El presidente electo sostuvo un encuentro con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace justo cuatro años, y con ellos hizo tres compromisos: a) crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia; b) firmar un decreto, el 1 de diciembre, con las acciones que impulsará su gobierno para que ninguna instancia obstaculice la justicia; c) el Estado mexicano aceptará la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de las Naciones Unidas.

Compromisos que a dos meses de que comience su aplicación, desatan preocupaciones, apuestas y especulaciones como que implicarán el procesamiento de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio y Salvador Cienfuegos, a pesar de que con detalle la exministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, explica a conductores de noticiarios como a Ciro Gómez Leyva, que las conclusiones de la comisión para la verdad no tendrán carácter vinculatorio, como hasta hoy no lo tuvo ninguna en otros países.

Lo principal es que los padres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, hasta 2014, expresaron la plena coincidencia con los compromisos de Andrés Manuel López Obrador y surgió un sentimiento de esperanza por la posibilidad de que el gobierno que encabezará haga todo lo necesario para alcanzar la verdad y la justicia; tal y como los oradores lo expresaron en la concentración realizada en el Zócalo capitalino, tras una marcha no exenta de las acostumbradas provocaciones de encapuchados y frente a los que ni las autoridades ni los organizadores hacen nada para expulsarlos.

Después de dos horas de sesión con 60 familiares y representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el presidente de la Comisión Nacional, Obrador externó “un reconocimiento solidario” a los padres y madres porque “son un ejemplo para todos los que luchan en México y en el mundo por la justicia, por su entrega a esta noble causa”.

Esmeralda Arozamena de Troitino (CIDH) y Jan Jarab (ONU-DH) no regatearon palabras y “festejaron los acuerdos” porque confían en que conduzcan a dar con el paradero de los jóvenes y sancionar a los responsables. “Mensaje contundente”, “hay una apertura” y “respuesta muy empática y concreta”, son juicios de ellos.

Ya en conferencia de prensa, el próximo presidente aseguró que cumplirá con toda seguridad lo que ofreció en campaña, “ayudar a aclarar todo lo sucedido en este lamentable caso… no debemos temer si se conoce la verdad… No es cierto que si se investiga y se llega a conocer la verdad –que se conozca dónde están los jóvenes y se castigue a los culpables– se van a debilitar las instituciones del Estado mexicano, eso es falso. Se debilitan si se oculta la verdad”.

Y ante la manida pregunta de “La verdad, ¿caiga quien caiga?” La respuesta del tabasqueño de Macuspana es clarísima, como para que nadie especule sobre que “los dados están cargados” en la comisión de la verdad y la justicia: “–Se va a investigar a todos –dijo”.

El esclarecimiento de la masacre y las desapariciones en Iguala, Guerrero, cometida hace cuatro años, representa para Andrés López Obrador y su futuro gobierno un desafío de primerísimo orden. Y, ciertamente, de su desempeño ante el caso depende, en gran medida, que logre preservar y hasta incrementar la credibilidad y el respaldo político y social.

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