«¡Oro!, ¡oro maravilloso, brillante, precioso! ¡No, oh dioses,

no soy hombre que haga plegarias inconsecuentes! (Simples raíces, oh cielos purísimos!)

Un poco de él puede volver lo blanco, negro; lo feo, hermoso;

lo falso, verdadero; lo bajo; noble; lo viejo, joven; lo cobarde, valiente

¡oh dioses! ¿Por qué?

Esto va arrancar de vuestro lado a vuestros sacerdotes y a vuestros sirvientes;

va a retirar la almohada de debajo de la cabeza del hombre más robusto;

este amarillo esclavo

va a atar y desatar lazos sagrados, bendecir a los malditos,

hacer adorable la lepra blanca, dar plaza a los ladrones

y hacerlos sentarse entre los senadores, con títulos, genuflexiones y alabanzas;

(Shakespeare, Timón de Atenas. Citado por Carlos Marx, Manuscritos económicos filosóficos de 1844. Tercer Manuscrito [El poder del dinero]).

El ansia por acumular dinero y bienes por cualquier medio es un rasgo común de todos los que tienen poder económico y, casi siempre, también de quienes detentan el poder político. Sobre todo cuando saben que pueden hacerlo impunemente porque el sistema económico vigente promueve la corrupción y ésta es facilitada por la ausencia–en todos los Estados del mundo- de un verdadero control popular de la gestión de la cosa pública. 

Argentina no es, en modo alguno, la excepción. Ni lo fue antes ni lo es ahora.

Muy oportunamente para el actual Gobierno, se destapó la olla de la corrupción durante el kirchnerismo, pero de manera parcial, a fin de no sacar a relucir la continuidad en lo fundamental de las políticas entreguistas, antinacionales, antipopulares, y antiecológicas de ambos gobiernos.

Es por ello que ahora solo apareció la punta del iceberg, pero no el resto.

Algunos ejemplos.

1) CONTRATO YPF-CHEVRON. El 13 de julio del 2013 YPF y Chevron firmaron el acuerdo de proyecto de inversión para explotar en Vaca Muerta (1), provincia de Neuquén, yacimientos petrolíferos por el método de “fracking”. Método prohibido en varios países por su reconocida peligrosidad ecológica y geológica (véase https://sgerendask.com/en-cuales-paises-esta-prohibido-el-fracking/).

Varias cláusulas del contrato y anexos permanecieron secretos.

Ni YPF ni Chevron aceptaron entregar copias al Congreso. Adujeron que ambas petroleras eran privadas, que sus documentos eran confidenciales y que, por lo tanto, no había razones para exponerlos.

El entonces senador nacional Rubén Giustiniani inició una causa judicial para que se diera a conocer el acuerdo. La empresa alegaba que el decreto 1172/2003 de acceso a la información pública no la alcanzaba y que su difusión podría violar acuerdos comerciales que se comprometió a mantener en secreto.

La confidencialidad fue avalada primero por el gobierno de Cristina Kirchner y luego por el de Mauricio Macri. "Hay secretos de tipo comercial, científico y tecnológico que deben ser resguardados para el desarrollo de este tipo de industria", dijo la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, quien cambió de postura porque cuando era diputada de la oposición había criticado duramente la confidencialidad del acuerdo.

El caso llegó hasta la Corte Suprema, que en noviembre de 2015 ordenó a YPF diera a conocer el acuerdo. La empresa entregó el contrato pero con tachaduras. Se volvió a discutir el caso y la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó que la empresa debía darle el convenio a Giustiniani. (2)

Las cláusulas secretas del acuerdo entre YPF y Chevron

Uno los secretos del acuerdo entre YPF y Chevron es la constitución de un entramado de empresas en Uruguay, Bermuda y Estados Unidos. El objetivo de la conformación de esas sociedades, explicaron los ejecutivos de YPF, era evitar el embargo de los miles de millones de dólares que la compañía extranjera debía invertir.

"Holdings Uruguay" y "Holdings Bermuda" son los nombres que se conocen ahora que figuraban en el acuerdo. Esos holdings después se convirtieron en las sociedades off shore a través de las cuales llegaron los dólares para invertir en Vaca Muerta. Sus nombres habían sido tachados cuando la compañía entregó el acuerdo a la justicia.

Esa es una de las partes del acuerdo que se mantenía en secreto. La mayoría que hasta ahora no se conocían hace referencia a Holdings Uruguay y a Holdings Bermuda. La primera se convirtió en "Wokker Investment S.A" y la segunda en "YPF Shale Oil Holding LTD", constituidas en esos países. También se creó en Delaware, Estados Unidos, "YPF Shale Oil Investment S.A.". Por esas compañías llegaron desde 2013 hasta el primer semestre de este año 2.800 millones de dólares de Chevron a "Compañía de Hidrocarburos no convencional S.R.L", creada en Argentina, para la explotación de "Vaca Muerta".

Funcionarios de YPF explicaron que en julio de 2013 el contexto político y económico tenía tres amenazas: los fondos buitres, Repsol y el juicio por daño ambiental de los pueblos originarios contra Chevron en Ecuador.

Los funcionarios sostuvieron que el entramado de empresas buscaba evitar esos obstáculos.

Entre YPF y Chevron no hay un solo acuerdo, hay 26: 12 contratos principales y 14 complementarios. En la empresa señalan que para conocer y entender la operatoria por "Vaca Muerta" hay que tener todos pero aclararon que solo iban a presentar el que la justicia les pidió que es el acuerdo inicial del 13 de julio.

En su negativa, YPF también buscaba mantener la confidencialidad sobre las cancelaciones anticipadas opcionales y las obligatorias, las disposiciones generales aplicables a los pagos y a los préstamos. Muchas de las tachaduras que tiene el convenio que la compañía presentó en la justicia son de plazos que se deben cumplir. "Eso tiene que ver con que no queremos que la competencia sepa nuestros acuerdos", explicaron los funcionarios.

Chevron condicionó la firma del acuerdo para invertir en Vaca Muerta a la reforma de leyes y decretos nacionales y provinciales y a la aprobación de nuevas normas. Y esas modificaciones debían resultar de su "entera satisfacción".

Los planteos de Chevron resultaron efectivos: las "condiciones suspensivas" o "precedentes" que delineó -y que otras petroleras habían reclamado sin éxito hasta entonces- se plasmaron en el decreto 1208/13 y en la ley neuquina 2687, en el decreto presidencial 929/2013 y en la nueva ley nacional de hidrocarburos, la 27.007, que aprobó el Congreso con el declamado objetivo de alcanzar la soberanía energética.

Las condiciones de Chevron, vertidas en documentos "estrictamente confidenciales", se centran en el tiempo y las características para las concesiones, los topes máximos a las regalías que podrían cobrarle las provincias y una estabilidad tributaria absoluta para la petrolera y sus subsidiarias.

Chevron también exigió una garantía de que podría enviar dividendos al exterior -a pesar del control de cambios imperante-, como también fijar la jurisdicción extranjera para dirimir cualquier disputa con YPF. En Nueva York o en París.

El acuerdo también estableció una serie de garantías amplias que debía asumir la petrolera argentina ante posibles reclamos de terceros, por ejemplo, los tenedores de la deuda soberana argentina en default.

En el contexto de las revelaciones sobre numerosos actos de corrupción del anterior Gobierno y del vasto currículo de Chevron como corruptor, el cúmulo de concesiones del anterior Gobierno a Chevron contrarias al interés nacional exige investigar si hubo “compensaciones” en efectivo de Chevron a las autoridades gubernamentales de entonces.

La investigación debería extenderse a todas las concesiones actualmente existentes en Vaca Muerta. En la que deberían participar especialistas de distintas profesiones (ingenieros, economistas, etc.) que ofrezcan garantías de objetividad e independencia y otras personas con reconocida autoridad moral y motivadas por la defensa del interés público nacional. Garantías que no ofrecen los funcionarios públicos, los jueces que modulan los procedimientos en función de las necesidades de los gobiernos de turno, la gran mayoría de los legisladores ni los burócratas sindicales.

2) CONCESIÓN DEL YACIMIENTO PETROLÍFERO CERRO DRAGÓN HASTA EL AÑO 2047

Desde hace diez años se está investigando en los Tribunales  una denuncia promovida por  el ex senador Mario Cimadevilla por el presunto pago de sobornos que habría realizado la empresa Pan American Energy (PAE) para lograr extender hasta 2047  la concesión –que venció en 2017- de Cerro Dragón, el  mayor yacimiento petrolero argentino. Es decir prácticamente hasta el agotamiento del yacimiento.

British Petroleum, es dueña del 60% de las acciones de PAE. El resto es propiedad de la familia Bulgheroni y la empresa china Cnooc. Juntos explotan el yacimiento Cerro Dragón.

El fiscal Guillermo Marijuán solicitó que se convocara a declarar a varios funcionarios, incluida la indagatoria del ex gobernador Mario Das Neves, ahora fallecido, -por la firma de ese acuerdo con PAE en 2007- y pidió información a los Estados Unidos, incluso a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (Security Exchange Commission -SEC).

En declaraciones formuladas en 2015, Mario Cimadevilla dijo: “El contrato por la concesión de Cerro Dragón se comenzó a negociar en el gobierno de Néstor Kirchner, a través de De Vido. Cuando advirtieron que la Nación no podía firmar la extensión de la concesión porque la Constitución de 1994 establece que los recursos naturales se transfirieron a la provincias, el Gobierno hizo sancionar la denominada ´Ley Corta'. En diciembre de 2006, se trató en tiempo exprés en el Congreso y se transfirió la administración de los yacimientos a las provincias. En abril de 2007, Das Neves, entonces gobernador de Chubut envió el contrato a la Legislatura provincial, cuyos legisladores lo aprobaron, salvo cuatro que votaron en contra.  Los legisladores neuquinos que votaron a favor están siendo investigados en la causa por sobornos.

Cimadevilla remarcó que la extensión de esta concesión en el yacimiento petrolero más importante del país “se hizo sin llamar a licitación y por más de diez años -40 en total-, un período que va en contra de lo que establece la Ley de Hidrocarburos. Se habla de 300 millones de dólares de coima, 230 millones para Buenos Aires y 70 millones para la provincia”, acusó el entonces senador.

Hace algunos años escribió Fernando « Pino », Solanas:

El resultado fue que, en vez de obligar a las petroleras a cumplir las inversiones, se prolongaron las concesiones por 30 años. Fue el mayor golpe económico que sufrió la Argentina desde Menem. Hagamos la cuenta: tomando la producción actual de 230 millones de barriles anuales y el valor del crudo a una media de u$s 50 el barril y lo multiplicamos por 30 años, dan u$s 345 mil millones, a los que debe sumarse un 45 por ciento más del gas. Una descomunal transferencia de riqueza superior a los u$s 500 mil millones –sin contar que el crudo subirá en los próximos años–, más que suficiente para acabar con el crimen del hambre, la indigencia y desarrollar el país, que, en vez de obligar a las petroleras a cumplir las inversiones, se prolongaron las concesiones por 30 años. Es un recurso que le pertenece a nuestros hijos y se entregó sin necesidad: la Nación y las provincias podían recuperar los yacimientos por los incumplimientos o cuando vencieran las concesiones en 2017 y reconstruir una empresa petrolera nacional. Estos temas no pueden silenciarse: fueron y son políticas del Gobierno. Somos el único país del mundo que permite a las petroleras concentrar el ciclo total de explotación. Sin debidos controles públicos: extraen, transportan, refinan y venden. La estafa fiscal es inmensa. En minería es peor: premian las exportaciones con subsidios del 2,5 al 7 por ciento y pueden dejar fuera del país el 100 por ciento de sus ventas…

Un ejemplo de lo que habría que hacer (y no se hace):

El 15 de noviembre de 1963 el Presidente Arturo Illia (3) anuló los contratos con las empresas petroleras extranjeras. Mediante los decretos 744 y 745 los contratos fueron declarados “nulos, de nulidad absoluta, por vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación” (4).

Se le objetó a Illia que así no se aseguraba lograr el autoabastecimiento. Ahora Argentina tampoco se autoabastece en petróleo y debe importar a un costo enorme mientras los buitres transnacionales y sus socios locales instalados en Vaca Muerta y Cerro Dragón están autorizados a exportar el petróleo sin asegurar previamente el autoabastecimiento. En su exclusivo beneficio.

3) BARRICK GOLD

A fines de junio de 2010 se celebró en Toronto, Canadá, una Cumbre del G 20, donde Argentina estuvo representada por su Presidenta, Cristina Kirchner.

Ésta, al margen de la reunión oficial, asistió a una reunión organizada por el fundador de Barrick Gold, Peter Munk.

Munk y los otros ejecutivos mineros se declararon satisfechos porque la Presidenta les aseguró que "las reglas no cambiarán, y eso es muy importante para una inversión de largo plazo". Esto fue ratificado por los gobernadores presentes en la reunión: Juan Manuel Urtubey, de Salta; José Luis Gioja, de San Juan; Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Luis Beder Herrera, de La Rioja, y Walter Barrionuevo, de Jujuy. Aunque Beder Herrera había anunciado que querían negociar un porcentaje mayor de regalías para las provincias, la palabra de la Presidenta y la promesa de más inversiones sepultaron el reclamo.

En los años de la presidencia de Néstor Kirchner se construyó la mina de Veladero; un megayacimiento de oro de la empresa transnacional Barrick Gold, en la provincia de San Juan, que generó una controversia en la opinión pública por la contaminación del medio ambiente y por el excesivo consumo y la contaminación del agua y la gran cantidad de espacio utilizado para el desarrollo del proyecto. Además se abrieron minas en las provincias de Santa Cruz, Chubut, Jujuy y otras, que provocaron quejas de muchos vecinos de las poblaciones aledañas al proyecto y de organizaciones ambientalistas, por el posible daño al ambiente que podrían provocar, temiendo fundamentalmente por la contaminación del agua de los glaciares con cianuro, elemento este que se utiliza en la extracción de minerales en minas a "cielo abierto". Los gobiernos de las provincias mineras y el gobierno nacional mantuvieron en cambio una postura a favor de la explotación minera.

En 2008 el diputado Miguel Bonasso, en aquel entonces perteneciente al partido oficialista del Frente para la Victoria, impulsó la ley 26.418 de protección a los glaciares que fue aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados. Pero el 10 de noviembre de 2008, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 1837/08, a través del cual la Presidenta vetó esa ley 26.418. Este fue el primer veto total de una ley por parte de la presidenta Cristina Fernández, quien adujo que la ley excedía el alcance de las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

En 2010 se aprobó la ley 26.639 conocida como Ley de protección de glaciares, menos restrictiva para la explotación minera que la ley de 2008, vetada por la Presidenta.

Los críticos a la nueva ley señalaron que con ésta se permite a Barrick Gold seguir explotando a cielo abierto en Pascua Lama y contaminando las principales reservas de agua dulce que existen.

Una  de las principales críticas provino de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que  afirmó  que los cambios restringen el alcance de la norma y el bien jurídico tutelado, reduce las zonas donde van a regir las prohibiciones de la ley y el área de acción, estudio e intervención del Inventario Nacional de Glaciares, incorpora como Servicio Ambiental de los glaciares y del ambiente periglacial la reserva de recursos hídricos para las "actividades industriales", elimina la obligación de realizar una Evaluación Ambiental Estratégica, incorpora a las autoridades provinciales en la confección del Inventario Nacional de Glaciares, y establece plazos determinados para la realización de las Auditorías Ambientales sobre los emprendimientos actualmente en ejecución. Todo ello en beneficio de Barrick Gold y en perjuicio del interés nacional.

Con el agravante de que Barrick  Gold y otras transnacionales  mineras, además de pagar regalías bajas, declaran cantidades inferiores a la realmente extraída  y extraen minerales estratégicos y otros –que se llevan del país- que no declaran. Es decir, incurren en el delito de contrabando.  Existen, al respecto, denuncias ante algunos tribunales argentinos.

Lo pueden hacer porque se llevan del país el producto de su actividad incluso por lugares donde no hay ningún control estatal, como son algunos aeropuertos privados. (Véase: Notas e informes sobre la venta indiscriminada de tierras a extranjeros https://www.elmalvinense.com/argentina_para_los_argentinos/venta_de_tierras.htm).

En 2016 escribimos (véase en https://www.alainet.org/es/articulo/178668): « El actual Gobierno argentino dictó hace poco un decreto “flexibilizando” la ley de tierras de 2011 a fin de facilitar aún más la compra de tierras por capitalistas extranjeros. Véase también mi nota Los fusiladores de la Patagonia (http://www.redeco.com.ar/masvoces/opinion/22738-los-fusiladores-de-la-patagonia )

4) MONSANTO

El 15 de junio de 2012, en un discurso pronunciado en Nueva York en una reunión del Consejo de las Américas, la presidenta Cristina Kirchner se declaró orgullosa de negociar con Monsanto. 

(Ver: https://www.youtube.com/watch?v=N0UGR_UvcGA  )

Se trataba de una inversión de Monsanto para elaborar semillas transgénicas de maíz en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas que no se concretó en razón de la fuerte movilización popular en contra de la misma.

El resultado de esta política, que se mantiene actualmente, es que prácticamente todo el país está contaminado con el glifosato de Monsanto, el cultivo expansivo de la soja transgénica de Monsanto ha desplazado a los cultivos tradicionales y a la ganadería y ha provocado la desaparición de decenas de miles de pequeñas explotaciones rurales. Lo que se suma a los efectos altamente contaminantes de las explotaciones mineras sin controles apropiados.

Cabe la pregunta ¿tales daños están compensados en alguna medida por los beneficios económicos que reciben la Nación, las Provincias, los pueblos directamente afectados y el pueblo argentino en general?

La respuesta es obvia. Los únicos beneficiados, además de los consorcios transnacionales y sus socios locales, son quienes desde el poder político han consentido y siguen consintiendo el saqueo del patrimonio nacional.

De la explotación y el saqueo de los recursos naturales y de la explotación de los trabajadores la mayor parte del beneficio resultante se va al exterior, el país se descapitaliza y el pueblo recibe algunas migajas que no cesan de achicarse desde que se agotó la caja en 2011/2012.

Tema éste que es cuidadosamente ocultado por el actual Gobierno, continuador de las políticas nefastas del Gobierno anterior.

Y por eso descubre solo la punta del iceberg de la corrupción.

27 de agosto de 2018

Notas

(1)Vaca Muerta: ¿quiénes son los dueños del yacimiento? (https://www.lanacion.com.ar/1785554-vaca-muerta-quienes-son-los-duenos-del-yacimiento).

Para una información técnica véase: http://encyclopedie-energie.org/articles/shale-oil-y-shale-gas-en-argentina-estado-de-situaci%C3%B3n-y-prospectiva

(2)Véase, de Alejandro Olmos Gaona, YPF, LA TRANSPARENCIA MACRISTA Y LA VIOLACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO (https://www.alainet.org/es/articulo/178535 )

(3)Que dejó el Gobierno, expulsado por los militares, tan pobre como era cuando asumió la Presidencia.

(4)Decreto por el cual el Poder Ejecutivo declara nulos todos los contratos relativos a la exploración y explotación de petróleo suscriptos por YPF entre el 1 de mayo de 1958 y el 12 de octubre de 1963. 

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros, decreta: 

Artículo 1 

Declárense nulos de nulidad absoluta, por vicios de legitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación, los contratos relativos a la exploración y explotación de petróleo suscriptos por Yacimientos Petrolíferos Fiscales en el período 1 de mayo de 1958 al 12 de octubre de 1963, con las siguientes compañías: C. M. Loeb, Rhoades and Co, en la actualidad Argentina- Cities Service Development Company; Astra, Compañía Argentina de Petróleo S.A.; C.A.D.l.P.S.A. (Cía. Argentina para el Desarrollo de la Industria del Petróleo y Minerales); Continental Oil Company of Argentina: Esso S.A.P.A. - Esso Argentina Inc.; The Ohio Oil Co., en la actualidad Marathon Petroleum Argentina Litd.; Pan American Argentina Oil Co., Shell Production Company of Argentina Ltd.; Tennesse Argentina S.A.; Union OH Co. California…