Ricardo Lorenzetti fue desplazado de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia después de un largo ejercicio del poder caracterizado por la impronta política y el manejo de los tiempos para sacar los fallos y reemplazado por Carlos Rozenkrantz, un abogado de grupos empresarios y del oligopolio mediático Clarín.

También dentro de la Corte se van dirimiendo las disputas de poder del macrismo. El máximo tribunal parece virar hacia otro orden y se teme que el próximo golpe de efecto será la expedición sobre la detención de Milagro Sala, dirigente política, social e indígena, líder de la Organización Túpac Amaru, ex diputada provincial, diputada al Parlamento del Mercosur, presa política desde enero de 2016 por orden del gobierno.

Rozenkrantz está excusado de intervenir en múltiples expedientes por su actividad en el pasado como abogado. Tiene un perfil ultraconservador. Lorenzetti fue víctima de un golpe palaciego que él mismo contribuyó a crear. Su salida se venía discutiendo desde hacía meses y los tiempos se precipitaron porque en diciembre vencía su mandato.

Manifestó su decisión de continuar, pero Rosatti y Rozenkrantz le dijeron “no”, lo que él consideró una traición, tras un largo acuerdo que demoró cuatro horas, pese a que la elección no estaba en la agenda de temas de la reunión semanal de este martes.

Los medios señalan que la Acordada que designó a Rozenkrantz parecía estar redactada desde antes. La mayoría que ungió a Rozenkrantz es la misma que suscribió el “fallo Muiña”, que concedió el beneficio del dos por uno a los represores y genocidas de la dictadura cívico-militar.

El fallo de la Corte que decidió aplicar la ley 24.390, conocida como del 2x1, a los genocidas marca un cambio en la lógica del nuevo poder en el máximo tribunal. Luego de años de hegemonía de Lorenzetti como presidente de la magistratura, su lugar fue duramente cuestionado por actores políticos como la dirigente macrista Elisa Carrió y otros influyentes en el gobierno de Mauricio Macri, reflejando una disputa de poder.

“Lilita” Carrió celebró la renuncia de Lorenzetti a la presidencia de la Corte, con quien mantenía un largo enfrentamiento. “Gracias a Dios por lo que ocurrió, se acabó la impunidad y la extorsión”, manifestó y señaló que ella había trabajado para que eso sucediera. Déjenme gozar hoy, es un milagro. Yo no sé si el Presidente trabajó para esto, pero yo sí”, destacó.

Desde el entorno de Macri habían leído el fallo de la Corte sobre la coparticipación a fines de 2015 como un claro mensaje al nuevo gobierno, en una votación liderada por Lorenzetti y acompañada por Fayt y Maqueda, donde se declaraba inconstitucional la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que la administración nacional le retenía a las provincias para financiar a la ANSES, la Administración Nacional de la Seguridad Social. 

El fallo también obligaba a la Nación a pagar a las provincias beneficiadas la suma de las cantidades retraídas desde 2006, sumado a los intereses, lo que condicionaba al nuevo gobierno a sentarse a negociar con todos los gobernadores, que se sumarían a los reclamos teniendo el visto bueno de la justicia.

Representante del poder fáctico

Rosenkrantz, un abogado de 59 años, asumió como Ministro de la Corte el 22 de agosto de 2016. Antes fue rector de la elitista Universidad de San Andrés. Fue promovido junto a Horacio Rossatti para integrar el Supremo Tribunal por el propio presidente Macri, que intentó nombrarlos por decreto, pero que ante el escándalo que esto generó tuvo que pasar sus pliegos por el Senado

Su estudio jurídico representa a importantes empresas y entidades como el Grupo Clarín, YPF, Musimundo, América TV, Cablevisión, La Nación, La Rural Predio Ferial de Palermo, Carbap, McDonald’s, Quilmes e IRSAE, entre otras. Presume dentro de la Corte las mayores referencias académicas internacionales: un magíster y doctorado en la Universidad de Yale y fue profesor en la New York University, en la Richmond School of Law y en la Denver University (todas estadounidenses).

En la defensa de sus pliegos ante el Senado, el juez aseguraba “que es un momento muy particular en la historia jurídica argentina, en el que el pasado es pasado y hay que pensar en el futuro, y eso exige quizás distintas visiones o insumos”. Así explicaba sus concepciones sobre la historia argentina. Y completaba su discurso diciendo: “Yo creo que puedo aportar algunos (no todos) de esos insumos. No creo en los súperjueces”, en clara referencia a Lorenzetti.

El fallo del dos por uno fue firmado el 3 de mayo del año pasado por Rosenkrantz, Rosatti y Highton de Nolasco. Los otros dos miembros votaron en disidencia. El nuevo presidente de la Corte, insiste con su postura “revisionista” en materia de derechos humanos, y con su firma confirmó en ese momento la reducción de condena para el torturador Luis Muiña, miembro de un comando que operó en el Hospital Posadas de Haedo en 1976.

Muiña participó en uno de los casos más brutales de antisemitismo y tortura con empalamiento. Pese a los hechos probados, Rosenkrantz, buscó modificar la jurisprudencia sobre derechos humanos y el terrorismo de Estado apenas asumió.

Su designación como miembro de la Corte fue rechazada por decenas de organismos de derechos humanos, víctimas y familiares de la dictadura genocida. A comienzos de 2017, la Corte Suprema con sus dos nuevos integrantes a la cabeza, puso en duda la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Rosenkrantz y su actual secretario letrado José Elías, respecto a los crímenes de lesa humanidad, se debe tener cuidado con tomar en préstamo fallos internacionales en estos delitos y cuidarse del repudio hacia las amnistías. “Ciertas amnistías pueden ser legítimas”, “los Estados no tienen una obligación de acusar penalmente y sancionar estos crímenes sino sólo una obligación de ‘responsabilizar’, algo que no requiere necesariamente de penas”, arguyó.

De acuerdo a una investigación periodística del programa ADN, Rosenkrantz avaló la venta de activos de una empresa que debía más de 20 millones. La maniobra la dejó insolvente y le impidió cobrar a los empleados que se quedaron sin trabajo y a la Administración Federal de Recursos Públicos.

Tras el embargo, la empresa y la multinacional que era asesorada por Rosenkrantz vendieron fraudulentamente todos los bienes. Para eludir la ley, utilizaron un acta de directorio y una fecha de asamblea falsa ya que uno de los socios no se encontraba en el país. El representante legal de la contraparte era Rosenkrantz.

El próximo presidente de la Corte opina que los derechos económicos y sociales como salud, vivienda, educación, no son exigibles ante los tribunales, que “carecen del equipamiento institucional necesario para tratar con problemas de tan largo alcance y tanta dimensión como el problema de la pobreza en una sociedad”.

La tensión de Lorenzetti con Elena Highton, la única mujer dentro de la Corte, escaló a un punto sin retorno con la resolución del expediente “Schiffrin Leopoldo Héctor c/ Poder Ejecutivo Nacional", en el que se discutió la validez de una cláusula de la Constitución incorporada en 1994 por la cual los magistrados deben jubilarse después de los 75 años. A través de un amparo la magistrada logró su permanencia, lo que no fue apelado por el Poder Ejecutivo. Eso la dejó como deudora del poder.

En medio de un ajuste, recesión, grave crisis económica y social, el gobierno de Macri ajusta las tuercas del poder judicial para poder avanzar en las reformas laboral y previsional y el “disciplinamiento” de los sindicatos y movimientos sociales.

Rubén Armendáriz

Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)