizonte represivo

Son temas delicados porque está en juego el destino político en el marco de una prematura campaña electoral presidencial para el 2019, incluso con hipótesis de adelantamiento ante los límites y consecuencias sociales de las condiciones actuales de la economía, base del descontento y creciente protesta.

No preocupa si llega el Gobierno al final del mandato, sino que alarma que no se satisfacen necesidades sociales de la mayoría con menguados ingresos, alta inflación y rumbo recesivo que augura en el corto y mediano plazo peores condiciones para el empleo y el ingreso popular.

Urge modificar la política económica, un imposible sin cambiar la correlación de fuerzas sociales y culturales en la disputa por el consenso social relativo al proyecto político en el país.

Más aún con un horizonte de acrecentamiento de la represión ante manifestaciones críticas a las iniciativas del poder. Remito a la presencia en el país, la semana pasada, del Jefe del Pentágono estadounidense para monitorear el operativo de seguridad ante la cumbre presidencial del G20 del 30/11 y 1/12.

Operativo que anticipa la imagen de ciudad sitiada para Buenos Aires desde una semana previa al cónclave de Presidentes, impidiendo la manifestación crítica del pueblo argentino.

Las deliberaciones del G20 son por y para el ajuste y el rumbo antipopular que definen las ganancias defendidas por los gobiernos de los principales países del capitalismo mundial.

Más que nunca se requiere campaña contra los propósitos del gobierno y del poder mundial, parte de lo cual se propuso esta semana el Congreso del Movimiento 21F, hegemonizado por sectores sindicales, que desde el Estadio de Atlanta formuló un programa construido por 825 organizaciones articuladas en 28 multisectoriales reunidas en todo el territorio federal.

El encuentro se propuso como parte de la campaña en curso contra el cónclave del G20. Desde su Congreso federal, el 21F se dispone a profundizar las convergencias y articulaciones políticas y sociales necesarias para sustentar un programa alternativo con propuestas que sustentan un enfoque de soberanía contra la profundización de la dependencia implicada en la política oficial.

Buenos Aires, 19 de agosto de 2018

Julio C. Gambina

Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP

Ciudad de Buenos Aires.

www.juliogambina.blogspot.com