Hace un cuarto de siglo, comenzó a circular el número 22 de Forum, el de mayor impacto y trascendencia de los publicados en forma impresa y/o digital hasta hoy, debido que contenía un síntesis súper apretada de la tesis que preparaba José Francisco Gallardo para obtener la maestría en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, bajo el título en la portada de la revista: Un ombudsman militar para México. Y en las páginas 9-14: Las necesidades de un ombudsman militar en México. Investigación que en términos académicos concluyó en junio de 2006, cuando el general obtuvo el grado de maestro con mención honorífica y desde agosto de 2010 el de posdoctor.

¿A qué obedeció que un texto académico publicado en 1992 con apenas mil 500 copias por decisión unilateral del dueño del mensuario, se transformó en un ensayo clásico de los años 90 del siglo pasado y a comienzos del XXI?

Básicamente a la cerrazón autoritaria y la carencia de sensibilidad política de los generales secretarios Antonio Riviello Bazán, con Carlos Salinas; Enrique Cervantes Aguirre, con Ernesto Zedillo; y Ricardo Vega García, con Vicente Fox.

Los dos primeros divisionarios le abrieron a Gallardo Rodríguez nueve causas penales e imputaron 27 delitos, desacataron como es uso y costumbre hasta nuestros días una resolución de amparo clave, entre otras, y lo sentenciaron en dos consejos de guerra a más 28 años de prisión, de los cuales cubrió más de ocho porque la tardía pero espléndida presión de los organismos civiles de derechos humanos –nacionales y extranjeros–, singularmente la Comisión Interamericana con su Informe 43/96, la opinión pública y publicada obligaron a Fox Quesada a emitir un decreto para su liberación. El presidente, Santiago Creel, Jorge Castañeda y Ricardo Vega maniobraron –y éste manoteó para intimidar a Mariclaire Acosta– para que todo quedara en términos de indulto (perdón). La firmeza del prisionero de conciencia los envió al fracaso.

La propuesta de la figura del ombudsman militar como una institución independiente del Ejército y del Ejecutivo –más tarde Gallardo precisó en la segunda y tercera ediciones del ensayo, reproducido por Reforma, Excélsior, Proceso y numerosas fotocopias–, que debe ser una instancia del Congreso del Unión, pero siempre quedó claro que se trata de un defensor de los derechos humanos de los civiles agraviados por elementos de las fuerzas armadas y de los integrantes de éstas atropellados por los mandos castrenses.

Lo que la sociedad mexicana, el país, pudo ahorrarse ahora que está sometida a la violencia criminal y también a la castrense; los manuales del Pentágono estadunidense con los que opera el Ejército y la Marina mexicanos siguen considerando “daños colaterales” a “las bajas civiles” desde que el ilegítimo presidente Felipe Calderón desató la guerra contra el narcotráfico para legitimarse en la Presidencia de México y pagarle a George W. Bush la costosa factura del temprano reconocimiento, pese a que el Tribunal Electoral aún no tomaba una decisión.

Del contexto del último trimestre de 1993 formaba parte el encubrimiento de la ejecución de ocho elementos de la Policía Judicial en Llano de la Víbora, Tlalixcoyan, Veracruz, baleados por la espalda, por una disputa de drogas entre el Ejército y la Procuraduría General de la República; la ejecución de cinco indígenas en Mesa de la Guitarra, Chihuahua; la participación de militares en los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo; el gobierno de Salinas padecía graves fisuras en el Grupo Compacto y era la víspera de la entrada en vigor del Tratado de Libre comercio de América del Norte, gran fiesta que echó a perder la rebelión (neo) zapatista.

En todo caso las ideas, las propuestas es imposible encarcelarlas; son para estudiarse y para debatirlas, pero la elite militar de entonces estaba acostumbrada a ser intocable (junto al presidente) y en buena medida permanece intocada e invade espacios, funciones y tareas exclusivas de los civiles.

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